Tultitlán, Méx., 11 de mayo. La participación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el secuestro de trabajadores indocumentados no es nueva, y aunque en las comunidades donde esto ocurre todo mundo sabe lo que pasa, las autoridades siguen siendo omisas en la resolución del problema o cómplices de los criminales, lamentaron activistas especializados en el tema.

Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, señaló que no podría haber tantísima tragedia sin que el gobierno estuviera coludido. Todo mundo sabe dónde están las casas de seguridad de los secuestradores y quiénes son los policías que llegan a cobrar su parte. Todos, menos los responsables de evitar que eso ocurra.

Las dimensiones del fenómeno se han salido de control, hasta un punto en el que ya son inocultables, dijo. Los propios migrantes, que antes se callaban para salir lo más pronto posible, ahora toman conciencia y ya están denunciando.

A pesar de ello, la impunidad sigue dominando el panorama, y la mejor prueba es que a casi un año de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, aún no hay responsables identificados.

Para darle más protección a los migrantes, consideró Sánchez, sería deseable eliminar completamente los operativos de detención del INM, anular la petición de visa para todos los ciudadanos de los países de Centroamérica y dejar de ver a los indocumentados como amenaza a la seguridad nacional.

En tanto, Perseo Quiroz, abogado de la organización Sin Fronteras, indicó que el INM necesita transparentar sus métodos de actuación, pero aun esa medida sería insuficiente si las autoridades mexicanas insisten en criminalizar la migración irregular.

Pueden sancionar a 20 mil funcionarios, pero si los migrantes siguen siendo vistos como un buen botín, un grupo en situación de vulnerabilidad que no puede ejercer sus derechos frente a las instituciones, nada va a cambiar, advirtió.

Mientras, migrantes centroamericanos denunciaron nuevas agresiones de agentes del INM, en el contexto de una redada realizada hace una semana en el estado de México.

Nos corretearon, y cuando nos alcanzaron, nos tiraron al suelo, nos patearon, nos amarraron y, como si fuéramos costales, nos subieron a las camionetas, relató el guatemalteco Víctor Hugo Hernández, de 26 años de edad, quien sufrió lesiones en columna vertebral y cabeza que le impiden caminar en forma normal y le produjeron ataques epilépticos.

Personal del hospital Vicente Villada, del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en el municipio de Cuautitlán, se negó a atenderlo porque los médicos le dijeron que el servicio es sólo para mexicanos.

Irineo Mújica Arzate, promotor de la defensa de derechos de los indocumentados, expuso que los operativos del INM son cada vez más violentos.

Parece un mundo sin ley, los agentes están fuera de control y ninguna autoridad frena los abusos que se cometen contra los migrantes. Ahora, desde Huehuetoca hacia el norte del territorio nacional, traen a los migrantes a puro palo, comentó el activista.