La Secretaría de Gobernación ordenó destituir a siete delegados del Instituto Nacional de Migración (INM), como parte de una depuración para intentar atajar la corrupción en este organismo. En tanto, el titular de la SG, José Francisco Blake Mora, advirtió a todos los delegados estatales del instituto que no habrá tolerancia para los servidores públicos que violen la ley.

La Jornada adelantó ayer que ante las denuncias y procesos penales en contra de agentes del INM –seis de ellos fueron señalados como presuntos cómplices en el secuestro de migrantes–, se integró un plan para reforzar los controles de confianza (de ingreso y permanencia del personal), como mecanismo para identificar y denunciar a quienes están coludidos con los delincuentes.

La denuncia de las propias víctimas acerca de la existencia de falsos operativos de agentes migratorios, para poner a los indocumentados en manos de los delincuentes, prendió las alertas de funcionarios y asesores de Gobernación, quienes de manera urgente delinearon un plan de acción, aun cuando desde el mes pasado sabían de la existencia de las denuncias en contra de su personal.

Según funcionarios del Instituto Nacional de Migración, fueron ellos quienes pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los agentes acusados, seis de 16 presuntos responsables de agresión a migrantes, entre éstos mexicanos y extranjeros.

Por la tarde-noche, en el Salón Juárez de Bucareli, el responsable de la política interna, Francisco Blake, en reunión con delegados les dijo que por ningún motivo se tolerarán estas prácticas irregulares; hasta el momento varias de éstas han derivado en destituciones e investigaciones administrativas y penales.

Un grupo de 28 delegados (no asistieron los de Chihuahua y Morelos) escuchó las indicaciones y advertencias del funcionario federal, quien aseveró que él mismo tomaría el mando de las acciones del INM; por lo pronto, la próxima semana hará una gira por la frontera sur, uno de los focos rojos en el mapa de alertas de la seguridad nacional.

Aunque la cita fue práctica, apoyada en la presentación de diapositivas y la atención con canapés, Blake les advirtió que las instituciones de seguridad y procuración de justicia han iniciado un proceso de restructuración y fortalecimiento al que el INM tiene que sumarse porque forma parte del desarrollo de la agenda de seguridad.

De acuerdo con información recabada, los delegados destituidos (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo) serán investigados –al igual que el resto de los 5 mil empleados del instituto–, aunque se precisó que la estrategia obedece también al inicio de una rotación de mandos en el organismo. Por ejemplo, el delegado de Tamaulipas tenía 12 años de antigüedad, mientras que el de San Luis Potosí llevaba una década de servicio. Hace un mes fue relevado del cargo el delegado de Chiapas y hasta el momento dos altos funcionarios del INM son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP): Tonatiúh García, ex coordinador de Regulación Migratoria, y Genaro Gutiérrez, inhabilitado y separado del cargo en febrero pasado.

La reunión estuvo encabezada por Blake, así como por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Zenteno, y por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, quien a su vez se hizo acompañar del coordinador de Delegaciones, el de Regulación Migratoria y el de Asuntos Jurídicos.

Con las advertencias emitidas por Blake, confiaron algunos de los asistentes, se precisó que la permanencia en el INM estará condicionada y se incrementarán los mecanismos de control de confianza. Subrayó que el tema migratorio es una prioridad en la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, de ahí que no fue casualidad que como responsable haya puesto a Beltrán del Río, ex subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En principio, a las ocho de la mañana, la SG emitió un comunicado para informar de los relevos y de las tareas de los sucesores, a quienes se les ordenó depurar su personal y robustecer la operación migratoria con base en el respeto a los derechos humanos, en especial en la ruta del migrante: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Adicionalmente se evaluarará al personal de Quintana Roo. En total serán evaluados mil 500 funcionarios de esas entidades.

Por la noche, Blake Mora dijo a los delegados que hoy toca aplicar un proceso de depuración y transparencia al Instituto Nacional de Migración. Para nosotros no debe existir dilema alguno; la protección de los migrantes y de sus derechos humanos es una obligación indiscutible, dijo.

De manera simultánea, en el salón Revolución de Bucareli se realizó un encuentro de delegados de las dependencias de la administración pública federal, quienes este viernes recibirán información en materia económica y social y más tarde se reunirán con el presidente Calderón.