El Gobierno del Distrito Federal (GDF) entregó ayer a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley que crea el sistema de protección social del Distrito Federal, que en 83 artículos integra los programas sociales que tiene en marcha la administración capitalina, cuyo objetivo principal es generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida, la inclusión social, la equidad y el ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de la ciudad de México.

Entre los programas que el Ejecutivo local propone elevar a rango de ley están los subsidios que actualmente otorga el GDF en materia de transporte y agua, así como el Plan Verde, que al igual que el resto de los esquemas de apoyo incluidos en dicha iniciativa estará fiscalizado por la Contraloría General del Distrito Federal y sometido a la autorización y revisión por Evalúa-DF.

En el artículo 19 de dicho documento se deja en claro que en ningún caso los programas podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo.

La propuesta –que deberá ser discutida y votada por los diputados locales– indica que toda dependencia, órgano desconcentrado, delegación política o entidad de la administración pública local que desee implementar algún programa social deberá someterlo a revisión y dictamen de la Comisión de Evaluación para determinar la viabilidad, y posteriormente presentarse ante el consejo del sistema –como órgano rector de la política de protección social de esta ciudad–, que se encargará de su aprobación.

Los términos generales de la iniciativa de ley del sistema de protección social del Distrito Federal fueron presentados la mañana de ayer por Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica del del gobierno capitalino, en un acto al que faltó, entre otros funcionarios, Mario Delgado, secretario de Educación. Por la noche, el GDF entregó a la ALDF el documento de manera formal.

De acuerdo con el contenido de dicha iniciativa, se crea el registro único de beneficiarios, el cual estará a cargo de la Contraloría General del Distrito Federal, además de un registro único de programas sociales. El consejo de protección social estará encabezado por el jefe de Gobierno y lo integrarán los secretarios y titulares de las dependencias del gabinete legal. Operará con nueve distintas comisiones ordinarias, además podrán existir comisiones especiales.

Esta propuesta de ley implicará la derogación o reforma de tres leyes locales y la abrogación de seis más, entre ellas las de Pensión Alimenticia, Seguro Educativo, Acceso a los Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, y Becas para Jóvenes.