En los últimos cuatro años el gasto público de México destinado a programas sociales para la infancia y la adolescencia ha crecido hasta representar 6.24 por ciento del producto interno bruto (PIB) y la tercera parte del gasto federal programable, pero se concentra en educación y salud, mientras otras áreas necesarias para garantizar todos los derechos de los menores, como la protección contra la violencia, reciben pocos recursos, revela un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De cada diez pesos invertidos en niños y adolescentes, ocho se concentran en los derechos a la supervivencia (salud, vivienda, alimentación y nutrición así como asistencia social) y de desarrollo (educación, deportes, recreación, cultura, urbanización y desarrollo regional), detalló Susana Sottoli, representante de la Unicef en México, al presentar ayer el informe en Palacio Nacional ante Margarita Zavala, presidenta del DIF, y Ernesto Cordero, secretario de Hacienda.

Los restantes dos pesos se reparten en programas encaminados a garantizar que los niños mexicanos estén protegidos contra todo tipo de violencia, abuso y explotación, así como promover su participación en las decisiones que les afectan en cuestiones de información, medios masivos y participación ciudadana.

Entre 2007 y 2010 el gobierno federal invirtió en promedio 697 mil millones de pesos al año en la niñez y adolescencia –en total 2 billones 788 mil 290 millones de pesos en el cuatrienio–, lo que según Susana Sottoli representa un gasto promedio de 18 mil 615 pesos anuales por cada niño, niña o adolescente del país.

Un gasto que, dijo, parece adecuado y en línea con los resultados obtenidos en países con economías similares a la de México, como Uruguay, Argentina y Bolivia.

No obstante, puntualizó que es necesario ir más allá de cuánto se gasta en cuestiones de calidad, educación y equidad, ya que el análisis de la inversión pública en México evidencia un desbalance y plantea el desafío de alcanzar una distribución más equitativa entre los diferentes derechos de los niños.

Añadió que hay desafíos en transparencia y rendición de cuentas, principalmente en el caso de gobiernos estatales, pero además de ello insistió en que debe hacerse una inversión estratégica para medir los impactos del gasto público en la infancia y adolescencia.

Agustín Escoba Latapí, consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), expuso que en los fondos para la educación básica y la salud del Ramo 33 la distribución no es tan buena, porque no se alinean sus objetivos con las necesidades de cada estado, además de que año con año cambian las reglas.

En la mayoría de los fondos hay un criterio de equidad, es decir a quien le falta se le da un poquito más, pero normalmente hay factores inerciales. Si un estado tenía más matrícula, se le daban más fondos, lo mismo en salud y otros ramos, pero por inercia se les vuelve a aplicar otro año, y entonces aunque se le dé más a estados como Chiapas porque está rezagado, no es suficiente, comentó en entrevista posterior.

El informe no detalla los recursos aplicados para cada grupo de edad, pero el gasto promedio por niño revelado por Unicef contrasta con las cifras difundidas un día antes por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los recursos públicos que hasta 2007 sus países socios destinaron a la primera infancia (los menores de seis años). La OCDE aseguró que México es el país con la tasa de pobreza infantil más alta entre sus países miembros, ya que 25.8 por ciento de los niños mexicanos viven en hogares pobres y el gasto promedio hasta 2007 era de 39 mil 600 pesos por cada menor de seis años, equivalente a 14 por ciento del gasto promedio de 274 mil pesos de la organización.

Tras firmar un acuerdo de colaboración con Unicef para mejorar la evalución, seguimiento y transparencia de la información relacionada con el impacto de la inversión pública para la infancia y la adolescencia, el secretario de Hacienda destacó la reducción de la desnutrición y mortalidad infantil en menores de un año.