El gobierno federal pondrá al alcance de los migrantes víctimas de algún delito o de los solicitantes de refugio la posibilidad de ser canalizados a albergues especiales de la red nacional de atención a víctimas y recibir atención médica, sicológica y jurídica.

Además, una vez que se haya comprobado que se trata de una víctima, se le otorgarán documentos que le permitirán su estadía legal en México, en tanto se atiende su denuncia.

En el caso de víctimas de trata de personas, se deberá asegurar que éstas no sean alojadas en una estación migratoria.

La resolución de la situación migratoria de las personas extranjeras víctimas podrá consistir en repatriación voluntaria; regularización o cambio de calidad o característica migratoria, o reconocimiento de la condición de refugiado, así como otorgamiento de protección complementaria.

En la actualidad, en diversos casos el gobierno toma decisiones de acuerdo con la circunstancia y/o extiende visas humanitarias para proteger a los migrantes, ahora deberá acatar un protocolo de atención a estas personas.

Este nuevo marco legal mexicano podría entrar en vigor en momentos en que van en aumento los casos de agresiones a migrantes, como se ha demostrado recientemente con las fosas halladas en Tamaulipas. En tanto, organizaciones civiles denuncian que las víctimas de delitos son canalizadas a estaciones migratorias, desde donde son repatriadas prácticamente horas después de su aseguramiento, sin tomar en consideración la endeble situación física o sicológica que presenten.

Resguardo de identidad y datos

De acuerdo con el procedimiento que deberá seguir el Instituto Nacional de Migración (INM) para detectar y dar atención a los extranjeros en situación vulnerable, será obligatorio proporcionarles protección integral y, sobre todo, resguardar su identidad y datos personales.

Incluso, en caso de que proceda la repatriación voluntaria, el Estado mexicano deberá asegurarse que en su país tenga una recepción segura y que se garantice su reintegración social y/o familiar. Se prevé incluso la custodia de la víctima hasta su país de origen o residencia.

La circular respectiva ya fue aprobada por la Comisión de Mejora Regulatoria, esto es, el último filtro, previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación y su consecuente entrada en vigor.

Una vez en firme, el documento ordena que se dé a los extranjeros víctimas de delito facilidades para la atención médica y sicológica, asistencia migratoria y una estructura especial de atención en agencias del Ministerio Público Federal.

El artículo quinto de la circular advierte: en ningún caso se podrá obligar a la persona extranjera víctima a denunciar delitos ni se podrá ejercer ningún tipo de presión en este sentido.

Contiene además diversas disposiciones en favor de quienes solicitan refugio en México, es decir, quienes afirman que su vida está en peligro si retornan a su país.

Ante la identificación de una persona extranjera víctima, el INM emitirá un acuerdo en el que se le reconozca tal circunstancia. Dicho acuerdo no prejuzgará sobre la comisión o no de actos delictivos y se emitirá con el único objeto de que la persona extranjera víctima tenga acceso a la protección que el Estado mexicano otorga a las víctimas de delitos, señala el artículo primero de la circular.

Se precisa que la víctima (quien haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales) deberá ser atendida, de manera independiente a la suerte que corra el presunto responsable y de la relación familiar que exista entre el perpetrador y la víctima.