as movilizaciones que se realizaron ayer en decenas de urbes mexicanas y extranjeras en el contexto de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad fueron estrictamente ciudadanas, y tuvieron como denominador común un carácter inequivocamente crítico de la estrategia impuesta por la actual administración, desde sus inicios, en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada. El mensaje enviado por un vasto, diverso y plural segmento de la sociedad es que tal estrategia no sólo ha fracasado en sus proclamados objetivos de contrarrestar la criminalidad y consolidar el estado de derecho, sino que se ha traducido en un quebranto mayor de la legalidad, en niveles sin precedente de inseguridad y en un baño de sangre absurdo y dolorosísimo en el que han perecido cerca de 40 mil mexicanos de todas las edades, clases sociales y niveles socioeconómicos.

Por otra parte, debe destacarse el fracaso de los intentos gubernamentales y de los medios afines al régimen de desvirtuar las demostraciones ciudadanas de ayer, ya fuera para presentarlas como producto de una manipulación partidista o facciosa, ya para usarlas como expresión de un supuesto respaldo popular a los ensayos autoritarios y a las políticas de mano dura como las estipuladas en las modificaciones propuestas –y suspendidas, por ahora– a la Ley de Seguridad Nacional; al afán por diluir las responsabilidades gubernamentales y hacer a la ciudadanía corresponsable de su propia seguridad, o para insistir en el endurecimiento de penas contra los delincuentes. Por el contrario, en su enorme mayoría, los grupos e individuos que se manifestaron expresaron en forma contundente y clara su convicción de que el componente principal de la pavorosa ola de violencia que sufre el país es consecuencia de malas decisiones gubernamentales, de una concepción unilateral, miope y meramente represiva de los fenómenos delictivos, de la prevalencia de una impunidad atroz e indignante, y de una clara falta de voluntad para enfrentar a la delincuencia en los términos legales pertinentes y sin militarizar al país.

Más allá de los alcances del plan propuesto en la concentración con la que culminó la marcha emprendida por Javier Sicilia y por centenares de personas el pasado jueves, en Cuernavaca, la demanda inmediata de la movilización fue el cese de Genaro García Luna –considerado el principal impulsor de la fallida estrategia en curso– de la Secretaría de Seguridad Pública federal, como un mensaje, propuso el propio Sicilia, de que el gobierno federal es capaz de escuchar a la ciudadanía. Por vía de la Secretaría de Gobernación, la administración calderonista dio prueba, en cambio, de su doble discurso habitual: tras manifestar su respeto por las movilizaciones masivas, reiteró que la estrategia vigente no será modificada en ningún sentido.

En suma, la trascendencia de las marchas de ayer no reside sólo en que fue una movilización absolutamente ciudadana, organizada en forma espontánea con el concurso del tejido social tradicional y de las redes sociales digitales, sino también en que expresó, de manera inequívoca y contundente, el rechazo que suscitan los conceptos y las acciones del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia, así como el hartazgo popular ante una guerra declarada a contrapelo del sentir nacional, que ha costado demasiadas vidas y que no ha tenido ninguna efectividad perceptible. Si el gobierno se empecina en no escuchar la exasperación masiva, llevará al país y a las instituciones a nuevas simas de destrucción, descomposición y tragedia. La exigencia de cambio de estrategia debe ser escuchada y atendida.