Guanajuato, Gto., 6 de mayo. Policías, personal administrativo y un asesor jurídico de los municipios de Tarandacuao y Acámbaro interpusieron 34 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) contra elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad, a quienes acusan de abuso de autoridad, lesiones y arrestos arbitrarios, informó el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera.

El presidente de la PDHG recordó que el 29 de abril la PGJE arrestó en Tarandacuao a 23 policías presuntamente ligados con la organización delictiva la Familia Michoacana y el 3 de mayo en Acámbaro retuvo a 150 burócratas, de los cuales sólo arrestó a 17 por presuntos nexos con el crimen organizado.

Veinte policías detenidos se quejaron ante el organismo y varios mostraron sus lesiones; de los 150 retenidos en Acámbaro 14 acudieron a Derechos Humanos, detalló el ombudsman.

En ambos casos se han solicitado los informes a la procuraduría, a la Secretaría de Seguridad y nos estamos allegando todas la pruebas y testimonios, dijo.

Hemos dicho que Derechos Humanos no se opone a la persecución, investigación y castigo de delitos, pero esto tiene que ser en un marco absoluto de respeto a los derechos humanos, refirió Rodríguez Junquera.

Agregó que no les corresponde determinar si los operativos de la PGJE son excesivos, pero se investigará si se violaron las garantías de los quejosos.

Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de Justicia del estado, afirmó que los operativos son apegados a derecho y no se violentaron garantías individuales.

En entrevista radiofónica, alertó sobre una posible reacción de la Familia Michoacana por el desmantelamiento de sus redes de protección policiaca.