La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Snap) dijo tener pocas expectativas de que la carta circular emitida por el Vaticano, tendiente a generar planes para prevenir la pederastia clerical, rinda frutos, sobre todo que se lleve a la justicia civil a todos los religiosos –independientemente de su jerarquía– que han sido señalados como abusadores, y menos que, de ser encontrados culpables, sean castigados.

Joaquín Aguilar Méndez, director de Snap México, señaló en entrevista que en años recientes las jerarquías eclesiásticas han hecho caso omiso de muchas recomendaciones papales en esta materia, e indicó que aunque en esta ocasión se ordenó a las conferencias episcopales del mundo elaborar líneas guías para prevenir el delito, tendrá que verse si se apegan a lo que manda el Vaticano o bien que haya voluntad para cumplirlas, si es que se diseñan conforme al documento.

Aguilar Méndez, quien fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera en el año 1995, comentó que si se hace efectiva la cooperación con las autoridades civiles que exige el Papa, ello debería verse reflejado en la entrega a la justicia civil de dicho cura, sobre el cual pesan 21 órdenes de aprehensión, algunas de ellas por violación.

Son acciones que dicen que quieren emprender, pero lamentablemente son frases vacías, queremos ver que se actúe; no nada más que se diga. Pero además el Papa dice una cosa y las autoridades eclesiásticas hacen otra. Entonces solamente viendo que realmente se acaten esas órdenes y las pongan a funcionar nos podremos dar cuenta de que de veras habrá un cambio, porque ésa es la única manera que la Iglesia puede salir de esta situación, pero sobre todo entregando a todos los involucrados en esto, sean cardenales o no. La verdad dudo que cambien las cosas, porque lo que ha ocurrido los últimos años es que hacen caso omiso y siguen con sus prácticas de solapamiento.

En entrevista aparte Minerva Santamaría, coordinadora del área de jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir, indicó que el documento parece un avance, pero va a ser insuficiente sólo generar esos lineamientos; se tiene que ir más allá, tiene que haber castigo desde el ámbito civil, y añadió que se corre el riesgo de que las líneas guías para abordar el problema sean con base en juicios muy personales de los obispos.

Resaltó que si no hay un verdadero compromiso por escrito de cooperar con la justicia civil, entregando a los sacerdotes señalados como pederastas, las buenas intenciones se quedarán en el papel, y confió en que sobre todo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) diseñe lineamientos consistentes, claros y objetivos y no que elaboren algo “sencillo o light”. Indicó que los criterios deben condenar abiertamente las prácticas en que ha incurrido la Iglesia católica respecto a cambiar a los sacerdotes pederastas de diócesis, de parroquias o incluso de país.

Apuntó que también sería importante que los lineamientos que diseñe la CEM se hagan públicos a fin de que las organizaciones civiles tengan conocimiento de lo que acordaron los obispos, y las directrices sólo se queden entre ellos.