Por la liberación de los cinco campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón presos en Chiapas se pronunciaron el intelectual Noam Chomsky; el American Indian Movement, de Estados Unidos; el escritor uruguayo Raúl Zibechi y el investigador Sergio Tischler, de Guatemala, en una declaración mundial que respaldan 55 organizaciones nacionales y 33 estadunidenses.

Allí se demanda “respeto al derecho a la libre determinación y al ejercicio de autonomía del pueblo de San Sebastián, adherente de la otra campaña”, según estipulan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de dichos pueblos y los acuerdos de San Andrés, todos firmados por el Estado mexicano.

El pronunciamiento exige respeto al derecho a uso y disfrute de sus recursos naturales que como pueblos originarios han cuidado en el transcurso de siglos, y la libertad inmediata de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Domingo García Gómez y Mariano Demeza Silvano. Finalmente, demanda el retiro inmediato de las corporaciones policiacas y militares que mantienen sitiada la zona del ejido de San Sebastián, concretamente las entradas al balneario Agua Azul, mismo que hoy es administrado por los gobiernos estatal y federal.

Suscriben estas demandas Fernanda Espinosa (Ecuador), Val Thien Tlapaltic (Filipinas), Nikolitsa Angelepulou (Grecia), Benjamin Fogel y Jared Sacks (Sudáfrica), así como centenares de personas más, en especial de México, Estados Unidos e Italia, junto con organizaciones del Estado español, Suiza, Alemania, Argentina, Francia, Austria, Eslovenia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Uruguay, Bélgica y Costa Rica. También Abahlali Base Mjondolo (Movimiento de Habitantes de Casas de Cartón) y Estudiantes por la Justicia de la Universidad Rhodes, en Sudáfrica, y Kolkata for Global Justice, en India.

La declaración sostiene: Hoy en día, el gobierno de Chiapas tiene detenidos arbitrariamente y en constante hostigamiento y amenazas a cinco ejidatarios de San Sebastián, todos inocentes de los delitos que se les acusan. Son víctimas del sistema de justicia mexicano, el cual está corrompido y obedece a la voz de los intereses de inversión nacional e internacional. Este sistema sirve para reprimir y destruir a los pueblos, organizaciones o personas que no coinciden con los intereses del gobierno neoliberal, que están causando estragos y la muerte de quienes apuestan a una vida donde los derechos humanos se vivan a plenitud.

En Chiapas, el presunto desarrollo mediante ecoturismo e infraestructura, como parte del Plan Mesoamérica, representa una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida desde los pueblos originarios, que pugnan por el reconocimiento de su autonomía, que en la práctica están ejerciendo.

Según la denuncia internacional, la región de Agua Azul, donde se localiza San Sebastián, se ha convertido en el ejemplo claro de que los gobiernos estatal y federal ejercen toda la fuerza del Estado para el despojo del territorio de los pueblos indígenas.