Los siete delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) que fueron destituidos el jueves pasado se encuentran libres. Hasta el momento sólo uno, el de Veracruz, tiene denuncias en puerta, pero únicamente por irregularidades administrativas.

El órgano interno de control del INM comenzará un escrutinio de los ex delegados en el contexto del proceso entrega-recepción de despacho. Es decir, por ahora ningún alto funcionario del INM ha sido señalado como presunto responsable de delito.

Luego de que migrantes revelaron que agentes del INM los entregaban a criminales (seis están bajo arraigo de la PGR y uno sigue prófugo), continúan las indagatorias y es muy probable que la lista de coludidos con secuestradores crezca. Los agentes son personal de base, no de mando.

El objetivo es indagar de qué tamaño es la cadena de corrupción y aplicar mecanismos de rotación de personal y profundos controles de confianza, informaron fuentes oficiales.

Hoy, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, dará a conocer la restructuración del organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tres días después de que se anunció el relevo de los titulares en las delegaciones de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo. Las seis primeras entidades son las rutas más transitadas por migrantes en su camino hacia Estados Unidos.

Las acciones incluyen operativos en frontera sur y en la llamada ruta del migrante.

En tanto, el responsable de la política interna, Francisco Blake, estará en la frontera sur de miércoles a sábado próximos. Con una campaña en los medios de comunicación, el gobierno federal pretende fijar el mensaje de que habrá limpia a fondo y que el secretario de Gobernación tomará el control del sector.

El año pasado, tras el hallazgo de 72 migrantes asesinados en un rancho de Tamaulipas, renunció al cargo la entonces comisionada del INM, Cecilia Romero, hoy secretaria general del PAN.

Organizaciones civiles y representaciones diplomáticas denunciaron el incremento de secuestros de migrantes, en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado desde 2008 esta problemática, que deriva en historias de agresión y muerte de indocumentados durante su paso por México.

Sin embargo, pese a los casos de agresión y de la reciente denuncia de la presunta complicidad de agentes que vendieron a migrantes, no ha sido destituido ningún funcionario de alto nivel.

En el INM se afirma que desde hace seis meses trabajan en esas indagatorias y en el plan para rotar a los delegados, con base en los diagnósticos de instancias de seguridad nacional. No obstante, el denominado fortalecimiento institucional y transparencia del organismo se anunció el jueves, luego de las denuncias penales por complicidad de los agentes.

Políticas de seguridad contra migrantes

Un estudio de El Colegio de la Frontera Norte, titulado Las políticas de seguridad en México y la vulnerabilidad a migrantes: impactos y recomendaciones, advirtió que la política restrictiva de migración, tanto de Estados Unidos como de México, crea oportunidades de lucro para las bandas delictivas, así como para autoridades asociadas en actos de corrupción. Desde hace cinco meses dejó en claro que había una tendencia de corrupción e impunidad en el INM.

Esta institución subrayó que el combate al narcotráfico se considera factor adicional para mantener o aumentar la discrecionalidad de las autoridades en detrimento de los migrantes, es decir, con estos argumentos se refuerza el control fronterizo y la participación de las corporaciones policiacas, especialmente en actividades como retenes y detenciones de verificación migratoria.

En esta política, si bien legal, existen antecedentes de que en dichos procesos de verificación se han presentado detenciones ilegales y extorsiones, las cuales vulneran los derechos humanos de los indocumentados tanto nacionales como extranjeros, señaló en enero pasado este colegio.

En un amplio documento alertó sobre las tendencias de agravamiento y riesgo de la seguridad de los migrantes, en el contexto de una mayor militarización en el país, bajo el argumento de que estas medidas son necesarias en el marco de la estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada.

Destacó el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el secuestro de 50 procedentes de Oaxaca.

Ante ello hizo recomendaciones no sólo en materia de legislación, sino de programas para el respeto a los derechos humanos y, en particular, promover incentivos para disminuir la corrupción e impunidad en el INM. Por ello puso énfasis en la necesidad de establecer protocolos claros en materia de verificación y control migratorio, en especial para que los reportes de los agentes fueran por escrito.

En tanto, otro estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Nuevo León también advirtió sobre la problemática relacionada con los puntos de internación terrestre, cuya vulnerabilidad deriva en un trabajo ineficiente de verificación migratoria.

Lo que las autoridades califican de porosidad, los estudios académicos la definen como falta de funcionalidad, en principio por la insuficiencia de instalaciones para atender a los miles de migrantes que recorren el territorio nacional. También hay deficiencias en los ingresos vía aérea, debido a la falta de personal e información.

La universidad recomendó en el Programa anual de evaluación 2010 diversos mecanismos para mejorar la verificación y, de igual forma, depurar y capacitar a los agentes y demás personal migratorio.