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Sonora Gobierno y guardia tradicional en la M. Gabriel Hernández García Apesar de que el Artículo 180 del Código Electoral de Sonora contempla la figura del regidor étnico, definido como aquel “integrante de un ayuntamiento en los municipios donde tiene su origen y asentamientos la etnia a la que pertenece y será designado conforme a los usos y costumbres de la misma”, las tribus y naciones de ese estado no están plenamente representadas en las estructuras locales de gobierno. La apertura de los ayuntamientos para este tipo de representantes indígenas se convirtió en uno de los espacios de lucha política de los pueblos, las tribus y naciones cucapá, tohono o´odham, seris, yaquis, mayos, pimas y guarijíos en la década de los 90s. Sin embargo, pronto se hicieron sentir los intereses de los partidos políticos que se infiltraron en los procesos de elección de los regidores. Frente a este escenario algunas organizaciones, sobre todo entre los yaquis, mayos, pimas y guarijíos, decidieron conformar los llamados “concejos indígenas”, los cuales emergieron como organizaciones apartidistas y se convirtieron en una vía para canalizar las demandas indígenas, además de que empezaron a organizar las elecciones para las regidurías y a fortalecer los procesos tradicionales de elección allí donde éstos existían. Pero paulatinamente los partidos extendieron su control sobre los concejos indígenas y se apoderaron de los procesos de representatividad étnica en los ayuntamientos. Esta situación ha obligado a muchas comunidades y organizaciones a modificar sus estrategias de lucha social. En donde ya existían los gobiernos y las guardias tradicionales, como entre los yaquis y guarijíos, se desarrollan actualmente procesos de fortalecimiento de la legitimidad de dichas instancias. Además, se ha ejercido presión para que los gobiernos municipales, estatal y federal reconozcan como interlocutores legítimos a los gobernadores tradicionales en lo referente a políticas de desarrollo endógenas y externas. La reciente aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, el pasado 16 de diciembre de 2010, reconoce la existencia de las autoridades tradicionales a las que define como aquellas que los “pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales en base a sus sistemas normativos internos” (Artículo 5). Desde antes de la aprobación de esta ley, en algunas regiones del estado se ha venido gestando y fortaleciendo un proceso de construcción de gobiernos tradicionales. Un caso significativo es el de los mayos asentados en tres comunidades de pescadores ribereños de la Bahía del Tóbari, en la costa sur del estado, quienes desde hace cuatro años han realizado asambleas comunitarias, al interior de las cooperativas y en el Centro Cultural Indígena Yoreme-Mayo para el nombramiento de un gobierno tradicional yoreme. Producto de este proceso, el 17 de abril de 2010 se realizó en asamblea intercomunitaria el nombramiento del primer gobernador mayo, con su respectiva estructura militar (mejor conocida como guardia tradicional), a la manera de los yaquis y los seris. La construcción de este gobierno tradicional pretende romper con la cadena de mediaciones que han significado los partidos políticos y las organizaciones clientelares en el vínculo con el Estado y la sociedad yori (blanca o mestiza). Además, a nivel comunitario e intercomunitario, aspira a convertirse en una instancia de gobernabilidad local que opere desde los procedimientos internos de la tribu mayo para la resolución de conflictos y la impartición de justicia. El “rescate de la cultura” mayo, de la lengua, de las danzas de pascola, venado y matachines, así como de las fiestas tradicionales, será parte de las actividades del gobernador y su equipo. Afrontar la crisis ambiental de la bahía y la gestión para la restauración ecológica son otras de las misiones que el Concejo de Ancianos y las comunidades pesqueras ribereñas han encomendado al gobierno tradicional, además de la lucha por la restitución del territorio costero, marino e insular (la Isla Huivulai) que desde los años 40s el Estado le arrebató a los pescadores yoreme por medio de las políticas de irrigación y canalización para la consolidación del sistema agroindustrial de los valles del Mayo y del Yaqui. Saludamos este esfuerzo, esta apuesta de futuro de los yoreme, quienes, desde las “redes profundas de la vida cotidiana”, contribuyen a la lenta pero consistente construcción de contrahegemonía. Todo ello sin duda producirá transformaciones en la forma de ejercer el poder comunitario en un estado como el de Sonora, caracterizado por una encarnizada práctica histórica que se ha empeñado en tratar de extinguir físicamente a las tribus indias de su agreste territorio y que actualmente se materializa en el persistente desconocimiento jurídico de sus formas internas de organización política. INAH / UAM-X
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