Diversas comisiones de la Cámara de Diputados podrían convocar en breve a un periodo extraordinario de sesiones, con el objetivo de aprobar fast track las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, advirtieron ayer los participantes en el foro Seguridad y militarización en México, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV).

Antes, representantes de organizaciones civiles de derechos humanos dieron a conocer una misiva en la que alertan sobre la posibilidad de que algunas comisiones legislativas se reúnan en estos días para aprobar la mencionada ley mediante un albazo.

Lo anterior podría empezar a gestarse hoy mismo, cuando se reúna la comisión de Gobernación, y se concretaría el 19 de mayo, cuando haga lo propio la de Derechos Humanos en la ciudad de Tijuana, Baja California, pero señalaron que la sociedad estará alerta para que ello no ocurra.

En la carta, las organizaciones llamaron a evitar que los cambios a la Ley de Seguridad Nacional se aprueben al vapor, y recordaron que los artículos 177 y 179 del reglamento de la Cámara de Diputados ordenan que se realice una consulta pública sobre el tema.

Además, afirmaron que la iniciativa debe acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en lo que se refiere a anular el fuero castrense en casos de violaciones graves contra civiles.

Si la propuesta fuera avalada, señalaron, se normalizaría la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, que constitucionalmente no le corresponden, lo cual sentaría las bases de un Estado de excepción permanente que afectaría de manera grave a los derechos humanos.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que la militarización es un fenómeno del cual ya se había advertido desde hace más de una década, pero que en estos momentos ha llegado a niveles nunca antes vistos con el pretexto de la guerra contra el narco.

El despliegue de miles de soldados en todo México, lamentó, no sólo no ha ayudado a abatir los niveles de criminalidad, sino que ha generado más ataques a las garantías individuales, la mayoría de las cuales quedan en la total impunidad.

Por su parte, Miguel Concha Malo, director del CDHFFV, consideró que la Ley de Seguridad Nacional no busca garantizar el bienestar de los ciudadanos, sino el del gobierno, y forma parte de una estrategia mayor para reprimir el descontento social.

El proyecto, añadió, consolidaría un estado de excepción penal sin contrapesos democráticos, en donde el Ejército tendría facultades para realizar tareas policiacas, arraigar sospechosos y juzgarse a sí mismo.

Silvano Cantú, director de Investigación e Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que el proyecto de ley únicamente serviría para darle bases legales a los atropellos de los uniformados.

Para que la delincuencia organizada exista, apuntó, se necesita siempre que el Estado y el mercado participen de algún modo, y es por ello que la violencia no se va a acabar mientras no haya un nuevo pacto nacional entre la sociedad y el gobierno.

De su lado, Carlos Fazio, articulista de La Jornada, coincidió en que la contrarreforma en materia de seguridad nacional sólo busca institucionalizar un régimen militarizado de excepción, supeditado a la voluntad y los intereses de Washington.

Si se aprueba, la ley profundizaría la criminalización de la protesta social y pasaría por encima de los derechos humanos, con el objetivo último de mantener el actual statu quo.

En esta escenario, la marcha convocada por Javier Sicilia se convierte en un referente de movilización ciudadana que representa la ruptura del terror, y la exigencia al gobierno de que termine de una vez con una guerra absurda.