El dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Cámara de Diputados es regresivo, se quiere volver a un Estado autoritario. No se busca dar seguridad a los ciudadanos, sino al Estado, consideraron ayer varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

En entrevistas por separado, dirigentes y representantes de organizaciones civiles coincidieron en que el contenido de este dictamen es gravísimo y representa un retroceso; es una posición firme para criminalizar la protesta social; quieren legalizar el Estado policiaco y militar de Felipe Calderón.

Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que esta iniciativa es una propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los generales cabildearon con los diputados para que les aprobaran lo que rechazó el Senado.

Recordó que “en un foro efectuado en noviembre de 2010 en la Cámara de Diputados, organizado por legisladores y organizaciones civiles, el general brigadier Luis Crescencio Sandoval González, responsable de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, dijo que el Ejército pugna porque se apruebe la doctrina de seguridad nacional.

“Yo le dije que nos preocupaban (a las ONG) sus declaraciones a La Jornada y a Proceso, donde señaló que las fuerzas armadas buscan diseñar y ejecutar sus operaciones sin estar sometidas a la autoridad civil. Le pregunté si se trataba de la misma estrategia de seguridad que aplicó Pinochet en Chile. El militar respondió que se trata de la doctrina que la Sedena enseña y aplica en sus aulas desde los años 70”.

Cantú dijo que el general   Sandoval refirió en el foro que buscan una normativa para contar con algo semejante a un estado de excepción, pero que respete los derechos humanos.

Por su parte, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), comentó que la iniciativa es contradictoria porque el Congreso aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos y luego hace leyes que se contraponen.

Recordó que en la reforma constitucional se había planteado que para la suspensión de garantías se requería la participación del Legislativo, pero en esta ley le dan al Ejecutivo plenas facultades; esto es contrario al estado de derecho.

La Ley de Seguridad Nacional que se discute plantea de manera ambigua amenazas contra la seguridad interna. En ese contexto, cualquier cosa que el gobierno en turno considere que es una amenaza hará que utilice al Ejército contra los ciudadanos; no le preocupa la seguridad ciudadana, sino la del mismo gobierno, concluyó Cortez.

A su vez, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), opinó: Este dictamen es motivo de gran preocupación porque implica un retroceso y avanzar hacia un Estado represivo que conculca derechos humanos. Los diputados federales desconocen con esta ley los acuerdos y tratados internacionales; si se aprueba, las organizaciones civiles tendremos que recurrir a la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos sostuvo: Este sexenio se ha caracterizado por la represión en materia de derechos humanos; trata de anteponer la seguridad nacional en contra de la de los ciudadanos y cada día va imponiendo un Estado policiaco-militar.

Para Fabián Sánchez Matus, de Litigio y Estrategia en Derechos Humanos, es gravísimo, hay una posición firme para criminalizar los movimientos sociales y esto es totalmente represivo y autoritario.

Finalmente, Luis Arriaga, director del Centro Pro, comentó que es preocupante que se discutan medidas regresivas para contener la inseguridad y la violencia, esto afecta los derechos humanos.