Ciudad Juárez, Chih., 30 de abril. Al menos cinco periodistas, dos políticos y ocho ciudadanos, entre otras víctimas de la violencia y defensores de derechos humanos de Chihuahua, han tenido que huir a Estados Unidos o Canadá, debido a que han sido amenazados de muerte.

Uno de los periodistas refugiados en Estados Unidos desde junio de 2008 es Emilio Gutiérrez Soto, del municipio de Ascensión, luego que personal del Ejército Mexicano lo amenazó directamente.

El comunicador Luis Horacio Nájera y su familia también pidieron asilo en Vancouver, Canadá. Ricardo Chávez Aldana, de Radio Cañón de Ciudad Juárez, se fue en diciembre de 2009 y pidió refugio luego de recibir amenazas por haber condenado el asesinato de dos de sus sobrinos adolescentes.

Alejandro Hernández Pacheco salió en agosto de 2010 luego de ser secuestrado y torturado durante cinco días. Ahora busca asilo. Jorge Luis Aguirre, propietario de un portal de información, huyó por amenazas que le hicieron el mismo día que mataron a Armando Rodríguez, de El Diario.

Huyen activistas

En cuanto a activistas y otros ciudadanos afectados por la violencia, desde el año pasado está refugiada en Estados Unidos la activista Cipriana Jurado y su hijo de 18 años. Este año también tuvieron que huir a ese país Marisela Ortiz y sus dos hijos.

En diciembre de 2010 también solicitaron asilo Eduardo Alejandro y Juan Manuel Escobedo Frayre, hijos de Marisol Escobedo, a quienes desconocidos amenazaron durante el funeral de su mamá, a la que mataron afuera de palacio de gobierno el 16 de ese mes. Con ellos está Heidi, nieta de Marisela.

Entre los políticos que solicitaron ayuda a otro país está Marisol Valles, quien en febrero pasado, cuando era secretaria de Seguridad Pública municipal, solicitó asilo y ahora se encuentra cerca de Nueva York.

El caso más reciente es el de Ricardo Solís Manríquez, edil electo de Gran Morelos, quien viajó a Estados Unidos luego de dos atentados a balazos.

El gobernador César Duarte Jáquez aseguró que la solicitud de asilo de Solís Manríquez fue por motivos personales y no por una persecución política.

Sin embargo, Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de la bancada panista en el Congreso local exigió a la Fiscalía General del Estado informar acerca de las investigaciones en torno a la génesis de estas expatriaciones.