Marisela Morales. titular de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que las investigaciones realizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, han arrojado la localización de 40 fosas clandestinas en las que fueron inhumadas en forma ilegal 183 personas, de las cuales sólo dos han sido plenamente identificadas y sus restos entregados a sus familiares.

Durante la lectura de un comunicado, acompañada por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Alejandro Poiré Romero, éste afirmó que en Tamaulipas la fragilidad institucional a escala estatal y municipal conlleva consecuencias preocupantes, y señaló que la colusión de elementos de las policías municipales en la comisión de delitos graves, como homicidio y secuestro, como se ha observado recientemente, muestra la urgencia y el nivel de atención que exige a los tres órdenes de gobierno el reto de construir instituciones de seguridad y procuración de justicia eficientes y confiables.

Ambos servidores públicos hicieron un recuento de las investigaciones y sus resultados. Marisela Morales confirmó que 120 de los 183 cadáveres fueron trasladados al Distrito Federal y los resultados de los peritajes en materia genética se tendrán en un plazo de tres a cuatro semanas. Explicó que hasta ayer la PGR ha recibido muestras genéticas de habitantes de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala.

La procuradora sustuvo que las denuncias por desaparición están relacionadas con la intercepción de autobuses de pasajeros (sic) por parte de grupos delictivos, para privar de la libertad a personas que tenían como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y señaló que las 183 muertes son imputadas a integrantes de Los Zetas.

Asimismo, mencionó que integrantes del cártel del Golfo plagian migrantes y pasajeros de autobuses en la zona de Tamaulipas y les exigen de mil a 2 mil dólares a cambio de su liberación, lo cual quedó acreditado con la liberación de 68 personas que se encontraban privadas de su libertad en Reynosa. Explicó que en relación con estos hechos se detuvo a cuatro policías municipales.

Acerca de San Fernando, agregó que las dependencias han logrado la captura de 74 personas vinculadas con estos reprobables actos. Todas se encuentran arraigadas y algunas han declarado su participación directa en los crímenes. Entre ellas se encuentran 17 policías municipales de San Fernando, quienes brindaban protección y ayuda a la organización delictiva y fueron identificados por algunos de los inculpados.

Según la versión oficial, entre los detenidos hay tres líderes de células de Los Zetas, identificados como Esvi Leonel Batres Hernández, El Gato; Johnny Torres Andrade, La Sombra, y Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo.

Asimismo se dio a conocer que Saraí Fabiola Díaz Arroyo –por quien la PGR ofrecía 5 millones de pesos de recompensa a la persona que proporcionara información que llevara a su captura– se entregó en días pasados a elementos de la Secretaría de Marina, tras conocer que había sido relacionada con el asesinato de más de 177 personas.

La mujer acudió ante los marinos acompañada por su madre y se declaró inocente. Sin embargo, permanecerá bajo arraigo hasta que el Ministerio Público aclare su situación.

Los 74 indiciados están sujetos a investigación por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, violación a la Ley de Inhumación y Exhumación de Cuerpos y lo que resulte, dijo Morales Ibáñez.

Poiré Romero afirmó que Tamaulipas está bajo el control del Estado mexicano y enfrenta retos de seguridad derivados de la vulnerabilidad institucional en comunidades claramente identificadas.

Apuntó que ante el fenómeno delictivo que se observa en algunos municipios, la presencia federal en Tamaulipas es indispensable para contener la confrontación abierta por el control de rutas y mercados que protagonizan los cárteles de Los Zetas y del Golfo.