El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.

No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.

En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.

Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.

Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.

En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.

Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales, declaró.

Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento, dijo.

Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior.

Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.

Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia, con la que justifica la intervención militar.

Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.

Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral, afirmó.

El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso.