La iniciativa del gobierno capitalino para crear la ley del sistema de protección social del Distrito Federal es, en muchos aspectos, contradictoria con el Programa de Derechos Humanos y con la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, los cuales fueron suscritos formalmente por el Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, considera el organismo público Evalúa DF en la opinión técnica que a petición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) elaboró y entregó ayer.

El texto, de 42 cuartillas, detalla que en el término restringido de protección social, la iniciativa se encuentra por debajo de lo que los organismos internacionales están discutiendo respecto al tema de los derechos sociales.

Detalla que la mencionada propuesta del GDF no se sitúa en la perspectiva de la garantía de los derechos, sino del ofrecimiento de una plataforma de beneficios, con los cuales pretende lograr objetivos tan ambiciosos como impulsar el desarrollo, combatir la discriminación, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad social, los cuales, en todo caso, podrán mejorar derivados no de una serie de beneficios, sino de un conjunto de políticas con un diseño integral y con base en el goce efectivo de los derechos.

Incluso, se precisa en el documento –firmado por el director general de Evalúa DF, Pablo Yanes Rizo– que esa iniciativa no hace mención alguna a asuntos tan relevantes, incluidos en la Ley de Desarrollo Social, como el cumplimiento de la responsabilidad social del Estado.

En la parte final de la opinión técnica, el Evalúa DF resalta que cualquier modificación legislativa de gran calado a la política social de esta ciudad debe ser producto de un análisis pausado, exhaustivo, público y participativo en el que se ponga por encima de cualquier otro interés la profundización del desarrollo social de la ciudad, desde una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía.

Considera el organismo que una modificación como la propuesta no puede llevarse a cabo en un periodo extraordinario, sino que requiere de un proceso sostenido y organizado de debate y consulta pública.