Buenos Aires, 16 de mayo. En una serie de pasos dados por el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner para la consolidación institucional, a la que se comprometió al asumir el gobierno en diciembre de 2007, su administración rechazó diez préstamos de la pasada dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, ante el Club de París, en negociaciones de la deuda.

“El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional en un arreglo negociado por el ministro de Economía, Amado Boudou, y la disputa final fue por diez préstamos por más de cien millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar, y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando, señala el analista Roberto Navarro.

Además se logró negociar una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación, sin aceptar la inclusión del Fondo Monetario Internacional, ni el menú preestablecido y presentando una propuesta propia, se destaca aquí.

En consonancia con estas actuaciones, Fernández de Kirchner afirmó en su reciente y comentado discurso, que no aceptará ni explotación ni extorsión por parte de los sectores en conflicto, después de haber pedido anteriormente armonía y equilibrio para mantener los avances logrados en el país desde 2003, y que produjeron fuertes cambios económicos y sociales.

El periodista y escritor Horacio Verbistky analizó que la presidenta marcó precisamente esta primacía de lo político sobre intereses corporativos, ya se trate de las fuerzas armadas, la jerarquía eclesiástica, la policía, la Justicia, las cámaras patronales de la ciudad o del campo o, ahora, los sindicatos. Aunque la oposición política o mediática no pueda reconocerlo, Cristina fue consecuente con la promesa de mayor calidad institucional que, según Néstor Kirchner, implicaría su mandato.

Al interpretar el discurso presidencial, Verbitsky añadió que Cristina dijo que su gobierno no es neutral porque está del lado de los trabajadores, y tiene resto político para respaldar sus palabras con actos. También rescató la “reivindicación de la política y de la figura presidencial, que llegó a su máxima devaluación hace diez años - en diciembre de 2001-.

Aclaró además la importancia de la mediación del Estado no sólo para evitar que la representación gremial, siempre el polo más débil de la relación a proteger, resulte disminuida en sus derechos, sino abriendo camino a los más desprotegidos en el sistema.

Verbistky recordó que la presidenta atribuyó prácticas de extorsión a dirigentes de los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios y que una organización sindical que sólo se preocupa por sus afiliados, aunque para ello deba perjudicar al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación.

De acuerdo al analista, estas palabras respondían a actitudes recientes donde por peleas internas sindicales de personal jerárquico, se ha llegado hace días a paralizar vuelos internacionales, a que la Asociación Docente de Santa Cruz en huelga pidiera el 50 por ciento de aumento o a que sectores sindicales petroleros hagan paros constantemente; en ambos casos son los trabajadores mejor pagados de todo el país, que evidencian su interés por mantener el conflicto como sea.

Un ejemplo es la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra), alineada en la agrupación gremial CGT Azul y Blanca, que responde al ex presidente Eduardo Duhalde, y también ligados a la derechista Propuesta Republicana, que impidió el acceso de camiones a importantes refinerías,desabasteciendo las rutas terrestres y aéreas, sin justificación sindical alguna.

Por otra parte, se conoció aquí que la Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad ya identificó a 270 trabajadores -de una larga lista- que, cuando fueron secuestrados o asesinados, trabajaban en la ex telefónica ENTel, en la compañía estatal eléctrica Segba, en Obras Sanitarias y otras empresas estatales.

Empezamos a recuperar los legajos de los trabajadores y contenían injusticias increíbles. El Estado terrorista era el asesino y además el empleador. Tenemos compañeros a los que detuvieron camino a la empresa, otros a los que desaparecieron en las oficinas, y los restantes que eran dados de baja y secuestrados después, dicen los jóvenes que investigan esta temática para reparar y hacer justicia.