El Instituto Nacional de Migración (INM) aplicará una segunda depuración para cesar a 350 agentes y demás personal administrativo y operacional presuntamente involucrado en actos de corrupción.

En las próximas semanas el personal referido (de una plantilla total cercana a los 5 mil empleados) será puesto a disposición de autoridades administrativas, y en su caso penales, porque se considera que en este proceso de limpia debe tener un papel fundamental la investigación de los órganos de inteligencia.

Las acusaciones van desde pedir o aceptar dinero a cambio de diversas gestiones, hasta ser cómplices de redes de tráfico de personas y secuestros, segunda fuente de ingresos para la delincuencia organizada. Sin embargo, será hasta una tercera fase cuando las indagatorias alcancen a los altos funcionarios del INM, como última alternativa –dentro del esquema actual– para limpiar a este organismo encargado de aplicar la política migratoria.

“Es decir, si vamos a mover a una persona que ya tiene señalamientos y está siendo investigada por el órgano interno de control o por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pues a ese señor no lo podemos rotar porque a donde lo mandemos va a seguir haciendo de las suyas.

Es la manzana podrida que si se va con otras las va a echar a perder. Por tanto, lo que necesitamos es eliminar a esos elementos, advirtió el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, quien aclaró que la rotación de personal, anunciada el domingo pasado, será antecedida por la referida depuración.

El mes pasado, las acusaciones de un grupo de centroamericanos cimbró las estructuras del gobierno federal y obligó a delinear un programa de limpia, pese a que las acusaciones de irregularidades en contra de los migrantes son tan antiguas como el propio INM, constituido el 19 de octubre de 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.   

Los indocumentados revelaron que agentes migratorios los vendieron a bandas de delincuentes, con el montaje de falsos operativos oficiales. Por estos hechos, seis agentes son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y uno más continúa prófugo.

La primera depuración consistió en el despido de 200 trabajadores del INM, de los cuales –según el recuento oficial– 40 enfrentan demandas administrativas –inhabilitación– y otros enfrentan procesos penales por tráfico de personas.

La semana pasada, siete titulares de delegaciones estatales del instituto fueron relevados y hasta ahora se encuentran libres supuestamente porque su cese sólo obedeció a una rotación de mandos.

“Estamos haciendo un segundo esfuerzo –añadió Beltrán del Río– que sería de aproximadamente, según las investigaciones que tenemos, de cerca de 350 personas, adicionales a los 200 que ya comenté”.

Tras largas reuniones con el secretario de Gobernación y sus asesores, así como integrantes del Consejo de Seguridad Nacional (Defensa Nacional, Marina, PGR, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Secretaría de Seguridad Pública), el comisionado del INM asegura que es fundamental un trabajo conjunto para ubicar a las bandas que están corrompiendo lo mismo a elementos del instituto que de otras dependencias.

El comisionado Beltrán del Río reconoció que el INM tiene elementos negativos, focos rojos y problemas vinculados con la corrupción en algunas delegaciones y puntos de internación, como aeropuertos o garitas en la frontera sur, donde se requiere llevar a cabo un gran esfuerzo de depuración.

Sin embargo, de la misma forma en que lo mencionó hace algunos días el secretario de Gobernación, José Francisco Blake,  insistió en que el organismo no es una institución de criminales, porque la mayoría de sus empleados son honestos y comedidos con los derechos de los extranjeros.

Entre las 350 personas que serán separadas de sus cargos, hay algunas que de inmediato serán inhabilitadas y, si fuera el caso, la PGR podría procesar a los funcionarios por delitos de orden federal o cometidos por servidores públicos.