En los círculos de la política, de las organizaciones sociales y de la academia surgieron voces para criticar el discurso del presidente Felipe Calderón Hinojosa con la reiteración de que mantendrá la estrategia seguida hasta hoy en la lucha contra el crimen organizado e informando, como gran prenda, la captura de los presuntos asesinos del hijo del poeta Javier Sicilia y seis personas más.

Esos mismos estratos respaldaron la marcha de ciudadanos iniciada en Cuernavaca, porque tienen todo el derecho a manifestarse y a exigir cambios en la estrategia de seguridad. Expresaron que el mensaje presidencial contenía una velada acusación, pues supone que aquellos le han pedido rendirse, cuando no es así.

No fue lo único, también se le insistió al Ejecutivo plantearse un nuevo camino, más eficaz y preventivo, ante la situación de inseguridad, especialmente para desmantelar los activos económicos de las redes criminales, en un contexto en el que las instituciones del Estado mexicano están atrofiadas.

Así, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados censuraron la política gubernamental para enfrentar al crimen organizado. Francisco Rojas Gutiérrez y Porfirio Muñoz Ledo expresaron sendas críticas a Calderón, porque no atiende la descomposición generada por la expansión de ese tipo de delincuencia y pretende imponer a las fuerzas armadas como garantes de la seguridad pública y la seguridad nacional.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pablo Gómez aseveró que el presidente Felipe Calderón dijo (en su mensaje por televisión): no hay que oír el planteamiento de rendirse (y) lo que está haciendo el Ejecutivo es acusar a los marchistas de querer que el gobierno se rinda, y esa es una acusación falsa.

Lo que piden los manifestantes, precisó, es que ante la crisis de violencia, el gobierno encare el problema con otra política que sea más efectiva, porque la violencia en lugar de disminuir aumenta.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron ese texto –transmitido por televisión la noche del miércoles, y refrendado en Puebla ayer jueves– como un gesto dirigido a desvirtuar la movilización social, cuando la única exigencia de quienes vienen en la marcha es un cambio de política en el combate al crimen organizado, porque la actual no funciona.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, indicó que la política de Calderón a lo largo de su sexenio luctuoso, ha pretextado el derecho de Estado y no el estado de derecho. Él no puede acusarnos de ingenuos o cómplices por pedir que cese este modelo de represión.

Por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquí subrayó que con su mensaje, el presidente Calderón trató de desvirtuar la movilización ciudadana, sobre todo la marcha que viene de Morelos y que demanda un cambio de estrategia en materia de seguridad, porque la que se está instrumentando no sirve, no da resultados.

Pedro Joaquín Coldwell (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, apuntó que los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse y exigir cambios en la estrategia de seguridad.

“El país afronta la mayor crisis de inseguridad que recordemos (…) mientras hay quienes se quieren tomar el camino fácil e irreflexivo de apostar a la militarización del país como la gran panacea para resolver los problemas”, advirtió.

El senador Carlos Jiménez Macías (PRI) aseveró: el mensaje de Calderón fue muy desafortunado. La convocatoria tendría que haber sido a que todos nos sumemos a combatir este mal, pero especialmente él debería asumir ante los mexicanos el compromiso de una estrategia mucho más eficiente.

Y el PRD, por medio de su secretaria general, Dolores Padierna, exigió escuchar y atender las voces de quienes desde hace mucho tiempo han pedido que pare esta grave situación y a los expertos que le han presentado alternativa para combatir el narcotráfico, pero parece que está empecinado en continuar en este mismo camino, dijo.

Los integrantes de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas y Religiosos de México expusieron: invitamos a los miembros de la Iglesia católica y de las demás comunidades cristianas, en particular a los integrantes de nuestras congregaciones, a participar dondequiera que estemos, en la marcha silenciosa que culmina el 8 de mayo en el Distrito Federal.

Académicos especialistas en movimientos sociales indicaron por su parte que la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad puede convertirse en el movimiento ciudadano que siente las bases para una discusión integral del sistema político y de justicia, si mantiene la claridad de su propuesta y se aleja de cualquier tentación de caer en la disputa político-electoral.

Otto Fernández Reyes, Telésforo Nava y Alvaro López Lara, catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron en que no es la primera vez que los ciudadanos demuestran que es posible cambiar el rumbo de una nación, pues frente a tanta violencia y a los más de 40 mil muertos por la guerra contra la delincuencia organizada, es evidente que la solución no va a venir de las instituciones del Estado, sino de una ciudadanía organizada y cada vez más consciente de su poder de transformación.

En Michoacán, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, declaró que el Poder Ejecutivo federal debe ser sensible, escuchar la opinión de los ciudadanos en torno al combate al crimen organizado y, en su caso, modificar las políticas públicas para obtener mejores.

El único que defendió el texto de Calderón fue el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González, señalando al mandatario como poseedor de la voluntad de combatir al crimen, y eso no va a cambiar; habrá algunos que pidan que salga el Ejército, pero no hay que bajar la guardia y no dejar solo al Presidente.