El especialista en temas sociales Julio Boltvinik considera que la iniciativa de ley de protección social que promueve el gobierno capitalino no es lógica ni eficiente, y su aprobación significaría una regresión de la política social en el Distrito Federal, considerada como una de las más avanzadas por encaminarse hacia al modelo universalista.

En entrevista, el doctor en ciencias sociales y maestro en economía explicó que derechos ya establecidos por ley como el de la pensión alimentaria o el de acceso a medicamentos y servicios médicos gratuitos, entre otros, se convierten en beneficios o apoyos que serían aplicados a voluntad del gobernante en turno.

Adelanta que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalua), del cual es integrante, hará observaciones a esta iniciativa a petición de la Asamblea Legislativa, y promoverá un foro a fin de que no se apruebe fast track y, en su lugar, se debata y se propongan alternativas para reorganizar la política social de la ciudad.

El analista de temas sociales señala que con esta propuesta, en la que se enumera la aplicación de 39 programas, divididos en nueve ejes temáticos, el gobierno capitalino da un paso para alejarse del modelo universalista que había prevalecido, por lo menos, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Prácticamente, añade el especialista y colaborador de este diario, en todos los programas sociales ya no se habla de derechos o derechohabientes, sino simplemente de beneficios y beneficiarios, y con eso, dicen, se blindan los programas, pero no es cierto.

A manera de ejemplo, destaca el caso de la pensión alimentaria dirigida a adultos mayores de 68 años. El asunto es que se abroga este derecho y se convierte en programa, sin que se incluya la obligación del gobierno capitalino de que en el presupuesto de egresos que envía a la Asamblea Legislativa se establezcan los recursos necesarios, lo que en la práctica llevaría a que se congelen o se reduzcan los fondos.

En suma, subraya, abrogar este derecho es ir hacia un mecanismo similar al que se aplica a escala federal, donde es la voluntad del gobierno el que decide a quienes atiende y con cuanto. Con ello, apunta, se corre el riesgo de hacer un uso clientelar de los programas.Ya no son todos, sino los que yo decido, refiere.

Boltvinik también advierte que la aprobación de la iniciativa de ley de protección social haría totalmente inoperante a la Ley de Desarrollo Social, excluye a las delegaciones del consejo rector y desmantela a la Secretaría de Desarrollo Social, lo que calificó de vergüenza.

A lo mejor, aventura a interpretar, se intenta proteger programas como el de Prepa Sí y el del Seguro de Desempleo, innovaciones importantes en la actual administración, y se busca resolver algunas cuestiones prácticas de la política social, pero todo se puede solucionar sin ningún problema con la Ley de Desarrollo Social.

El académico del Colegio de México señala que, por eso, en el foro que Evalua pretende realizar los días 23 y 24 de mayo se busca que haya oportunidad de debatir y plantear alternativas.

Que las cosas no se hagan al vapor, apunta, al recomendar que la aprobación de la iniciativa se posponga hasta el periodo ordinario de septiembre.