l pasado 15 de abril tuvo lugar en Mérida, Yucatán, una reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), que es el cuerpo colegiado más importante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). CUPIA agrupa a todas las universidades públicas del país, así como a otros instituciones de educación superior (ES), como el IPN, el Cinvestav, El Colegio de México, un número significativo de los llamados Centros-Conacyt y de los Tecnológicos. Con mucho, es el conjunto que se ocupa y preocupa por la educación superior de México.
El discurso que ahí pronunciara el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, es una propuesta que, si es recogida por el candidato oficial del PAN, pondrá una cota extraordinariamente alta al resto de los partidos en el tema de la ES, lo cual, en verdad, es para felicitarnos.
Tuirán se ha hecho eco de otras voces que han insistido en que la educación superior del país no se corresponde con el presente y menos con el futuro de México. Entre esas voces el subsecretario destacó la insistente voz del doctor José Narro, rector de la UNAM. Menos aún se corresponde con la sociedad del conocimiento de nuestros días en los países desarrollados y en los que están rumbo al desarrollo, ni en términos de formación de cuadros, ni en términos de investigación científica y tecnológica; todavía menos aún –salvo en puntos muy contados–, con una articulación profunda entre la generación de conocimiento y todos los sectores de nuestra maltrecha geografía física y social.
Tuirán refiere los avances recientes de la cobertura y hace su propuesta central: “Todos estamos de acuerdo en que la cobertura actual no es la que cabría esperar del grado de desarrollo ni de las expectativas y aspiraciones de los mexicanos. Este hecho obliga a redoblar el paso para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.
“Estamos frente a dos senderos que necesariamente se bifurcan: uno de ellos es el de la inercia y el conformismo. Si seguimos avanzando al ritmo en el que lo hemos hecho en los últimos veinte años, sumaríamos, anualmente, menos de un punto porcentual a la cobertura total (0.8 por ciento). Así, llegaríamos en 2020 a 38.5 por ciento y en 2030 a 46.5 por ciento. Por el contario, si optamos por senderos más exigentes, México podría entrar de lleno al estadio de la universalización de la educación superior en las siguientes dos décadas. Bajo estos escenarios, la cobertura podría alcanzar una cobertura de entre 48 y 60 por ciento en 2020 y de entre 66 y 83 por ciento en 2030. Este esfuerzo nos colocaría en el nivel de cobertura de los países más desarrollados.
“No tengo duda acerca de cuál es el sendero que mejor refleja las aspiraciones de México. Debemos lograr en el mediano plazo la proeza de universalizar la educación superior…; [lo que] exige realizar esfuerzos inéditos en la historia de nuestro país: lograr en diez años el equivalente a lo que nos tomó alrededor de 40 años o más. Las metas de crecimiento propuestas son razonables, considerando tanto nuestras capacidades institucionales, como las experiencias de otros países.”
Es verdad: es eso exactamente lo que tiene que hacer este país, y lo que vuelve altamente significativa la propuesta es que la haga la voz oficial institucional de mayor jerarquía en la materia en el seno del gobierno federal. Nadie, de los gobernantes de México (Ejecutivo y Legislativo) puede volver la cara hacia otro lado como para no enterarse. Gobernantes de hoy o de mañana, junto con las instituciones de educación superior deben llevar a cabo, sin descanso, esta inmensa tarea factible.
Corea aumentó 3.4 puntos cada año entre 1990 y 2008. En el mismo lapso, la cobertura en Venezuela y Finlandia aumentó 2.8 puntos, y en Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Italia y Chile la expansión fluctuó entre 2 y 2.3 puntos. Estos países han alcanzado ya la etapa de una práctica universalización de la ES.
Enuncio las condiciones que entrevé Tuirán: 1) lograr un consenso generalizado acerca de la importancia de la educación para el desarrollo social y económico; 2) construir una visión compartida de la educación superior; 3) impulsar acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; 4) lograr mayor corresponsabilidad de las entidades federativas; 5) dar certidumbre jurídica a las metas deseadas.
Enuncio también las tareas centrales planteadas. Resulta necesario consolidar un sistema de educación superior integrado y flexible. Se requiere garantizar el financiamiento suficiente para las instituciones educativas; lograr los escenarios de matrícula planteados implicaría recursos adicionales anuales de entre 6 mil y 10 mil millones de pesos, sin considerar las inversiones en infraestructura. Es imprescindible el fortalecimiento de la educación media superior. Es una exigencia la formación de más y mejores profesores. Es preciso repensar la estructura de incentivos para avanzar en los propósitos de la equidad. Es imperativo fortalecer la cultura de la evaluación. Es impostergable avanzar hacia la convergencia regional en cobertura. Es una exigencia revisar los modelos de gestión y administración de las instituciones de educación superior. Se requiere ampliar la base de recursos propios de las instituciones.
México no puede esperar más.
