El diagnóstico de Amnistía Internacional (AI) sobre la violación a derechos humanos en México hará mucho más difícil al gobierno federal lavarse la cara ante la comunidad internacional, y con ello negar el impacto que su estrategia de seguridad pública contra el crimen organizado causa en la población civil, afirmaron especialistas universitarios.

En tanto, defensores de derechos humanos indicaron que el reporte de AI confirma una vez más que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón no estuvo bien planteada ni tiene objetivos claros a corto, mediano y largo plazos.

Luego de que el organismo internacional dio a conocer su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo 2011, en el cual revela que las policías y el Ejército desplegados en el combate al narcotráfico en México son responsables de graves quebrantos, Manuel Canto Chac, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que uno de los aspectos más relevantes del informe es constatar el grado de impunidad y distorsión de los hechos en que incurren las fuerzas del orden en su lucha contra la delincuencia organizada.

A través de AI, agregó el especialista en movimientos sociales, derechos humanos y religión, se conocerá en el mundo que nuestros cuerpos de seguridad son responsables de homicidios, desapariciones forzadas, tortura y toda clase de abusos, pero también de que hay una muy preocupante orientación a tratar de distorsionar los hechos, para después negarlos.

José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, aseguró que ante la escalada de violencia que impera en el país, pareciera incluso que el análisis de la organización internacional se ha quedado corto, ante hechos como 15 mil muertos y más de mil 600 quejas contra elementos del Ejército y policías.

Alertó contra la estrategia de simulación del gobierno federal, no sólo en situaciones de violencia directa contra la ciudadanía, sino en casos como el de los campesinos ecologistas, el del campo algodonero en Juárez y el de Rosendo Radilla, que desde hace años denuncian las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, pero el poder de cabildeo del gobierno mexicano es enorme, incluso en intentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que los resultados del informe 2011 de AI confirman una vez más que la estrategia de seguridad de Calderón no estuvo bien planteada ni tiene objetivos claros.

Estas advertencias, recordó, se han formulado desde hace varios años, y tendrían que llevar al gobierno a hacer una evaluación seria sobre su táctica, dialogar con especialistas y organismos de la sociedad civil para escuchar sus críticas, y por tanto a modificar sus acciones, lo que implicaría sacar al Ejército de las calles en un plazo bien definido.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo compartir la preocupación de AI con respecto al fracaso del proyecto de seguridad de Calderón, que ha dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos.

Al responder a las críticas con evasivas, e insistir en que el único camino a seguir es el suyo, el gobierno continúa reproduciendo fenómenos alarmantes, como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en vez de atender los reclamos de la ciudadanía, que pide un modelo de seguridad con un enfoque de desarrollo social.