Simulación e impunidad es lo que se está viviendo en la tragedia del pocito de Sabinas, Coahuila, en la que los titulares de las secretarías del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, sólo se lavan las manos y niegan la responsabilidad que tienen en la nefasta situación laboral y de operación del sector minero en México, sostuvo ayer la organización Familia Pasta de Conchos.

Asimismo, demandó la renuncia inmediata de Lozano por su sistemática negligencia y omisión en la tutela de los derechos de los trabajadores, que se reinicien de inmediato las labores de rescate de los mineros muertos en Pasta de Conchos y se prohíba de forma definitiva la extracción de carbón por medio de pocitos en el país.

No es casualidad que haya explotado esta mina en Sabinas, que sea clandestina ni que las autoridades local y federal hagan invisibles a los familiares, así como no lo es el hecho de que los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía nieguen sus responsabilidades y se las imputen mutuamente, sostuvo la organización.

Planteó que los referidos funcionarios, junto con la empresa, hacen tributo al cinismo y la desvergüenza y omiten las condiciones infrahumanas en que trabajan y viven los mineros y sus familias; omiten su negligencia.

En febrero de este año, la Familia Pasta de Conchos hizo público el informe Dime desde allá abajo, en el que se hace un análisis de las actas de inspección de minas de carbón y pocitos hechas por la Secretaría del Trabajo, en el que se encontró que de 32 yacimientos inspeccionados, en 15 la contratación es verbal; además, en 17 empresas la dependencia ordenó restringir el acceso a los trabajadores por las pésimas condiciones en que estaban operando, y las mismas 17 siguen funcionando a la fecha, aun cuando en tres ha muerto igual número de mineros.

Del total de empresas, sólo hay sindicato en una, 13 no dan reparto de utilidades, ocho ni siquiera hacen declaraciones anuales de impuestos, mientras que de 21 mineras a las que les solicitan mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 no los tienen y 12 no realizan el análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse mensualmente para determinar la cantidad de polvo inerte para evitar explosiones de grisú).

Incluso, de 21 compañías a las que se les pidió que mostraran los análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tenían. En tanto, la Secretaría de Economía no verifica la existencia de las empresas a las que entrega títulos de explotación, lo que deja a los mineros del carbón en una situación de extrema vulnerabilidad y responsabiliza al titular de la misma, Bruno Ferrari, de las tragedias.

Gobierno de Coahuila, intermediario en el carbón

Ante este panorama, La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión Laboral y Asesoría Sindical exigen que desaparezca el Programa de Desarrollo Minero que maneja el gobierno de Coahuila, que es intermediario en la compra y venta del carbón a pequeños productores; que la Comisión Federal de Electricidad licite de manera pública los contratos de compra de mineral para cada socavón –no por empresas ni agrupaciones– para evitar la extracción clandestina y el coyotismo, además de que la Procuraduría General de la República atraiga o abra investigaciones de todos los siniestros ocurridos desde la exploción en Pasta de Conchos.