La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que el secuestro de migrantes continúa en el país. Los albergues que atienden religiosos para protegerlos han hecho denuncias públicas de nuevos casos. El órgano nacional de defensa de las garantías individuales afirma: las autoridades saben en dónde son plagiados.

Lo saben, asegura, “porque las procuradurías estatales de justicia y las secretarías de seguridad pública en los estados, cuando les solicitamos información para elaborar el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México 2011 –sobre todo en cuanto a centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos–, nos dieron información de las regiones dónde son asaltados, vejados y plagiados”.

A pesar de que se han hecho públicos dos informes sobre secuestros de migrantes que viajan por México hacia Estados Unidos, la mayoría centroamericanos a bordo de trenes, las autoridades no han hecho lo suficiente o sólo han puesto en marcha medidas aisladas, sostiene el órgano nacional de defensa de los derechos humanos.

En su informe subraya que las políticas públicas para atender el problema no han alcanzado los objetivos de restablecer el sentido de la función de seguridad pública del Estado, mediante la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, como se establece en el artículo 21 constitucional.

Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la CNDH, quien tiene a su cargo el tema de migrantes, señala que “la identificación de las zonas de riesgo para la comisión de secuestros que este órgano hizo pública desde febrero de 2011, se elaboró a partir de información brindada por autoridades –estatales, municipales y federales–, por testimonios de migrantes y por informes de las oficinas regionales de este organismo”.

Sostiene que el informe que el gobierno mexicano presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no reporta lo que las secretarías de seguridad pública de los estados de México, Guerrero, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, nos informaron.

Batista Jiménez destaca que el gobierno federal no cuenta con un mapa completo de zonas de riesgo relacionadas con el secuestro. Aunado a ello, “el mapa respectivo elaborado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, titulado Focos rojos y amarillos en los municipios de la ruta ferroviaria del Golfo, no se sustenta en datos propios ni en información oficial proporcionada por las instituciones encargadas de prevención y procuración de justicia, sino en documentos que abordan el fenómeno migratorio, entre ellos información de la CNDH”.

Sin criterios claros

La comisión advierte que no existen criterios claros y homologados en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en las diversas procuradurías o fiscalías generales de Justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal para la sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas respecto del secuestro de migrantes.

Revela que al solicitar información sobre los casos de secuestro de migrantes atendidos en el periodo junio 2009-junio 2010, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, dijo tener conocimiento de cuatro casos, pero a solicitud expresa de la CNDH informó que no contaba con el número total de plagios.

A su vez, abunda la CNDH, la Sedena, en la información que proporcionó, señala que en el periodo junio 2009 a junio 2010 intervino en 13 eventos de secuestros; 11 casos los hizo del conocimiento del Ministerio Público Federal, y en dos del fuero común”.

Como puede advertirse, precisa la CNDH, la información de la PGR no coincide con lo señalado por la Sedena, que indicó que en 11 casos pudo a disposición del Ministerio Público Federal a los migrantes secuestrados que rescató.

También, dice la comisión, llama la atención que la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros reportó que no cuenta con registro de averiguaciones previas remitidas por las procuradurías locales en materia de plagio de migrantes, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Migrantes de Chiapas informó de la remisión a la PGR de tres averiguaciones previas por ese ilícito en Arriaga, Chiapas; en Medias Aguas, Veracruz, y en Rerynosa, Tamaulipas.

Puntualiza el organismo que esta situación pone de relieve la necesidad de activar un sistema único de información que integre, sistematice y analice eventos de secuestro en contra de migrantes, pues la falta de comunicación entre autoridades puede derivar en la ausencia de seguimiento y los correspondientes vacíos en los procesos penales en perjuicio de las víctimas de estos ilícitos, situación que abona a la impunidad.

Batista Jiménez subraya que la CNDH ha acompañado a migrantes a presentar denuncias por secuestro en Arriaga, Chiapas; en Ixtepec, Oaxaca; en Coatzacoalcos, Medias Aguas y Tierra Blanca, Veracruz; en Lechería, estado de México; en Tijuana, Baja California; en San Luis Potosí y Sonora, entre otros; también en Tultitlán, estado de México, sólo que en este último municipio fue por robo y extorsión de policías municipales a migrantes.