En los recientes 10 años la Cámara de Diputados reasignó 54 mil millones de pesos para la educación superior, debido a que entre 2001 y 2011 el Ejecutivo federal propuso sistemáticamente proyectos de presupuesto inferiores a los aprobados el año previo, señala la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su propuesta de reforma jurídica para aplicar presupuestos plurianuales a las instituciones públicas de educación superior, la ANUIES destaca que en la década pasada los recursos destinados a ese sector pasaron de 0.54 a 0.64 por ciento del producto interno bruto (PIB), pero como porcentaje del gasto total del sector público federal disminuyeron de 2.7 a 2.6 por ciento.

A esto se suma que el gasto federal por alumno disminuyó 2 por ciento en términos reales en el mismo lapso, debido a que el incremento presupuestal fue de 42 por ciento, con una tasa promedio anual de 4.1, pero el crecimiento de la matrícula escolarizada en las universidades públicas alcanzó 45 por ciento; es decir, aumentó a un ritmo mayor la demanda que los recursos.

Alerta que lo mismo ocurre con los fondos públicos destinados a ciencia y tecnología, cuya inversión se redujo de 0.36 a 0.34 por ciento del PIB en 2011, mientras que como porcentaje del gasto público federal paso de 1.8 por ciento en 2001 a 1.4 por ciento para este año.

En el documento Propuesta de reformas jurídicas para una política de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior con visión de Estado, señala que en el actual modelo de financiamiento se establece un esquema diferenciado para otorgar recursos a cada una de las actividades sustantivas de universidades federales y estatales, así como institutos tecnológicos, ciencia y tecnología.

Agrega que mientras en las universidades federales 59.3 por ciento de sus recursos son etiquetados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tareas de formación en licenciatura, y 7.8 para el posgrado, en las instituciones estatales y tecnológicos se destina 87.8 por ciento para licenciaturas y sólo 1.3 por ciento para posgrado.

En cuanto al gasto en investigación en ciencia y tecnología, las universidades federales destinan 15.6 por ciento de su gasto, mientras en las instituciones estatales y tecnológicos los recursos públicos que pueden destinar son apenas de 0.8 por ciento.

La ANUIES destaca que de mantenerse las tendencias de financiamiento de la pasada década en el gasto federal para educación superior sería hasta el año 2028 cuando se alcanzaría la meta de destinar uno por ciento del PIB, mientras que si se considera el gasto federal y estatal, sería hasta 2019 cuando se cumpliría el objetivo de destinar uno por ciento del PIB.

La propuesta

El escenario deseable, explica la ANUIES, es establecer en la ley una meta precisa de financiamiento público, tanto federal como estatal, para alcanzar, en los próximos seis años, un presupuesto para las instituciones públicas de educación superior de 1.5 por ciento del PIB, del cual 82 por ciento sería federal y 18 por ciento estatal.

A partir de ese año, dicho porcentaje sería el piso mínimo de financiamiento público que los gobiernos federal y estatales deberán destinar a las universidades y el sistema tecnológico. Esto significa que en cualquier escenario de crecimiento real del PIB, el monto de recursos destinados a las instituciones sería incremental.

Puntualiza que sólo mediante una estrategia de financiamiento plurianual será posible asegurar el acceso, en instituciones y programas de educación superior de calidad, a un número creciente de jóvenes.

Y advierte que para atender el llamado bono demográfico, pues se estima que en 2010 México alcanzó los 46 millones de jóvenes menores de 20 años, se requiere de un esfuerzo sin precedentes para la creación de nuevos espacios en instituciones educativas de nivel superior, lo que demanda recursos crecientes para infraestructura, docencia, investigación y posgrado.