Política
Ver día anteriorLunes 25 de abril de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Aún analiza la Suprema Corte la demanda de inconstitucionalidad de ese proceso

Avance de 5% en la emisión de la objetada cédula de identificación para menores
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 13

La Secretaría de Gobernación ha entregado hasta ahora 643 mil cédulas de identidad personal a menores, lo que evidencia un avance mínimo (5 por ciento), respecto de los 12 millones de documentos programados para entregar al cierre de este año.

En el calendario de la dependencia (www.renapo.gob.mx), aparece la ubicación de los módulos de registro sólo para tres entidades (Baja California, Colima y Guanajuato) y hay planteles educativos de los estados en mención, asignados para este proceso hasta el 13 de mayo, 10 por ciento de todos los del país.

Este registro de datos personales y biométricos fue impugnado por la Cámara de Diputados. La demanda de inconstitucionalidad es analizada actualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los diputados consideran que no existen garantías suficientes para asegurar la confidencialidad de los datos recabados y advierten que tampoco se planeó el proceso como una estrategia de Estado.

Información oficial de la Secretaría de Gobernación precisa que la captura de datos se desarrolla con base en 2 mil equipos comprados en 2009 a la firma trasnacional Smartmatic International Holding por casi 300 millones de pesos. Se desconoce quiénes son los dueños de esta empresa, registrada en Ámsterdam, mientras que los detalles del convenio son información reservada.

Con base en los aparatos de Smartmatic para la toma de datos biométricos, un equipo de 2 mil 526 personas tiene acceso a los menores para el registro de nombre e identidad de los padres, así como imagen de rostro, iris de ambos ojos y las 10 huellas dactilares. El personal en referencia fue contratado por las entidades que llevan a cabo el registro, dentro de un convenio de apoyo con El Colegio de la Frontera Norte.

Una vez capturados, los datos son trasladados al Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo personal sistematiza la información y la traslada a Talleres Gráficos de México, donde personal especializado, contratado para este fin, tiene también acceso a los nombres e imágenes de miles de menores de edad.

El Renapo asegura que la confidencialidad de los datos está garantizada porque el traslado de los mismos se hace con base en procesos automatizados.

Hasta el momento, también de acuerdo con información oficial, el Renapo ha gastado 146 millones de pesos de los 700 millones programados para este año. 53.7 fueron erogados para el proceso en Baja California, 13.9 para Colima y 78.9 para Guanajuato.

En la primera etapa de registro y expedición fueron incluidas seis entidades; además de las mencionadas están Jalisco, Nuevo León y Chiapas. Los estados en referencia tienen 6.8 millones de menores y se desconoce hasta ahora cuándo será el registro en las entidades más pobladas del país, como el estado de México, y el Distrito Federal.

A tres meses del arranque de este programa de Gobernación, tampoco se sabe cuándo y cómo se registrará a los más pequeños (la primera etapa sólo incluye a los menores de entre cuatro y 17 años) y tampoco qué ocurrirá con los niños y adolescentes que no van a la escuela y que, en teoría, deben acudir a un módulo del Registro Civil o a un centro de salud para obtener su cédula.

El 24 de enero pasado, la Secretaría de Gobernación dio inicio a la recopilación de datos y toma de información biométrica en Tijuana, Baja California. El plan original, de acuerdo con la declaración que en días previos emitió el subsecretario encargado del programa, René Zenteno, al término del presente año está programado registrar casi a la mitad de los 25.7 millones de menores, esto es, expedir por lo menos 12 millones de cédulas.

La expedición de la cédula tiene sustento en un convenio especial con Talleres Gráficos de México y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. No hay un convenio con el sindicato magisterial, sino con los funcionarios de la dependencia y con los gobiernos estatales.