La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional pretende ordenar la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, porque la movilización de tropas en tiempos de paz –como ha ocurrido hasta la fecha– implicaría declarar la suspensión de garantías en distintas regiones del país, sostuvo Alfonso Navarrete Prida, ex procurador del estado de México.

En entrevista, el diputado priísta advirtió que la grave situación del país se modificará cuando el gobierno federal dé un giro a su estrategia en materia de seguridad pública, con la aplicación de nuevos modelos de policía investigadora, impartición de justicia, readaptación social y políticas públicas orientadas al apoyo del ciudadano.

Si nosotros dejamos claro que la seguridad pública y la seguridad nacional son cosas distintas, tenemos que concluir entonces que lo que está haciendo el Presidente de la República no está bien. Con la interpretación llevada al extremo de que estás legalizando el movimiento de tropas en tiempos de paz, de acuerdo con el marco constitucional lo que tendríamos que hacer es estar declarando la suspensión de garantías en distintas partes, para que entonces sea legal el movimiento de tropas.

–Las críticas al modelo gubernamental de seguridad pública van en ascenso –se le recordó.

–Tiene que ver con enfoques totalmente distintos en materia de seguridad pública, de modelos de investigación de policías, de modelos de impartición de justicia, de modelos de readaptación social; con políticas públicas que estén orientadas más al apoyo ciudadano, al rescate de los jóvenes, a la generación de empleos y a controlar el crecimiento urbano, que a estar mandando militares a todos lados como si fueran, lo repito, soldados de plomo. Es un primer paso importante en una estrategia integral de redefinición institucional de estructuras que le permita caminar al país.

El diputado federal consideró sustantivo el impulso a la reforma de la minuta enviada por la Cámara de Senadores –elaborada en la bancada del PRI–, porque se regulará la actuación de las fuerzas armadas con el propósito de evitar la caída libre de la seguridad pública.

En defensa de su reforma a la minuta, Navarrete Prida reclamó a detractores y críticos que aporten pruebas legales que demuestren que existe una intención deliberada de violar derechos humanos de la ciudadanía.

Si hay una atribución que se le está dando a algún órgano adicional violatoria de la Constitución, ¡que la exhiban! No con discursos de que el artículo 74, por su redacción, es tan ambiguo que viola derechos humanos. Eso es muy bonito, pero concretamente, ¿en qué viola derechos humanos? Sostengo que el documento se sostiene porque es serio, porque no es una ocurrencia sino que forma parte de la realidad.

Al recordarle la ambivalencia de la realidad, que manifiesta una vena arbitraria, con una normatividad de respeto a las garantías individuales, Navarrete Prida reprochó a quienes no comulgan con el espíritu de su propuesta, porque las circunstancias apuntan hacia el autoritarismo.

El país no está viviendo en este momento con facultades que le den al Ejecutivo poder para allanar y catear domicilios, detener personas; si eso está ocurriendo, son actos arbitrarios, no significa un estado de excepción. Cuando confundimos eso es muy grave, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Si fuese un estado de excepción tendría facultades para ello. No, lo que está haciendo es un estado arbitrario, una circunstancia arbitraria.