na cincuentena de empresas privadas, en su mayoría de telecomunicaciones, se han beneficiado con contratos para el usufructo de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De tal forma, los particulares pueden valerse del entramado de la paraestatal –que actualmente tiene una extensión de 34 mil 590 kilómetros y es la segunda más grande del país, después de la de Teléfonos de México– para ofrecer servicios de transmisión de voz, datos e imagen.
La situación reviste aspectos criticables, tanto en la forma como en el fondo. Por principio de cuentas, la entrega de la red de fibra óptica a particulares representa, a lo que puede verse, un pésimo negocio para la paraestatal y, por extensión, para el país: durante 2010, la CFE obtuvo una utilidad neta de poco más de 103 millones de pesos por el usufructo de esa red, un monto que, es de suponer, resulta mucho menor que el obtenido por los operadores que realizan negocios a través del entramado de esa empresa pública.
Es inevitable recordar, por otro lado, los señalamientos realizados en reiteradas ocasiones por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su entorno social de apoyo, de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) obedeció a un designio por privatizar los más de mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica operados por esa entidad distribuidora de energía –los cuales, por cierto, pasaron a manos de la propia CFE–, y beneficiar, con ello, intereses empresariales cercanos al poder político. Es significativo, al respecto, el hecho de que en la última revisión de contrato colectivo de LFC, en marzo de 2009, el SME había logrado que la administración de ese organismo público gestionara una concesión para operar por sí mismo la capacidad excedente de su entramado de fibra óptica en el terreno de las telecomunicaciones, habida cuenta de que contaba con los recursos humanos y tecnológicos para tal efecto. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal a esa solicitud nunca llegó, y meses después, en octubre de ese año, LFC fue liquidada por decreto presidencial.
Con esas consideraciones en mente, resulta inaceptable que las autoridades federales se empeñen en sostener –como lo hizo el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 12 de abril–, que la extinción de ese organismo público descentralizado obedeció exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan sistemáticamente informar respecto de las implicaciones de dicha decisión sobre un bien público que, según puede verse, representa una jugosa oportunidad de negocio para particulares.
Más allá de lo anterior, la circunstancia comentada pone en relieve una lamentable falta de sentido nacionalista del grupo en el poder, el cual se ha dado a la tarea de promover la cesión de parcelas de soberanía a la propiedad privada local o extranjera, sin reparar en las consecuencias que ello puede tener. El empeño por colocar parte de la infraestructura estratégica de la CFE bajo el dominio de particulares ha implicado, por un lado, poner a disposición del mejor postor un elemento fundamental de control territorial y de seguridad nacional –como es el vasto entramado de la paraestatal– y, por el otro, marginar a universidades, organismos públicos, centros de investigación y demás instancias sin capacidad económica para pujar por los beneficios tecnológicos en el ámbito de las telecomunicaciones.
En suma, la creciente entrega de la red de fibra óptica de la CFE a particulares pone en relieve dos rasgos proverbiales del actual grupo en el poder: la opacidad y el espíritu antinacional.
