elipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari forcejean por los réditos de la marcha dominical por la paz que encabezó el poeta Javier Sicilia. El primero de los nombrados trata de darle convenenciera dirección al sentido de la protesta, pretendiendo entenderla como algo encaminado contra la delincuencia organizada (la de los cárteles y los capos no oficiales) y no contra la desorganizada (la de los gobiernos); además, en un lance de claro oportunismo, invitó a los líderes del naciente movimiento por la paz a dialogar con él, pensando seguramente en los formatos acartonados e intrascendentes en que encasilló y descafeinó anteriores asomos de crítica.

El ex presidente con pretensiones de volver al poder tras un copete de parapeto también ha asomado, tan campante, al carrusel de oportunidades de negocio político en que ciertos segmentos de las elites buscan transmutar la mencionada marcha. En Madrid, adonde fue a dar a conocer otro de sus libros (que alcanzan más fama por las presentaciones que le dan foro para declaraciones mediáticas que por el contenido en sí, que muchas veces se suma a una variante de la clandestinidad intelectual), el famoso licenciado Salinas se incorporó tardía pero alegremente al marchismo discursivo. Casi insurrecto, dijo que es hoy la hora de los ciudadanos y que la movilización del domingo 8 constituía un reclamo muy serio y muy firme a toda la estructura política del país, obligando a reconsiderar las respuestas, las propuestas de diálogo y, sobre todo, considerar que es la manera como los ciudadanos exigen que se escuche su voz. A ese paso, nada más falta que se declare poeta el famoso autor de éxitos de verso libre como No se hagan bolas (delicada recreación sobre los misterios del dedazo y el posterior jugueteo con dos cartas), Ni los veo ni los oigo (elaboración metafísica referida a lo fantasmal y a otras formas de desvanecimiento de lo adverso), Política ficción (un recuento sincero de su sexenio prosaico) y El error de diciembre (dedicado a su rebelde criatura, el técnico Zedillo).

A las pretensiones felipistas de apropiación del capital político de la marcha han contestado sus dirigentes con ánimo público: no a las reuniones en lo oscurito sino abiertamente, en el Palacio Nacional que así es reivindicado como centro republicano del poder, en presencia indelegable del convocante y con participación de representantes de casos notorios de injusticias cometidas desde el poder. Hasta ahora, Felipe Calderón ha convertido en espectáculo mediático bajo riguroso control protocolario sus escasas muestras de atención a este tipo de problemas. En Ciudad Juárez, a pesar de los montajes y controles, algunas madres de jóvenes victimados lograron expresarle de viva voz el sentimiento de indignación que de entonces a la fecha se ha multiplicado y fortalecido. Otras veces, con el empresario Martí en el centro de la atención, el calderonismo convirtió las justas protestas de un padre de hijo asesinado en malabares de oficialismo deseoso de emitir proclamas, compromisos gubernamentales y otras variantes de la demagogia sabida.

No es, por otra parte, desdeñable el condicionamiento del diálogo de esta ocasión a que se realice en el lugar donde debería despachar quien ocupe la Presidencia de la República, el simbólico, digno e histórico Palacio Nacional que ya solamente es utilizado de vez en cuando, sometiendo el resto de los actos públicos a una especie de avasallamiento doméstico al obligar a los participantes a trasladarse a la casa oficial, denominada Los Pinos, para acomodarse a las necesidades, gustos e instrucciones de esa residencia que como tal debería estrictamente funcionar.

Necesidades políticas por satisfacer como las que han mostrado la maltrecha Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la triunfante Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de algunos intentos de la CNDH por aparentar entereza y gallardía frente a los múltiples abusos criminales cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra ciudadanos, y de que algunos de esos agravios alcanzaran incluso a funcionarios de la así amedrentada comisión, ayer fue firmado un convenio de buenas intenciones que pretende disimular con superficialidad las justas desavenencias existentes.

Nada frágil es, en contraparte, la postura de Amnistía Internacional, que ha declarado que en 2010 la impunidad fue la norma del aparato institucional mexicano. AI enumera lo que se ha sufrido en México desde que el Ejército fue sacado de los cuarteles para participar en la guerra calderonista: homicidios, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, es decir, miles de casos de violaciones graves a los derechos humanos, sin que hasta el momento ningún militar en activo haya sido condenado por cometer esos abusos, con el fuero de guerra como coartada y refugio para esos transgresores.

En otra muestra de impunidad sustancial, apenas disfrazada de remociones administrativas, cual si la máxima pena posible para un funcionario causante de crímenes fuera la expulsión del organigrama y sus beneficios materiales, la Secretaría de Gobernación anunció la destitución de ciertos delegados regionales del Instituto Nacional de Migración. En el boletín informativo del caso se sugiere que un par de ellos podrían tener nexos con el crimen organizado y que algo se investigará al respecto. Pero a nadie se castiga de verdad por las matanzas de indocumentados centroamericanos que se repiten en el país, y la estructura de ese INM sigue siendo cómplice de la actuación de bandas de secuestradores y asesinos. Mientras tanto, la anterior directora de ese instituto, Cecilia Romero, que lo era cuando detonó el primer escándalo de sepulturas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, disfruta de las emociones de la política partidista y las intrigas futuristas como secretaria general del comité nacional panista. Y el responsable histórico de ese criminal abandono institucional recibe a Bono en Los Pinos, tan alegre como tiempo atrás atendió a Joaquín Sabina. ¡Ah, la buena vida! ¡Feliz fin de semana!

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