sta semana el titular del Ejecutivo federal fue galardonado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el galardón de Campeones de la Tierra, en el rubro de liderazgo político. El PNUMA ha señalado que dicho reconocimiento se le otorgó en razón de las políticas que ha instrumentado su gobierno en favor del medio ambiente y la biodiversidad, así como por su destacada labor internacional para impulsar el combate al cambio climático.

Sin embargo cabe señalar que el gobierno mexicano no sale bien librado al hacer una evaluación desde la perspectiva del derecho humano a un medio ambiente sano, pues el mencionado liderazgo político no se refleja de manera concreta en las políticas públicas que en la materia se diseñan e implementan, ni en las que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad. Prueba de ello son las afectaciones en infraestructura, patrimonio, recursos y vidas que, a causa de los desastres naturales, año con año se suceden en todo el país, debido a la temporada de lluvias que, dicho sea de paso, ya no tarda en empezar.

Un caso que debe hacerse del conocimiento público es el que documenta el Comité de Derechos Humanos de Comalcalco (Codehuco), en Tabasco. En su estudio sobre los factores de riesgo por inundaciones, que bien puede darnos una idea de lo que pasa en otras entidades, se da cuenta de una historia larga de políticas públicas en materia de medio ambiente, desarrollo económico y desarrollo urbano que, lejos de lograr convertir a la entidad en un granero para México, como se pensaba en los años setenta, han deforestado gran parte del territorio, destruido la selva y contaminado los ríos, afectado sustantivamente ecosistemas, acabado con especies vegetales y animales, y creado presas que están a punto de concluir su vida útil.

Esas políticas también han cambiado la cultura y percepción de la población respecto a su relación con el medio ambiente y el agua, contribuyendo así a uno de los temas que más preocupan en nuestros días: el cambio climático. En 2007 Tabasco saltó a la fama mundial cuando 80 por ciento de su territorio quedó bajo el agua. Desde entonces distintas zonas de la entidad viven con miedo por el riesgo de inundaciones. En todo el mundo día tras día existen fenómenos de la naturaleza que amenazan la seguridad y el patrimonio de las personas, pero éstas se convierten en desastres si no existe una cultura y medidas de prevención. Y eso es justo lo que pasa en muchas zonas de México. Si un desastre sucede en un país del primer mundo, por lo general las consecuencias son mínimas. Pero la tragedia aumenta en un país con pobreza y desigualdad social. La pobreza genera condiciones de vulnerabilidad, y son los pobres quienes en medio de los grandes proyectos de desarrollo económico terminan viviendo en zonas de alto riesgo, como las márgenes de los ríos, las faldas de las montañas, o en zonas con alta probabilidad de deslaves e inundaciones.

Esto pasa en Tabasco, pero también en otras partes de la República. Tabasco es un estado privilegiado por contar con una gran riqueza natural y de recursos hídricos. Sin embargo el agua, en lugar de ser el oro azul de la región, es vista como una amenaza, por las inundaciones que en gran medida son el resultado de la manera como se planeó el desarrollo económico de la entidad, para el que se creó una infraestructura basada en desecar ríos, destruir selva, talar árboles y deforestar el territorio. Lo que al paso del tiempo se ha revertido, porque las presas ya no pueden contener más agua y las lluvias vuelven a alimentar los ríos, a cuyas orillas se crearon asentamientos humanos. La Comisión Mundial de Presas del Banco Mundial señala que si bien éstas han contribuido de modo importante al desarrollo, en demasiados casos se ha pagado un altísimo e innecesario precio en términos sociales y ambientales por parte de las personas desplazadas, las comunidades aguas abajo, los contribuyentes y el medio ambiente. Las presas mexicanas tienen en promedio 40 años de construidas, y su vida útil se calcula en 50 a 60 años. Aunado a esto, no se les ha dado el mantenimiento necesario y adecuado. Todo ello indica que muchas comunidades y poblados se encuentran en grave riesgo, que las autoridades no están atendiendo.

Existe también un problema de educación y cultura ambiental. Las personas han dejado de ver su entorno y medio ambiente como parte de sus vidas, y han llenado de basura y aguas negras sus ríos, arroyos, riachuelos y lagos. En el caso específico de Comalcalco, las organizaciones civiles de derechos humanos señalan que las autoridades no han cumplido con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ni con la Ley de Protección Civil, a efecto de crear comités con participación ciudadana que puedan incidir en las medidas que se debieran tomar para evitar que este municipio se inunde, y generar al mismo tiempo una mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales, incluidos los hídricos. El derecho al medio ambiente sano es, como el resto de los derechos humanos, integral e interdependiente. Los desastres naturales, en este caso los causados por las lluvias, afectan derechos como el derecho a la vida, la integridad física, la vivienda, la salud, la alimentación y el patrimonio, entre otros. En nombre del desarrollo económico se han devastado los recursos naturales de Tabasco y de muchas otras entidades del país. De ninguna manera México puede ser calificado como campeón de la tierra.