El Consejo de la Judicatura Federal dará entrada a una denuncia de hechos para investigar a los abogados Daniel Cabeza de Vaca y César Jáuregui Robles, quienes como consejeros de ésta realizan cabildeo ilícito o gestión espuria en negocios judiciales en el seno de la institución para favorecer a la trasnacional Sempra Energy.

Ramón Sánchez Ritchie, propietario de un terreno en Ensenada que le fue arrebatado por autoridades del gobierno de Baja California para autorizar la construcción de la planta regasificadora Costa Azul, recurrió a la Judicatura para quejarse de la presión que dichos abogados panistas (Cabeza de Vaca, procurador general de la República con Vicente Fox, y Jáuregui, ex senador por el blanquiazul) ejercen para sacar del estado el proceso contra Sempra. Pretenden llevarlo a Chihuahua, porque las resoluciones judiciales más importantes han resultado adversas a la trasnacional.

En el texto de la queja –presentado el viernes pasado por los abogados de Sánchez Ritchie, Juan Manuel Chig y Alberto Isaac Sánchez– se documenta la intervención de Antonio Lozano Gracia (también ex procurador general de la República, panista), socio de Diego Fernández de Cevallos y Cabeza de Vaca.

“Es de advertirse que Lozano Gracia, a partir de marzo de 2011, no ha dejado de insistir, a grado tal de intimidar y amenazar a nuestro representado, Sánchez Ritchie, para que se desista del amparo, del cual conoce el juzgado décimo primero de distrito de la ciudad de Ensenada y ha llegado a entrevistarse telefónicamente con familiares y amigos de nuestro representado. Al no obtener resultado favorable recurrió a tácticas propias de la delincuencia organizada, porque amenazó con que para poder vivir tranquilo era necesario que se desistiera del amparo.

“Estas amenazas quedan documentadas porque el 9 de marzo de este año (2011) se renvió un correo electrónico a familiares de Sánchez Ritchie, por el mail [email protected], que se lo había enviado en la misma fecha Antonio Lozano Gracia, [email protected], amenazándolos con que más vale que se desistan del amparo para poder ayudarlos.

“En el correo se lee lo siguiente: ‘Después de la junta me jaló Lozano y dijo que desistirnos era por nuestro beneficio. Me dio argumentos y comentó que ayer estuvo el presidente de Sempra con él. Que de buena manera nos ayudarían, pero que sí traen la consigna de chingarte junto con el oriental y el alcalde por todo el daño causado’ (sic).

El señalamiento en el correo al alcalde se refiere a Enrique Pelayo Torres, presidente municipal de Ensenada, Baja California. Se adjunta como prueba la impresión del correo y con ello se acredita la conducta intimidante y represora del defensor de los intereses de Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy, Antonio Lozano Gracia.

La denuncia exige que, “debido a todos estos argumentos, se inicie la investigación contra los consejeros señalados por la vulneración diaria con sus actitudes del estado de derecho y por su intromisión en la debida administración de justicia en los tribunales federales del décimo quinto circuito… solicitando desde ahora que se exhorte a los consejeros Cabeza de Vaca y Jáuregui Robles que se abstengan de intervenir en los asuntos a que se refiera esta queja”.

El documento señala que tanto Cabeza de Vaca como Jáuregui elaboraron una estrategia de descrédito contra el juez de la causa:

“Perversamente, con base en una supuesta queja contra el juez décimo de distrito, aunado coincidentemente con una publicación en el periódico El Vigía de Ensenada, en el que funcionarios de Sempra se quejan de diversas resoluciones del citado juzgador y lo difaman porque dolosamente lo exponen públicamente al comunicar un hecho del juez en Hermosillo, Sonora, en el que lo involucran con el supuesto manejo de un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes y lógico es que lo expusieron al descrédito y lo perjudicaron, además de su investidura pública como miembro del Poder Judicial de la Federación.

“Artimañas que denotan carencia de argumentos jurídicos en la contienda por Sempra Energy y sus asesores legales, lo que obligó a declararse impedido para conocer del amparo promovido por nuestro representado, que una vez ventilada la cuestión de la declinación de la competencia se turnó para su conocimiento al juez décimo primero de distrito de Ensenada (expediente actual 627/2010), funcionario judicial que ha expresado que en diversas ocasiones el consejero Cabeza de Vaca le ha llamado para recomendar el asunto en favor de Energía Costa Azul.

Asimismo, ha expresado dicho juzgador que esto se origina por la relación cercana de los licenciados Antonio Lozano y Armando Salinas Torre (ex presidente de la Cámara de Diputados federal) con los consejeros aquí denunciados. Asimismo, es del dominio público su relación con los consejeros Cabeza de Vaca y Jáuregui, llegando ésta a los términos de corrupción en su relación para estar influyendo en el seguimiento de los asuntos surgidos en el conflicto entre Sempra y nuestro representado para favorecer a Energía Costa Azul.

A la fecha el proceso se ha radicado en el juzgado décimo primero de distrito y en el segundo tribunal colegiado del décimo quinto circuito, donde Sempra ha perdido los recursos que ha iniciado. Por eso Antonio Lozano y Armando Salinas Torre, así como los consejeros Daniel Cabeza de Vaca y César Jáuregui, ya que a ellos les interesa que todos los asuntos se radiquen en el tercer tribunal colegiado de este circuito y a la fecha han presentado impedimentos respecto de las quejas citadas sin argumentos jurídicos porque aportan una serie de hechos falsos e infundios insultantes en contra de los integrantes del segundo colegiado del décimo quinto circuito como también del ciudadano juez décimo de distrito y la finalidad es crear en ellos animadversión para lograr su objetivo, que dejen de conocer los asuntos derivados del conflicto entre Sempra Energy y su filial en contra de nuestro representado y el vigésimo ayuntamiento de Ensenada.