Querétaro, Qro., 12 de mayo. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, dijo esperar que los responsables de las deficiencias del pozo cabonero de Coahuila, donde 14 mineros perdieron la vida el pasado día 3, sean castigados con cárcel.

En conferencia de prensa, el funcionario argumentó que no hay suficientes inspectores que se encarguen de verificar que las concesiones mineras en el país operen de forma adecuada, pues sólo en Coahuila hay 2 mil concesiones de este tipo y únicamente 19 inspectores.

Destacó que más allá de las sanciones económicas que se aplicarán a los propietarios del pozo de carbón, también debe existir un castigo ejemplar de cárcel, ante el perjuicio a los trabajadores.

De igual forma, Lozano anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprará carbón a las 85 empresas mineras del estado si no están certificadas sobre su adecuado funcionamiento. Insistió en que la Secretaría del Trabajo realiza una revisión de las 26 mil concesiones que hay en el país para verificar el adecuado funcionamiento de minas y pozos.

Subrayó que la CFE no comprará un solo gramo de carbón de empresas que no estén debidamente certificadas por unidades de verificación que sean contratadas por la Promotora de Desarrollo Minero, organismo descentralizado del estado de Coahuila.

En cuanto a la falta de inspectores sobre el apropiado funcionamiento de pozos y yacimientos, explicó que en Coahuila hay dos mil concesiones, de las cuales 909 son de carbón, y 19 inspectores de la STPS; 11 en la zona donde están las minas de carbón, debido a que desde hace dos años no se autoriza la creación de nuevas plazas para su actividad.

Lozano admitió que es evidente que no son suficientes estos funcionarios para supervisar y vigilar el correcto funcionamiento de las minas. Dijo como ejemplo que el pozo donde murieron 14 personas tenía 18 días de operar, sin haber notificado a las autoridades en la materia.

El funcionario federal se reunió la mañana de este jueves con autoridades de la Secretaría del Trabajo estatal, así como con representantes de organismos de los sectores laboral y productivo de la entidad.