Entidades como Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, estado de México, Querétaro y San Luis Potosí forman parte de las rutas que siguen los traficantes de personas en territorio mexicano, y de acuerdo con información obtenida de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), el traslado de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades es apoyado en muchos casos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

En la averiguación previa PGR/UEITM10/46 se menciona que hay conexiones entre agentes migratorios y células del grupo delictivo Los Zetas.

En la indagatoria, abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para indagar el secuestro de un grupo de migrantes centroamericanos ocurrido el mes pasado, se menciona que al menos uno de los seis funcionarios del INM que están sujetos a arraigo por esos hechos, declaró que en esas ocho entidades hay conexiones entre agentes migratorios y células de Los Zetas.

Los funcionarios, quienes tienen acceso a los documentos ministeriales relacionados con esa investigación, agregaron a este diario que las complicidades implican desde la tramitación de documentos apócrifos del INM, hasta la simulación de operativos oficiales en los que autoridades de ese instituto aseguran a migrantes y los entregan a las bandas delictivas, cobrando entre 3 mil y 5 mil pesos por cada uno.

En esa indagatoria constan las declaraciones de los seis agentes del INM, de quienes las fuentes consultadas pidieron a este diario no mencionar sus nombres. Uno de los funcionarios arraigados aceptó ante fiscales de la SIEDO que colaboró desde hace tres años con Los Zetas en el estado de Tamaulipas, según la versión de las fuentes.

Este agente de migración reveló a los fiscales antisecuestro de la PGR que durante una reunión con integrantes de Los Zetas, éstos hablaron de la nómina que había que cubrir para el pago de los funcionarios del INM que apoyan a la agrupación criminal en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas.

Este arraigado contó, por ejemplo, que desde hace varios años el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, se convirtió en zona de operaciones de la delincuencia organizada, contando con la participación de agentes del INM, de la Policía Federal (PF), de personal de aduanas y hasta de la propia Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según consta en otras indagatorias de la SIEDO –a las que ha tenido acceso este diario–, el negocio del tráfico de personas en la terminal aérea de Cancún se inició con indocumentados de origen cubano, quienes son traídos a costas mexicanas en lanchas rápidas o yates de lujo que llegan a Isla Blanca, Puerto Juárez, playas de la zona hotelera e Isla Mujeres.

Los agentes de migración coludidos tienen listas y selladas las formas para demostrar que los indocumentados están de manera legal en el país e incluso cuentan con visas apócrifas, formas FM3, que sirven para trabajar en México, o de igual forma falsifican los oficios de salida definitiva del extranjero para que puedan llegar hasta la frontera sin problema alguno.

Para los encargados de la célula de Los Zetas en Cancún, sus cómplices más importantes son los funcionarios conocidos en el argot criminal como macetas. Se trata de los encargados de turno o que están dentro de las oficinas del INM en el aeropuerto de ese centro turístico.

Una práctica utilizada es la de reportar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que se han extraviado los sellos oficiales para permitir el libre tránsito en territorio mexicano de los indocumentados. De esta forma, esos sellos pueden seguir siendo utilizados sin problemas, incluso en otras entidades.

En las oficinas del INM ubicadas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas se repiten fenómenos delictivos como los que ocurren en el aeropuerto de Cancún, a decir del agente migratorio bajo arraigo.

El cártel de Los Zetas y sus ex socios del cártel del Golfo controlan el tránsito de migrantes en los territorios donde tienen presencia, y a los grupos que no forman parte de sus organizaciones les cobran derecho de piso; en los últimos meses han establecido casas de seguridad en Puebla y San Luis Potosí, como puntos de enlace antes de que los centroamericanos o ciudadanos de otras regiones alcancen la frontera con Estados Unidos, y uno de esos casos fue el rescate de 33 cubanos, realizado por integrantes de Los Zetas en el estado de Chiapas en 2008, algunos de los cuales fueron localizados semanas más tarde en la frontera de México y Estados Unidos.