La Ley de Seguridad Nacional confrontó al Senado con la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM advirtieron que no avalarán las modificaciones que se pretenden hacer en San Lázaro a esa legislación. El priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policiaco-militar.

La bancada del PRD advirtió que convocará, junto con los diputados perredistas y legisladores de otros partidos, a formar un bloque opositor que frene el intento del grupo de diputados afines al gobernador Enrique Peña Nieto de militarizar el país.

Labastida Ochoa dijo que se oponen a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial.

Los priístas discutieron internamente el tema y el senador Jesús Murillo Karam, quien participó en la negociación y la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Pública, dijo a sus compañeros que no pueden aceptar en forma alguna el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro ya que, entre otras cosas, rompe el pacto federal.

En público, los senadores priístas evadieron confrontarse con los diputados de su partido, pero en la reunión previa a la sesión ordinaria, a puerta cerrada, expresaron su molestia por la decisión de pasar por encima del consenso logrado en el Senado, por el cual se que legaliza de forma temporal la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero cuida que no se violen derechos humanos.

El grupo parlamentario del PRD anunció que impulsará un bloque legislativo opositor con senadores de las otras fuerzas políticas, incluso del PAN, si finalmente, en un arranque de locura legislativa, se aprueba el dictamen elaborado en San Lázaro.

El uso discrecional del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, sostienen senadoresFoto Alfredo Valadez

El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que detrás del intento de congraciarse con las fuerzas armadas está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde 2009 tiene el control del PRI en la Cámara de Diputados, ordena qué leyes se aprueban y actúa como si hubiera ganado ya la Presidencia de la República y tuviera el control del Ejército.

En conferencia de prensa en la que participó la diputada Leticia Quezada, resaltó que los dos grupos parlamentarios del PRD trabajarán en forma conjunta para impedir que se apruebe ese proyecto, que otorga a las fuerzas armadas facultades de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes detenidos, realizar cateos sin orden judicial y lanzarse contra movimientos sociales, puntos que el Senado eliminó.

El senador Silvano Aureoles (PRD) recordó que el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, trató de convencerlos de que avalaran esos puntos, que se excluyeron del dictamen aprobado en Xicoténcatl hace un año.

Los perredistas señalaron que incluso llamarán a la movilización social para detener la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.

El senador petista Ricardo Monreal coincidió con esa postura, mientras el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, lamentó que en la Cámara de Diputados no se trate la Ley de Seguridad Nacional con la seriedad que se hizo en el Senado.

El senador Tomás Torres (PRD) destacó que el dictamen que impulsa el diputado priísta Alfonso Navarrete nulifica la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado para reformar el fuero militar, con el propósito de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso del guerrerense Rosendo Radilla, quien desapareció en un retén militar hace más de 36 años.