Ciudad de México

San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca
la “ruralidad” como autoafirmación

FOTO: Roberto García Ortíz / La Jornada

Gisela Landázuri Benítez* y Kelly G. Muñoz Balcázar

Apesar de que los pueblos de Xochimilco, como Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio Atlapulco, están siendo devorados por la metrópoli, hay conocimientos, referentes identitarios y culturales que no se borran en una generación.

Si bien la descampesinización en ambos pueblos es evidente, aunque en diferente grado, se puede decir que en momentos de crisis echan mano creativamente de recursos y conocimientos heredados para apoyar la economía familiar: la producción agrícola chinampera en el caso de San Gregorio Atlapulco, la producción de dulce cristalizado en Santa Cruz Acalpixca y la producción de traspatio entre los migrantes que se han asentado en esta última localidad.

Sin embargo, los espacios agrícolas no terminan de ceder ante la ciudad y se genera un espacio de transición rural-urbano, que combina la cultura campesina con la gran diversidad que ofrece la ciudad. Y tal vez esto último sea un factor por el cual San Gregorio Atlapulco se ha convertido en un lugar de atracción para migrantes agrícolas, aunque algunos de ellos después terminen trabajando en el sector terciario.

Nos enfrentamos, entonces, a una comunidad que combina la nostalgia del espacio agrícola de antaño y grupos que tratan de rescatar el lugar histórico, con jóvenes que ya se encuentran insertos en la dinámica urbana, que estudian y trabajan en la Ciudad de México. Con grupos de originarios y de migrantes que se oponen unos a otros, que se sienten diferentes y lejanos de sus vecinos.

Santa Cruz Acalpixca revela transformaciones socio-territoriales de la misma índole. Se ha concentrado la problemática en la proliferación de asentamientos humanos irregulares; el crecimiento demográfico derivado de la migración ha provocado una distribución desigual: la población marginal se encuentra mayoritariamente en las zonas de montaña.

Así, mientras unos luchan por mantenerse en el lugar colonizado, otros buscan la forma de oponerse a este crecimiento poblacional y a la llegada de más migrantes. Pero estas medidas van en contraposición de los intereses de los originarios fraccionadores y de otros vendedores privados o de los políticos que también han metido la mano en el asunto.

Estas confrontaciones no han cambiado y siguen formando parte del día a día, pues la importancia de los espacios estratégicos, como los cerros y las montañas de Xochimilco, radica en la conservación de una gran diversidad biológica, y los originarios tienen una relación mítica y simbólica con sus alrededores.

En cuanto a las resistencias por mantener una cultura viva, en el caso de San Gregorio se identifica a dos sectores de la población que se volcaron a la producción chinampera como opción de vida. Uno es el de los jubilados. El otro es el de egresados universitarios, jóvenes que en muchos casos abandonaron los estudios y que ante el desempleo se sumaron a las labores agrícolas familiares o recuperaron chinampas abandonadas para trabajarlas. Varios de ellos estudiaron biología o agronomía, y extienden al ámbito profesional la relación con la tierra y con la naturaleza de la que habían abrevado en su familia.

Las chinampas en San Gregorio Atlapulco constituyen entonces los geosímbolos que estructuran la identidad de sus pobladores. Así, son parte de la resistencia a la urbanización en esa localidad, lo que ha contribuido a mantener ese espacio agroecológico e incluso a encontrarle nuevas potencialidades en la producción orgánica, con la recuperación de prácticas y conocimientos tradicionales. En momentos de crisis, se echa mano del patrimonio heredado.

En Santa Cruz Acalpixca continúa la invasión de asentamientos irregulares, fraccionamientos y unidades habitacionales. La zona chinampera se perdió. Sin embargo, mientras haya terrenos cultivables disponibles, hay quienes los aprovechan, como los migrantes que reproducen sus habilidades, conocimientos y prácticas rurales en el traspatio. La producción de dulces cristalizados, que también resulta de experiencias heredadas, se ha ido recuperando como una práctica social y económica frente a la crisis y la necesidad de complementar el ingreso.

Estas estrategias locales pueden ser consideradas formas de resistencia cultural, que permiten la persistencia de los pueblos originarios frente a los procesos de urbanización de los espacios rurales adyacentes a las grandes metrópolis.

De esta forma, las prácticas culturales tanto en San Gregorio como en Santa Cruz Acalpixca aún se mantienen con el paso de las generaciones, y eso les da la característica de pueblos en donde todavía existe una organización social tradicional, que a pesar del crecimiento urbano, no han perdido sus expresiones campesinas cotidianas.

*Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-X

Ciudad de México

Defensa de la tierra, defensa de la vida

FOTO: Yazmín Ortega Cortés / La Jornada

Martha Angélica Olivares Díaz

Una de las raíces de la diversidad cultural de la Ciudad de México son los pueblos originarios (PO). Descendientes de sociedades de cultura náhuatl, se caracterizan por ser colectividades históricas con una base territorial e identidades culturales diferenciadas del resto de la urbe.

En la actualidad, los PO permanecen relegados por las mayorías de la ciudad y del conjunto de la nación; sus derechos y libertades son desestimados, y persiste la renuencia a reconocer legalmente su existencia en tanto pueblos con identidades propias y con derechos colectivos.

A menudo los representantes de estos pueblos se quejan de despojo, rezago, falta de reconocimiento social, postergación en la legalización de sus tierras, expropiación y privatización de las mismas y sus recursos naturales, desconocimiento de autoridades propias, imposición de proyectos y falta de representación y de participación en los órganos administrativos del gobierno de la ciudad.

Por ello estos pueblos han generado mecanismos de resistencia, lucha e invención de formas que posibilitan la sobrevivencia de y desde los pueblos y que han direccionado y orientado sus rumbos en la ciudad.

La propiedad social de la tierra. Los PO de la Cuenca de México son los dueños de la mayor parte de las tierras rurales en el Distrito Federal, y aún hoy subsisten bajo las figuras agrarias de pueblos, ejidos y comunidades, así como de pequeñas propiedades rurales. Existen 25 mil sujetos agrarios, en donde la propiedad social asciende a 32 mil hectáreas, y se concentran principalmente en la zona rural del sur, en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras.

La resistencia y la permanencia de los originarios. Para permanecer ante el constante asedio de la urbe, los PO generan alternativas. Por ejemplo, en Xochimilco y sus pueblos de montaña –Santa Cecilia Tepetlapa, San Mateo Xalpa, San Andrés Ahuayucan y Santiago Tepalcatlalpan– varios grupos comuneros y pobladores han estado gestando, desde hace ya varios años, proyectos de fomento económico y desarrollo alternativo sustentable, como el ecoturismo y la comercialización e importación de productos oriundos o de reciente aparición (durazno, artesanías, conservas); también hacen promoción gastronómica, de las fiestas populares y religiosas de sus pueblos, de sus centros históricos o recreativos, de su arqueología, su paisaje rural y de eventos populares en general, en el marco de un ambiente sociocultural con base en sólidas tradiciones históricas, como respuesta y freno al abandono de las tierras y a la desarticulación social.

Destacan las actividades agrícolas que se realizan en los pueblos de la montaña xochimilca: la producción en terraceo de hortaliza, árboles frutales y milpa. A esto se suma la producción de la zona lacustre de Xochimilco- Tláhuac, cuyos cultivos principales son el maíz, el nopal, las flores, el forraje, el amaranto, las hortalizas y las hierbas aromáticas y medicinales, en ciertos casos con métodos y técnicas tradicionales, y en otros con tecnologías como las de invernadero, especialmente en la floricultura. Frecuentemente estas actividades no representan ganancias importantes para los productores, sobre todo cuando se trata de producción de maíz, que en buena medida se dirige al autoconsumo y a la preservación de su historia comunitaria y de la economía familiar. Su importancia radica en que tienen una implicación sociocultural para los pueblos, que posibilita la reproducción de prácticas tradicionales de profunda raíz, y representan para sus pobladores la permanencia y la vitalidad de sus culturas y sus tierras. Otro elemento en que se basa la resistencia de los PO es la defensa de la tierra y la oposición al asedio de ciertos proyectos de urbanización que no cumplen con la normatividad establecida en la materia y que destruyen y afectan la economía y la cultura de los pueblos.

En abril de 2011 representantes y habitantes de los pueblos de San Mateo Xalpa, Santiago Tepalcatlalpan, San Lucas Xochimanca, y San Andrés Ahuayucan se manifestaron en contra de la construcción del centro comercial Wal Mart en la carretera de Santiago Tepalcatlalpan. Advirtieron que éste afectaría la economía de diversos pueblos que basan su actividad productiva en la venta de cultivos como calabaza, maíz, frijol, ejotes y chícharos, que comercializan en mercados tradicionales y tianguis, con lo que la producción agrícola de la región iría en detrimento. También estimaron que la construcción de la tienda dañaría gravemente la filtración de agua al subsuelo que recarga los mantos acuíferos que le dan sustentabilidad a la ciudad.

Como se puede ver, estos pueblos han resistido gracias a que mantienen una red de interacción social, por medio de la vida religiosa y festiva como base del intercambio simbólico y cultural que les da la tierra. La red de relaciones se construye con sustento en el ciclo festivo, en su vida comunitaria, en sus formas de gobierno y sus mayordomías, que les ofrecen una base organizativa desde la cual se establecen las estrategias subjetivas, políticas y de negociación frente al embate urbano.

Estado de México Bosques de la Marquesa, en resistencia Mindahi Crescencio Bastida Muñoz y Saúl Alejandro García FOTO: Saúl Alejandro Desde mediados del siglo XX, el crecimiento urbano en el valle de Toluca, el trasvase de las aguas de su acuífero y el proceso de industrialización agravaron las condiciones socio-ecosistémicas de esta región. La situación atenta principalmente contra los bosques y los recursos hídricos, pero también contra las tradiciones de los pueblos otomíes. En todo este periodo en las comunidades del valle de Toluca, y en particular del municipio de Lerma, se ha dado una lucha intermitente por los recursos naturales. La historia que aquí narramos es tan sólo una muestra de los intereses privados y externos de quienes tienen el poder económico y político: En la comunidad de Santa María Atarasquillo, Lerma, hay una región del bosque que colinda con La Marquesa (Parque Nacional Miguel Hidalgo, decretado en 1936). Esto es cerca de la laguna de Salazar y a un lado de la comunidad La Cañada de Alférez (allí estuvo oculto al narcotraficante denominado La Barbie). En este lugar del bosque, se encuentran las tierras ejidales de Atarasquillo. Durante su mandato, una autoridad ejidal (cuyo nombre preferimos no mencionar) se adjudicó a su nombre 120 hectáreas, sin consultar al pueblo, aprovechando los títulos de propiedad que otorgó el ex presidente Salinas de Gortari en sus campañas de Solidaridad. Con el tiempo, el asunto se complicó porque esa persona vendió la tierra al grupo Santa Fe para un proyecto inmobiliario, Reserva Santa Fe, consistente en un: “plan maestro para un residencial de 500 viviendas en medio de 120 hectáreas de bosque… integramos estrategias de restauración, captura y reutilización de agua, producción de energía, producción de alimento e integración comunitaria; así como un monitoreo del desempeño ecológico del sitio buscando generar prácticas de diseño y estilo de vida en México para comunidades de bajo impacto. Estatus: comienzo construcción programado 2010”. Hay un par de detalles que son de interés público: uno: las tierras donde se pretende construir este proyecto ha sido decretada como Área Natural Protegida (según el Decreto A:202/3/001/02 del 7 de abril del 2009 de la gaceta del Gobierno del Estado de México), y dos: a pesar del “manejo sustentable”, se pretende la construcción de 500 casas, ¿de dónde saldrá el agua? Otro asunto de interés público es que en el lugar existe un sitio sagrado conocido como Nacelagua (porque ahí brota el agua), al cual, por siglos, los curanderos otomíes y las comunidades de Atarasquillo, Ameyalco, Huitzizilapan, Xochicuautla y otras comunidades otomíes y mazahuas de los municipios de Temoaya, Xonacatlán, San Felipe del Progreso y San José del Rincón, entre otros, acuden a realizar sanaciones y entregar ofrendas. En la zona existen otros lugares sagrados como el Cerro de La Campana, entre los límites de Huixquilicuan y el ejido de Atarasquillo. Ahí se venera al Divino Rostro o Señor de La Campana o del Rayo. Para acceder a este lugar, los peregrinos que vienen de diferentes lugares pasan por las tierras en donde se pretende construir Reserva Santa Fe. De concretarse el proyecto, se estaría impidiendo el paso a Nacelagua y al camino al Cerro de La Campana. ¿Se imaginan el impacto cultural y de salud de miles de visitantes que acuden a estos lugares sagrados? ¿Qué será de los curanderos y de los miles de devotos? Afortunadamente hay una acción colectiva de parte de los actores locales, que están luchando para que el proyecto no prospere. Los habitantes de Atarasquillo, por medio de sus actuales autoridades, han buscado mecanismos legales para tratar de revocar los títulos de propiedad de las 120 hectáreas, aunque es difícil solucionar esto por esa vía. También, está en proceso la lucha de los sabios curanderos, quienes por medio de la Asociación de Curanderos del Divino Rostro, buscan negociar con el consorcio Santa Fe, para que les permitan el acceso a los lugares sagrados; hasta el momento sí lo han logrado, pero con algunos problemas. La lucha aún continúa, pero aunque permitieran a los curanderos seguir accediendo al lugar, ¿bajo qué condiciones será? Si se cierra para otros, la gente de los demás pueblos ya no podrá realizar una práctica ancestral de peregrinación, que revitaliza la fe y, con ello, la salud emocional y espiritual que emana del lugar. En el fondo, no tan sólo es el lugar sagrado, sino también el manejo de los recursos naturales, porque en Nacelagua el agua volvió a brotar –desde la década de los 50s el agua se había agotado, debido a las explotaciones que se hicieron para suministrar del líquido a la Ciudad de México por medio del Sistema Lerma–. ¿En manos de quién están quedando nuestros recursos naturales colectivos? ¿Del pueblo? Creemos que no. Las luchas de los pueblos originarios por conservar sus territorios y cultura son difíciles pero no imposibles de ganar frente a un mercado voraz y un gobierno aliado del capital privado. Aun cuando se negocia con el enemigo, la lógica de los pueblos es la de luchar por sus derechos colectivos. Debemos mencionar que aún hay interés por preservar un proyecto comunitario biocultural de los pueblos originarios fincado en el buen vivir. En el caso de los curanderos otomíes, queda claro que las formas de organización son importantes: sse enfocan desde el interés de lo colectivo –los santuarios–, hasta la percepción cultural que se tiene en cuanto al bosque como espacio sagrado, inmerso en el concepto de la Madre Tierra. Sabemos que detrás de los santuarios está el bosque, cuyos beneficios son compartidos con la comunidad de Atarasquillo. Las fuerzas que de esta relación puedan surgir determinarán en los próximos meses y años la preservación o devastación de los bosques de Lerma y del patrimonio biocultural asociado, importantes no sólo para los pueblos y las comunidades de la región sino para toda la humanidad.

ILUSTRACIÓN: Miguel Ángel Sánchez / www.miguelangelsm.com

Estado de México

Atenco sigue en pie

Mayra Irasema Terrones Medina

Antes del 2001, tirar tres cuetes seguidos en San Salvador Atenco le significaba al pueblo un llamado para la organización de su vida comunitaria. Esta práctica ha sido modificada por la historia de lucha que se ha escrito. Hoy tirar tres cuetes aquí es también un llamado a la comunidad para movilizarse en torno a la defensa de sus tierras.

Es una historia conocida: en agosto de 2002 el gobierno de Vicente Fox tuvo que echar marcha atrás a 19 decretos expropiatorios que había emitido el 22 de octubre del 2001 y cuya intención era imponer la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) afectando cinco mil 390 hectáreas en 13 ejidos, así como 171 viviendas. Esos decretos generaron un movimiento social que tenía como primer bastión de lucha la defensa de la tierra, materializado en lo que se llamaría el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Los pueblos de este territorio (de los ejidos Cuautlalpan, San Bernardino, Boyeros, Huexotla, San Felipe Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panoaya, del municipio de Texcoco; Francisco I. Madero, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador Atenco, del municipio de Atenco, y Chimalhuacán, municipio del mismo nombre) lograron la derogación de los decretos expropiatorios y el proyecto del aeropuerto quedó pendiente con la firma de un acuerdo político que se dio en agosto del 2003.

Pero después de la represión que sufrieron los pueblos del municipio de Atenco en mayo de 2006 (cuando vía el operativo Control de la población, fueron detenidas más de 200 personas, sin respeto a sus derechos humanos, y más de 30 mujeres sufrieron abuso sexual), las intenciones de los distintos niveles de gobierno por ejecutar el proyecto del aeropuerto siguen vigente.

Desde hace tres años se han evidenciando las intenciones del gobierno federal (Felipe Calderón Hinojosa) y del estatal (Enrique Peña Nieto), tanto en los proyectos de desarrollo urbano promovidos conjuntamente, como en el apoyo a las empresas que están invirtiendo en la zona para la reactivación del proyecto aeroportuario por medio de la construcción de la infraestructura secundaria requerida.

En la actualidad en el FPDT se pueden ver aspectos e instrumentos cotidianos asumidos también como formas de resistencia. Un ejemplo claro es el machete que identifica y reivindica la defensa de su forma de vida. El hecho de portar como símbolo de resistencia una herramienta propia del campesino va orientando la visión desde donde se quieren reconocer los participantes del movimiento: implica mirarse ligados a la tierra, al trabajo campesino, a las costumbres y a la organización, y sobre todo asumirse como contrarios a las lógicas capitalistas inscritas en una racionalidad economicista.

Asimismo, las asambleas convocadas por el FPDT para que el pueblo en conjunto decida cuáles son los pasos a seguir representan en realidad un método de coordinación comunitaria que han utilizado por generaciones. Y una extensión de la integración comunitaria son la organización, la participación y la repartición de la comida para todos –esta última que se ha vuelto cotidiana en cada evento del FPDT, con las mujeres desde la cocina de la casa ejidal como protagonistas.

Un ejemplo más reciente se dio en marzo del año pasado, en una asamblea convocada por el comisariado ejidal de San Salvador Atenco, en donde se llamó a participar a los ejidatarios, posesionarios y avecindados para discutir, entre otros asuntos, el proyecto denominado Zona de Mitigación Ecológica del ex Lago de Texcoco que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está promoviendo.

Particularmente los funcionarios de la Conagua han hecho énfasis en el cambio de propiedad social a privada para facilitar la venta de tierras. La Comisión ha buscado la forma de acercarse a los seis ejidos inscritos en el municipio de Atenco; sin embargo, cuando se quiso dar la discusión en el ejido de San Salvador Atenco, los integrantes del FPDT naturalmente se resistieron.

Ese día, tres cuetes se tiraron al cielo; varias mujeres se organizaron para hacer tlacoyos afuera de la casa ejidal y ofrecerlos a todos los compañeros que iban a pasar horas en la asamblea ejidal; al interior de ésta se encontraban los ejidatarios que pertenecen al FPDT tomando la palabra, y afuera los pobladores que no son ejidatarios, pero que son parte del pueblo, denunciaban las artimañas de la Conagua para fomentar la venta de tierras. Esto es relevante porque en este ejido no se pueden tomar decisiones si no es por medio de la asamblea: aunque están inscritos en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), los ejidatarios no ostentan el dominio pleno de sus parcelas y por lo tanto no pueden vender sin un acuerdo en asamblea.

Desde el inicio de la asamblea se veían manos de los integrantes del FPDT arriba para participar y los representantes de la Conagua no lograron entrar siquiera; la tarea estaba hecha, pero implicó un trabajo arduo. Esas manos que se opusieron a la entrada de los funcionarios no fueron sólo de los miembros del FPDT, sino de muchos más pobladores que se movilizaron en la defensa de la tierra en el 2001 y que vuelven a salir siempre que se requiera defender la tierra.

Los atenquenses han visto modificada su cotidianidad desde que decidieron defender sus tierras en 2001 y, así como el tata Nezahualcóyotl lo hizo, han gestado una organización social y política en un territorio con una carga histórica que no es lineal. Su identidad cultural y su forma de organización comunitaria se diferencian de la visión progresista citadina por una realidad inmediata que configura y reconfigura su concepción de sí mismos.

La lógica comunitaria en que se inscriben los pueblos del municipio de Atenco es aquello que los sigue distinguiendo de la dinámica de la ciudad. La resistencia en Atenco se mantiene en pie, en “un pedacito de patria”, como dice una de las compañeras del movimiento, en donde van gestándose formas de lucha que desde la comunidad muestran la capacidad de organización que los pueblos de nuestro país tienen. Al FPDT necesariamente tendríamos que reconocerle el ejemplo de lucha que nos ha dado, sobre todo por lo que ha abonado para las nuevas estrategias de resistencia que se están gestando en nuestro país.

FOTO: Archivo Sinaloa Jornaleros: el arte de sobrevivir Jesús López Estrada El despojo y la explotación de los jornaleros es la constante en los valles agrícolas de Sinaloa. Y este año han vivido una experiencia amarga. Las fuertes heladas del 3 y 4 de febrero devastaron 460 mil hectáreas de granos, indujeron una pronta movilización de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Después de tres marchas en Culiacán, lograron un apoyo público más que aceptable, de siete mil 500 pesos por hectárea. Pero las heladas provocaron que la mayoría de los jornaleros agrícolas fueran despedidos por sus patrones en la primera semana de febrero. Para el 10 de febrero los trabajadores ya estaban de regreso en sus lugares de origen, sin recibir indemnizaciones, sin contar con la capacidad para manifestar públicamente sus demandas y sin los ahorros y alimentos que año con año logran acumular para subsistir el resto de la temporada. Enterados o no, todos los jornaleros están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros y Asalariados del Campo, Similares y Conexos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organismo que detenta el contrato colectivo de trabajo, les cobra cuotas y permite que las empresas agrícolas paguen salarios de miseria, y que no cubran aguinaldos, prima vacacional ni reparto de utilidades, todo ello, parte de los derechos laborales de los jornaleros. El dirigente del sindicato, Diego Aguilar Acuña, no expresó inconformidad alguna ni amenazó con alguna marcha o plantón para que sus representados recibieran apoyos económicos por la contingencia ambiental. Cuando el gobierno federal, por medio del Servicio Nacional del Empleo, empezó a tramitar apoyos a los jornaleros migrantes y de la sierra sinaloense, éstos ya estaban en sus lugares de origen, y no podían ser beneficiarios porque estaban fuera de los censos que realizó el Sistema Estatal de Empleo en Sinaloa. Este es un hecho que ilustra las injusticias que sufren los jornaleros, pero la explotación que sufren por parte de los agricultores de Sinaloa es algo permanente: es necesaria para la competencia en el mercado hortícola estadounidense. Por ello los jornaleros tienen que desplegar estrategias de sobrevivencia. En condiciones normales, trabajan en el campo desde septiembre hasta abril, o hasta mayo si la temporada y el precio de las hortalizas son muy buenos. En ese periodo la mayoría busca abastecerse de alimentos o ahorrar dinero para sobrevivir hasta agosto. Sus mecanismos para sobrevivir son: 1) continúan el proceso de migración al Valle de San Quintín, Baja California, a fin de seguir trabajando en la cosecha de las hortalizas, lo cual generalmente hacen los solteros y algunas familias; 2) durante la temporada de trabajo, algunos miembros de la familia realizan en los ratos libres y días de descanso actividades tales como pepenar frijol en enero y febrero, y la recolección de algunas verduras como cebolla y papa que con un adecuado tratamiento pueden conservarse en buen estado; 3) tratan de conseguir un solar ya sea invadiéndolo o comprándolo en uno de los cinturones de miseria que existen en poblados como Gabriel Leyva Solano y Guasave; 4) viven de los ahorros, además de realizar otras actividades como la pepena de maíz en de mayo y junio, para su venta o para hacer tortillas, y la captura de peces con anzuelos o redes en los canales de riego de la región, lo que les permite consumir proteína animal; 5) realizan robo “hormiga” en los campos donde trabajan, introduciendo en sus bolsas de lonche pequeñas cantidades de hortalizas como tomate, chile, calabaza y berenjena que los hijos salen a vender por las tardes; así se incrementan los ingresos de la familia; 6) retornan a sus comunidades y ejidos de origen en los municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa y Badiraguato en la región serrana para limpiar sus parcelas, que van desde media hectárea hasta tres; enseguida realizar la quema, y esperar las lluvias en los meses de junio y julio para sembrar maíz, calabazas, cacahuate, ajonjolí o marihuana. Saúl Gámez Armenta, vecino de la comunidad Gabriel Leyva Solano, Guasave, y secretario de asuntos sindicales de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Sinaloa de 1980 a 1983, fue recientemente a visitar a unos amigos a Yecorato, Choix, y ahí constató las versiones de cómo gran parte de los jornaleros siembran marihuana, aparte del maíz, ajonjolí o cacahuate. Sin dinero suficiente para instalar riego por goteo o por aspersión, los humildes campesinos improvisan con ingenio recipientes de plástico de medio galón –con etiquetas de leche Yaqui o Lala–: les hacen un hoyito en la base y de ahí empieza a gotear durante algunos días el agua en la plantita de marihuana, que de esa manera asegura el crecimiento. Comenta Saúl: “los jornaleros han resultado excluidos del programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social; le dan un manejo clientelar, ya que se carece de un padrón de los verdaderos jornaleros, dando de alta a los amigos y familiares de los dueños de las camionetas y los autobuses que trasladan a los jornaleros. Esto, con la complacencia de Manuel Izaguirre Islas, responsable del programa en el municipio de Guasave, quien sólo se concreta a decir que probemos lo que decimos, sin aceptar venir a constatar nuestras versiones con una investigación de campo, aquí en la comunidad, para que vean cómo muchos de los presuntos jornaleros nunca han agarrado un balde en el corte del tomate, o un azadón en el deshierbe. Con sólo ver sus manos limpiecitas y sin callos se darían cuenta de que tenemos la razón”. Saúl afirma que: “la señora María Florecita Quiñónez Pico, al igual que otros operadores políticos del Partido Acción Nacional en el resto de sindicaturas del municipio, utilizaron los programas de apoyo al empleo temporal, del Programa Estatal de Empleo, para dar de alta a activistas políticos que durante una semana anduvieron barriendo y limpiando calles en las cabeceras de sindicatura, para enseguida ponerlos a ayudarles en las campañas para síndicos y comisarios municipales. Aquí la apoyaron a ella para síndico y a Galdino Velázquez Soto para comisario, desvirtuaron por completo los programas de gobierno y de paso despojaron a los jornaleros agrícolas de los apoyos que se tienen bien ganados, porque sus salarios son de hambre”. Para los jornaleros sobrevivir en esta época es un verdadero arte, que requiere de imaginación, mucho esfuerzo y tenacidad.