El Ejército está en el banquillo de los acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la violación a la libertad de expresión de un oficial, quien hizo comentarios en su cuartel sobre la necesidad de que se incrementaran los sueldos de los soldados.

Es la primera vez que el máximo tribunal conoce un asunto en el que analizarán los alcances de la libertad de expresión en las fuerzas armadas y, en consecuencia, si un militar puede ser acusado de insubordinación, indisciplina o de faltar a sus deberes castrenses por externar su opinión sobre temas de la milicia.

Su jefe inmediato tuvo conocimiento de los comentarios del oficial y lo puso a disposición de los órganos de disciplina correspondientes, por considerar que las opiniones del militar son violatorias de la disciplina que debe imperar en los cuarteles.

El teniente Manuel Álvarez Domínguez fue procesado en el fuero de guerra, acusado de violar el artículo 407, fracción IV del Código de Justicia Militar, y verter especies que puedan causar tibieza o desagrado en el servicio. En junio de 2009, la justicia castrense le dictó auto de formal prisión por violar el artículo referido, lo cual se castiga con cuatro meses de cárcel.

Se le concedió amparo

Posteriormente, el juzgado quinto en materia penal del Distrito Federal concedió un amparo al militar en contra de la decisión del juzgado castrense, por considerar que la redacción del tipo penal es ambigua, lo que genera inseguridad jurídica en su contra y en general de los militares.

Ante la importancia del asunto, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la Procuraduría General de Justicia Militar, interpusieron un recurso de revisión que fue turnado inicialmente a un tribunal colegiado de circuito, el cual lo envía a la Suprema Corte para que resuelva –al menos– lo relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo impugnado.

Fuentes judiciales subrayaron que, por primera vez, la SCJN resolverá un asunto en el que se abordan los límites de la libertad de expresión en las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los funcionarios consultados, los ministros tendrán que especificar si los comentarios hechos por el oficial son suficientes para ser considerados como insubordinación a la disciplina y honor castrense.