Madrid, 1º de mayo. El Tribunal Supremo español ilegalizó hoy todas las candidaturas de la coalición de la izquierda vasca Bildu, integrada por dos formaciones políticas de amplia trayectoria democrática, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba –escisión de la Izquierda Unida vasca (IU)–, así como por diversos ciudadanos vinculados con el sector abertzale (nacionalista).

Al igual que con la prohibición de la coalición Sortu, el fallo contra las candidaturas de Bildu provocó división en la sala 61 del órgano judicial, que por primera vez asume una proscripción de varias formaciones políticas, lo que dejará sin representación electoral a más de 15 por ciento de la sociedad vasca.

Poco antes de la medianoche –cuando vencía el plazo para adoptar una decisión–, el Tribunal Supremo anunció que nueve magistrados votaron en favor de ilegalizar las 254 listas de Bildu, de cara a los próximos comicios municipales y forales del 22 de mayo, mientras seis votaron en contra y uno se mostró partidario de una proscripción parcial.

Al igual que en el proceso contra Sortu (nacer, en euskera), la primera marca electoral de la izquierda abertzale que rechaza sin ambages la violencia de ETA, el alto tribunal asumió las tesis de la Abogacía General del Estado y del gobierno español, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que alegaron que ambas formaciones políticas estaban instrumentalizadas por ETA y por la también ilegalizada coalición Batasuna, a la que Madrid acusó de ser brazo político del grupo armado.

Apelarán ante el constitucional

La sentencia será redactada en las próximas semanas y será entregada a los abogados de la coalición, que presumiblemente recurrirán ante el Tribunal Constitucional, pero dados los plazos de la justicia y de la ley electoral ya no tienen ninguna posibilidad de concurrir a los comicios de este mes.

La resolución será redactada por el magistrado Javier Mendoza, nuevo ponente del proceso, ya que el inicialmente designado, Manuel Alarcón, era partidario de dar luz verde a Bildu, al igual que los jueces Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro y Rafael Gimeno-Bayón.

Tanto Bildu como la ya ilegalizada Sortu rechazan la violencia en sus estatutos. De hecho, sus candidatos firmaron un texto en el que condenaron el uso de la violencia con fines políticos. El documento mencionaba de forma expresa la violencia ejercida por la organización separatista vasca ETA.

En 2003, el entonces gobierno ultraconservador de José María Aznar aprobó una ley de partidos políticos, creada ad hoc para ilegalizar a Batasuna y a todos los grupos que según Madrid eran brazo político de ETA.

Bildu se suma así a una larga lista de formaciones y agrupaciones que han sido proscritas y perseguidas judicialmente desde entonces, entre ellas la propia Batasuna, Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca.

Con Bildu, sin embargo, la medida judicial es aún más extrema, ya que el núcleo de la formación está integrado por un grupo político de larga trayectoria democrática e histórica en el País Vasco, EA, que incluso ha formado parte de dos gobiernos autonómicos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Además, es un partido que durante cuatro legislaturas ha estado representado con uno o dos legisladores en el Congreso de los Diputados de Madrid. Su trayectoria en la lucha contra la violencia ha sido intachable. Incluso llegó a recibir amenazas de ETA cuando tenía importantes miembros de su formación en cargos del gobierno vasco durante sus ocho años en el poder.

El otro partido oficial, Alternatiba, surgió hace dos años, tras una escisión de Ezker Batua (EB-IU), en la que su cabeza de cartel era Oskar Matute, quien hasta entonces había sido diputado y miembro de la ejecutiva local de esta histórica formación política, que siempre ha defendido un modelo federal del Estado. EB-IU también formó parte del último gobierno presidido con el PNV, que integró un tripartido con EA.

Al parecer, en los magistrados pesó más la supuesta presencia de candidatos vinculados con su pasado al sector abertzale de la sociedad vasca, lo que en la sentencia contra Sortu ya fue ampliamente criticado por suponer una ilegalización preventiva, que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español.

En espera de una valoración de los dirigentes de Sortu –que se conocerá este lunes, tras analizar su situación jurídica–, antes de conocer el fallo, dos destacados líderes sindicales vascos, de ELA y LAB, advirtieron que sus agrupaciones lucharán por que todas las opciones políticas estén presentes en las elecciones municipales y forales, y si no es así el único responsable será el gobierno socialista, que está aceptando los códigos que marca la extrema derecha.