Mexicali, BC, 5 de mayo. A las 18 horas, Leslie Karina Díaz Zamora cruzó la aduana del penal de Mexicali hacia la calle, donde la esperaban sus padres y familiares, después de estar encarcelada dos años, supuestamente por haberse practicado un aborto.

Horas antes, los magistrados de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California (TSJEBC) decretaron la liberación de la mujer y turnaron la instrucción a Héctor Grijalva, subsecretario del sistema penitenciario estatal, quien ejecutó la sentencia.

Díaz Zamora tenía 19 años cuando fue encarcelada por homicidio calificado, lo que grupos feministas consideraron una violación a sus derechos humanos.

Arnoldo Castilla Gracia, abogado de la acusada, sostuvo: La prueba de docimasia pulmonar hidrostática (para verificar si hubo oxígeno en los pulmones del producto) no era suficiente para acreditar si había nacido muerto o vivo y, como no se determinó la causa de la muerte, el TSJEBC decidió liberarla.

El defensor reconoció que el Poder Judicial tuvo una actitud abierta y concedió a su defendida el beneficio de la duda por la manera en que sucedieron los hechos.

Dijo desconocer los planes de Díaz Zamora: No sabemos qué decida ahora. Está muy emocionada, e incluso puede reclamar una indemnización, dijo el catedrático universitario, aunque comentó que su cliente desea atender a su hijo, continuar sus estudios y trabajar.

La organización Gente Diversa dijo que se hizo justicia en un caso totalmente injusto.

De acuerdo con Leslie Karina, la mañana del 17 de mayo de 2008 sintió un fuerte dolor abdominal y ganas de evacuar, y al ir al baño de su casa, en la colonia popular Hidalgo, en el sur de Mexicali, tuvo un aborto espontáneo. Recuerda que recogió el producto en una bolsa y lo tiró en un lote baldío.

Cuando sus familiares se percataron de que no dejaba de sangrar la llevaron al hospital general de Mexicali, donde determinaron que tenía un desgarre vaginal y dio resultado positivo en la prueba de embarazo.

Las autoridades sanitarias la denunciaron ante la agencia del Ministerio Público y María Elena Andrade, subprocuradora de la zona Mexicali, acusó a Leslie de haber abortado una bebé de 35 semanas de gestación, que pesaba dos kilogramos y medía 50 centímetros, de acuerdo con dictámenes periciales y la autopsia del Servicio Médico Forense.

Aunque estuvo encarcelada dos años, apenas el 20 de enero de 2011, por instrucción del juez cuarto de lo penal con sede en Mexicali, fue sentenciada a 23 años de prisión por homicidio agravado por parentesco, y fue internada en la cárcel mexicalense.

La Procuraduría General de Justicia del Estado expresó en su momento que solicitó esa sentencia porque constató que se trató del homicidio de una niña que nació viva en mayo de 2008.

En tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana inició una investigación de oficio para verificar si Leslie tuvo una defensa jurídica adecuada y si se integró correctamente la averiguación previa.

La Red Pro Derechos Humanos Alaíde Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California criticaron la sentencia, basada en reformas constitucionales locales aprobadas el 26 de diciembre de 2008, que protegen la vida humana desde la concepción.

Estas asociaciones advirtieron que esa reforma está cargada de dogmatismo e ignorancia y ha dado pie a autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo.