La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública federal implementaron un operativo en los municipios de Coroneo y Jerécuaro, colindantes con Michoacán, donde detuvieron a policías que estarían vinculados con el grupo delictivo La Familia.

Sobre el número de uniformados aprehendidos, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre refirió que se nos complica un poquito emitir la información más detallada, pero sí puedo decir que estamos con presencia, ya tenemos personas detenidas.

El gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, dio a conocer que autoridades estatales sitiaron los municipios de Tarandacuao, el pasado 29 de abril, y el de Acámbaro el 3 de mayo, donde retuvieron a 150 servidores públicos –entre policías, burócratas y personal de intendencia–, de los cuales 40 tendrían relación con La Familia.

Agregó que el estado mantiene un operativo permanente desde hace 20 días en Uriangato, Moroleón y Yuriria, para investigar a las policías municipales y detener a criminales que operan en el sureste de Guanajuato. Indicó que esta acción incluye todos los aspectos; estaremos trabajando con la Federación y hemos tenido seis capturas de extorsionadores y 18 más de personas que colaboraban con ellos. No hay policías, precisó.

El gobernador y el procurador defendieron los operativos, los cuales tienen como finalidad detener a policías coludidos con el narcotráfico, y aseguraron que no se han violado garantías individuales, a pesar de las quejas hechas del gobierno de Acámbaro, la dirigencia del PRD y por los afectados, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHEG).

Zamarripa dijo que esta instancia recibió 60 quejas contra la PGJE por el operativo en Acámbaro, pero sólo 22 fueron ratificadas. Muchas de ellas tienen contradicciones serias en sus afirmaciones, sostuvo.

Por otra parte, un grupo de siete sicarios ingresó al hospital general de Parral, Chihuahua, donde dio muerte a Francisco Sánchez, quien había sido herido de bala. Cuando se le mantenía estable, un grupo armado penetró al nosocomio, amagó a los guardias de seguridad y llegó al lugar donde se encontraba el lesionado, a quien mataron a balazos.

Además de este homicidio, este miércoles se documentaron otros cuatro en el estado de Chihuahua, a los cuales se sumaron 15 en Nuevo León, tres en Durango, dos en Guerrero, dos en Sinaloa, uno en Morelos, uno en Jalisco y uno en Nayarit.

Una de las muertes registradas en Durango correspondió a una mujer que caminaba rumbo a una escuela de la colonia Domingo Arrieta, en la capital de la entidad, para llevar el almuerzo a su nieto y fue alcanzada por las balas cuando un grupo asesinó a un ex policía.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el expediente del caso de Rubí Marisol Frayre, quien fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en agosto de 2008 por su esposo, Sergio Barraza Bocanegra, mismo que fue absuelto en un juicio oral y hoy está prófugo luego que se revisó su proceso.

Joel Meneses Hernández, defensor de oficio de Sergio Barraza, solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo directo contra la condena de 50 años de cárcel impuesta por el homicidio de Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo, fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua.