Madrid, 21 de abril. En plena Semana Santa, cuando las calles de muchas ciudades de España se llenan de católicos, también hay una corriente civil, más lúdica y menos lúgubre, que pretende expresarse a través de actos ajenos a la tradicional carga religiosa de estas fechas. Pero los jueces y las autoridades municipales, autonómicas y centrales prohibieron una procesión atea que sin quererlo se convirtió en la demostración de que España sigue siendo un país profundamente franquista y reaccionario, según Luis Vega, uno de los promotores de la campaña.

Casi 40 años después de reinstaurada la democracia, tras una larga dictadura fascista bendecida por la cúpula de la Iglesia católica, resurgió un enfrentamiento entre católicos contra los colectivos laicos, ateos y apóstatas. Coincidieron dos hechos que ponen en evidencia esta situación: el primero, y más grave, la prohibición de una procesión atea y el encausamiento judicial a sus impulsores por delitos como ofensa al sentimiento religioso, terrorismo y hasta genocidio; y, en segundo lugar, la retirada de una campaña educativa para fomentar el uso del condón por incluir un cartel con una imagen alusiva a un cura repartiendo la comunión, sólo que en lugar de la hostia tenía un condón y decía: bendito condón que quitas el sida del mundo. Los jóvenes impulsores de la campaña, afiliados al Partido Socialista, fueron acusados de un delito contra los sentimientos religiosos.

Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), explicó a La Jornada que no era una marcha ni una manifestación contra nadie. Simplemente nosotros, los ateos y librepensadores, queremos caminar por las calles de Madrid para exponer nuestras ideas y nuestros sentimientos.

Tanto el alcalde conservador Alberto Ruiz-Gallardón, como la presidente autonómica, la también conservadora Esperanza Aguirre, calificaron la iniciativa de ofensa a los católicos, y amenazaron con utilizar todas las herramientas para impedir que este jueves santo hubiera una procesión atea. Después, la delegación del gobierno, dependiente del gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, la prohibió definitivamente.

Antes, las organizaciones ultraconservadoreas HazteOir y la Asociación de Abogados Cristianos presentaron sendas denuncias contra AMAL y la Asociación la Playa de Lavapiés, a las que acusaron de haber incurrido en los delitos de “provocación, discriminación, odio y violencia por motivos referentes a la religión.

No cabe duda que en España logramos superar una siniestra dictadura fascista, pero también está claro que el franquismo sigue vivo en el país, señala Luis Vega.