El sacerdote Alejandro Solalinde aseguró: ¿Cómo es posible que si el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, conocía la información de que 200 servidores de esa dependencia habían sido cesados y que a 40 de ellos se les inició proceso penal por faltas graves en que incurrieron, se haya atrevido a afirmar en abril pasado, en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, que en México no hay corrupción ni impunidad, y que el organismo que preside pasa todos los controles de confianza.

Claro, abundó el religioso, él sabía que mentía. Nosotros dimos allá nuestra visión y documentamos casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, incluso secuestros.

Solalinde cuestionó: ¿Cómo le voy a creer al comisionado? ¿Cómo espera que sea tomado en serio, si muchos atestiguamos lo que dijo en la ONU, y desde entonces sabíamos que no era verdad?

El gobierno, aseveró, “sabe que lo que anunció son medidas cosméticas. El INM es indispensable para cumplir los acuerdos del Plan Mérida, por eso lo mantienen, pero no está al servicio de los derechos humanos de los migrantes.

Esto es una contradicción. No que el INM pasaba todos los controles de confianza, abundó el también director del albergue para migrantes Hermanos en el camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, y desde el cual ha denunciado las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por militares, policías federales, estatales y municipales, por ediles, funcionarios y agentes del INM, y las complicidades de autoridades con el crimen organizado.

Esta revelación oficial de agentes de migración coludidos con el crimen organizado en el tráfico de indocumentados, añadió,nos debe llevar a una reflexión más profunda y clara: el INM ya no sirve, ya no funciona, pero lo mantienen porque es un instrumento para poder cumplir con los estadunidenses en cuanto al Plan Mérida.

Precisó: esa revelación oficial de la participación de funcionarios del INM en el secuestro de migrantes y su venta a narcotraficantes no es nada nuevo, porque esto ya había sido denunciado desde hace años por las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los migrantes, y también lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2009.

Recordó Solalinde: “Yo platicaba con la anterior comisionada del INM, Cecilia Romero, y con María Mercedes Gómez Mont, que fue delegada del INM en Oaxaca, y ahora está en Chiapas, sobre el problema de los secuestros y otras violaciones a derechos humanos; por cierto, las dos hablan el mismo lenguaje, y me decían que México debe cumplir fielmente con Estados Unidos su compromiso.

“Les pregunté, ‘¿qué Estados Unidos manda sobre el INM?’, y me respondieron, ‘no sólo en esa institución’”, aseguró Solalinde.

El sacerdote acusó: ¿por qué hasta ahora actúan, si yo desde 2007, cuando Francisco Ramírez Acuña era secretario de Gobernación, le hice llegar un informe de secuestros de migrantes, y le dije que estaba implicado un presidente municipal y el gobernador Ulises Ruiz?

En respuesta, abundó, en Semana Santa de ese año Ramírez Acuña me mandó decir que no iban a hacer nada porque el gobierno federal necesita del PRI y pactó con ese partido no tocar Oaxaca. Se negoció y adiós justicia.

Luego, refirió, en 2009 se le avisó a Gobernación “lo que estaba pasando en Veracruz con el INM y los migrantes, y no actuaron. Ahorita que están moviendo gente, a María Mercedes Gómez Mont no la cambiaron, porque es el soporte más importante para el Plan Mérida. Cuando estuvo en Oaxaca hizo operativos tremendos, movió todo: militares, marinos, policías federales, para no dejar pasar centroamericanos. No les importan los derechos humanos ni los migrantes; les importa quedar bien con Estados Unidos”.

Fabienne Venet, fundadora de Sin Fronteras y actualmente presidenta del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedin), con más de 18 años de trabajo sobre migrantes y refugiados, dijo: Estas medidas no son suficientes; hay que hacer una limpia muy seria en el INM.