Sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

Por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro

R. Aída Hernández Castillo

La comunidad náhuatl de San Andrés Hueyapan, en el estado de Morelos, fue sede el Sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, del 5 al 8 de marzo pasados. Los habitantes de esta pequeña comunidad de seis mil habitantes abrieron sus puertas y sus corazones a unas 300 mujeres indígenas que desde el ártico canadiense hasta la Patagonia chilena cruzaron fronteras geográficas, culturales y lingüísticas para compartir sus historias de lucha y resistencia y buscar estrategias conjuntas para acceder a sus derechos como mujeres e indígenas.

Bajo el lema “Por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Las mujeres indígenas exigimos el respeto y cumplimiento a nuestros derechos”, mujeres de 17 países: dirigentes, intelectuales, artesanas, parteras, médicas tradicionales, guías espirituales, gobernadoras, jefas tribales, jóvenes líderes y hasta ex ministras de Estado, se reunieron a las faldas del Popocatépetl para discutir los retos que el colonialismo, el racismo, la violencia patriarcal y la capitalismo neoliberal han traído a sus vidas y a las de sus pueblos. El encuentro da continuidad a una serie –Quito, 1995; Ciudad de México, 1997; Panamá, 2000; Lima, 2004, y Kahnawake, Quebec, 2007–, en la que se ha fortalecido una red de solidaridades y resistencias que amplía las perspectivas locales de las luchas traspasando fronteras nacionales.

La explanada de la escuela primaria 20 de Noviembre de Hueyapan se llenó de colores y textiles que daban cuenta de la diversidad cultural, nacional y lingüística de las mujeres ahí reunidas. Las discusiones se dieron en los cuatro idiomas coloniales impuestos en el continente: español, inglés, francés y portugués, con ayuda de traductoras improvisadas que permitieron construir puentes entre experiencias aparentemente disímiles pero a la vez muy cercanas: historias de despojos en nombre del progreso; de violación a los derechos humanos, en nombre de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, y de violencia, en nombre de la tradición. Pero también historias de resistencias y pequeños grandes triunfos a partir de la organización colectiva.

La discusión en las mesas de trabajo y en las plenarias dio cuenta del desarrollo político en este movimiento continental que ha perdido el miedo a denunciar la violencia cometida por sus propios compañeros, asumiendo que la construcción de una vida más justa para hombres y mujeres originarios debe de empezar por la casa. Pero a la vez sin olvidar que la violencia hacia las mujeres indígenas no es sólo un problema doméstico, sino que está estrechamente vinculada al racismo y a la violencia colonial y neocolonial ejercida por los Estados-nación y también por el capital trasnacional.

La violación a los derechos humanos que acompaña a la militarización de zonas indígenas de todo el continente fue tema central en varias mesas. La llamada “guerra contra el narcotráfico ha permitido al ejército ocupar territorios indígenas, violando derechos colectivos y territoriales, sin ningún respeto a la consulta previa. Mujeres indígenas mexicanas y colombianas denunciaron los abusos cometidos por militares y demandaron el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el ejército mexicano por la violación de Inés Fernández y Valentina Rosendo. El desplazamiento provocado por la militarización y la paramilitarización, la violencia sexual, las enfermedades psicológicas y espirituales provocadas por el miedo, son también formas de violencia feminicida producto de esta guerra.

El uso de la legalidad para criminalizar a los movimientos indígenas también fue denunciado como una forma común de violencia de Estado y las mujeres mapuches se encargaron de recordar que la llamada ley antiterrorismo fue utilizada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para privar de su libertad a dirigentes mapuches que a la fecha continúan presos. Esta denuncia fue especialmente pertinente considerando que Bachelet es ahora la directora ejecutiva de ONU Mujeres y que había hecho llegar al Encuentro un “saludo solidario” que fue recibido con escepticismo por muchas de las participantes.

Desde el extremo norte, la dirigente inuit de Canadá Elisa Shautiapik, alcaldesa de la ciudad de Iqaluit Nunavut, denunció el impacto que el calentamiento global está teniendo en sus territorios en donde los deshielos han obligado a poblaciones enteras a desplazarse y donde la flora y la fauna se han visto afectadas dejando a cazadores y recolectores sin posibilidades de sobrevivencia. Paralelamente, las trasnacionales mineras se están apropiando de muchos de los recursos naturales de estos pueblos en nombre del progreso. Estas denuncias pusieron en la mesa del debate la necesidad de repensar un modelo de desarrollo extractivista y depredador que está destruyendo la naturaleza con consecuencias especialmente nocivas para los pueblos originarios.

También hubo espacio para compartir logros. Así nos enteramos que en la frontera norte, en la pequeña ranchería texana de El Calabozo, una mujer lipan/apache, Eloísa García Tamez, logró parar la construcción del muro fronterizo que atravesaría las tierras de sus ancestros y separaría aún más al pueblo apache que habita en los dos lados de la frontera. Su hija, Margo Tamez, participante en el Encuentro, habló del cómo esta iniciativa acercó a las mujeres apaches a la realidad de otras indígenas migrantes que sufren la violencia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Entre los logros del evento estuvo también la importante participación de jóvenes indígenas como la peruana Tania Pariona Tarqui o la mexicana Edith Herrera Martínez, que trajeron a la mesa de debate las necesidades específicas de jóvenes y niños. Estos nuevos liderazgos llenaron de esperanzas a las viejas dirigentes que vieron la continuidad de sus luchas en el compromiso de nuevas generaciones convencidas de que sí existen otros futuros posibles para hombres y mujeres indígenas de nuestro continente.

Profesora investigadora del CIESAS

Feminización de la crisis rural y resistencia FOTO: Richard Cisneros Araceli Calderón Cisneros* y Gisela Espinosa Damián** Del 5 al 7 de marzo se reunieron en la Ciudad de México cien mujeres y asesoras rurales del país para reflexionar sobre la crisis alimentaria, el cambio climático, la migración y la falta de equidad de género, temas que la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR) investiga desde 2008 pues, pese a que todo mundo dice que se está feminizando el campo, la voz y los problemas de las mujeres rurales siguen siendo poco visibles para las instituciones de gobierno y aun para las organizaciones indígenas y campesinas. Desde las distintas localidades y estados donde trabaja la RedPAR, es evidente que la situación y posición de las mujeres rurales va de mal en peor: para ellas hay más trabajo, desgaste y problemas en su salud física y emocional. Por eso la Red afirma que se están feminizando los costos de las crisis y propone profundizar en el diagnóstico, compartir experiencias y generar propuestas y acciones que contribuyan a revertir la crisis y a mejorar la posición desventajosa y la vida de las mujeres rurales. Al encuentro vinieron campesinas de 35 organizaciones de 13 estados: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua. Ellas nos recuerdan que la crisis alimentaria se vive cada día, en cada casa, en cada mesa; que las crisis globales también se enfrentan en la cocina, donde, con menos recursos hacen milagros para alimentar a la familia. Nos recuerdan viejos y nuevos trabajos que recaen en su persona: porque el marido migró y hay que atender la parcela, o porque no manda remesas o no pudo pasar al otro lado, y ahora están más endeudadas, porque Oportunidades condiciona la beca a que asistan a pláticas y barran la escuela, o porque el dinero no alcanza y ellas tienen que realizar otros trabajos para tener otro ingreso. A pesar de tanto esfuerzo, comen menos y menos bueno, pues están perdiendo costumbres y alimentos sanos ante la avasallante fuerza de la comida chatarra en sus comunidades, en las escuelas y en la mentalidad de la gente por medio de la televisión y ante la “vista gorda” de autoridades educativas y de comercio. Mujeres de Tabasco y Oaxaca contaron que las inundaciones y el cambio climático reducen la producción; encarecen los alimentos, el agua y las medicinas; destruyen sus viviendas, y ocasionan nuevas enfermedades. Toda la familia sufre, pero a las mujeres les toca curar a los enfermos y alimentar a todos en esas condiciones. Las de Chiapas reclamaron que se reconozca su papel como productoras de alimentos y su derecho al uso, a la propiedad y al usufructo de la tierra como bien familiar, pues la titularidad masculina de las parcelas ha dejado a muchas familias sin patrimonio. Las michoacanas contaron que padecen en extremo la inseguridad y la violencia, incluidas las amenazas de muerte por defender sus bosques. Las de Hidalgo contaron que sus parejas están volviendo del “otro lado”: se esfuman las remesas y además pocos retornados se reincorporan al cultivo pues ya no están dispuestos a trabajar con pérdida o por unos cuantos pesos. Las chihuahuenses dijeron que es riesgoso seguir siendo campesinas, porque la violencia no sólo viene del narco sino de autoridades y fuerzas del orden coludidas con la delincuencia organizada. Para ellas es difícil cultivar, hablar, denunciar y defender sus derechos. La violencia ya no se esconde –dicen mujeres de varios estados–; se muestra abierta, descarada arrancando árboles, impidiendo el cultivo de alimentos, destruyendo procesos organizativos y acabando con muchas vidas. El recuento de problemas no acaba aquí, pero las mujeres no están cruzadas de brazos, resisten de múltiples formas: producen alimentos en la parcela, el traspatio y el huerto, espacios a los que casi no llegan recursos ni programas públicos porque los gobernantes sólo ven a los grandes empresarios y dejan sin apoyo a millones de familias con pequeñas parcelas. Por eso luchan por una política que reconozca el valor de la producción campesina. Ante la “pérdida del amor a la tierra”, ellas se proponen inculcarlo en sus hijos; saben que sólo juntas pueden cambiar las cosas: elaboran y venden artesanías, construyen estufas ahorradoras de leña, cultivan huertos en el traspatio, producen y venden café orgánico, limpian los ríos, reforestan, hacen compostas y terrazas, participan en talleres, difunden sus derechos, luchan por una vida mejor. Vislumbran la alianza con otras organizaciones sociales, pero también exigen atención de instituciones públicas y organizaciones campesinas e indígenas mixtas que casi nunca las oyen. Se comprometen a impulsar un consumo responsable y sano, a ejercer su poder de compra adquiriendo productos locales, a producir para el autoconsumo, a emplear tecnologías limpias. Exigen al gobierno precio justo por sus productos, que regule la publicidad engañosa y promueva productos sanos del país. En suma, demandan que se tome en cuenta a los miles de productoras y productores campesinos para lograr una soberanía alimentaria con justicia de género. *Miembro del Consejo de Coordinación y Representación de la RedPAR y doctorante en Ecosur. **Académica de la UAM-Xochimilco

ILUSTRACIÓN: Códice Borgia

La importancia de la protección legal
de los maíces nativos en Tlaxcala

Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, AC

Los campesinos del Grupo Vicente Guerrero optamos hace tres décadas por el cambio de modelo agrícola, a fin de recuperar autosuficiencia alimentaria y enfrentar el deterioro ambiental. Resolvimos la erosión de los suelos deforestados, recuperamos su fertilidad y reforestamos para recuperar la biodiversidad y la captación de agua.

Poco antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nos percatamos de que teníamos pocas variedades de maíz, pues Conasupo sólo compraba maíz blanco y amarillo; los de color no eran apreciados. Ya en vigor el TLCAN, incluso los blancos y amarillos cayeron en el desinterés de los nuevos compradores; Conasupo desapareció.

En 1998 organizamos la primera feria del maíz, para saber cuántos maíces todavía teníamos en la zona. Los productores mostramos nuestras semillas para conocerlas, observamos los maíces, sus colores y tamaños, y compartimos conocimientos. En la segunda feria llevamos además semillas de frijol, calabaza y chícharos. En 2000, en la tercera feria, escuchamos sobre el maíz transgénico y el riesgo de contaminación de cualquier maíz por la forma en que se reproduce. Fue una nueva preocupación y en septiembre de 2001 nos sorprendimos cuando Greenpeace hizo pública la contaminación de maíces criollos en Oaxaca por transgénicos de Estados Unidos que vendía Diconsa. Iniciamos un trabajo de difusión con los participantes en las ferias.

El mes pasado se celebró la feria 14; nos hemos dado cuenta que un mal clima puede poner en riesgo las cosechas, así que decidimos crear los “fondos comunitarios de semillas”. Cuando hay mal temporal, del fondo se abastecerán de semillas los productores que perdieron sus siembras.

En 2004, acordamos hablar con el gobierno del estado y legisladores para buscar protección de los maíces ante las importaciones de transgénicos. En 2005 se aprobó la Ley Monsanto, que no protege bien a los maíces criollos.

El gobierno no tuvo interés y en 2006 visitamos el Congreso estatal y algunos diputados abrieron la discusión. En 2007 nos propusieron declarar a “Tlaxcala, lugar de origen de maíz” y ponerlo en letras de oro en el Congreso. No nos pareció mal, pero la legislatura se acabó y no se aprobó.

En enero de 2008 inició una nueva legislatura e insistimos en la protección legal. Con investigadores de Tlaxcala y con apoyo del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA), organizamos una reunión con la diputada Ana Lilia Rivera, del PRD, de la comunidad rural de Calpulalpan, quien ha luchado con ejidatarios por la defensa de sus derechos.

Tras meses de trabajo, reuniones con investigadores y con el abogado René Sánchez Galindo, el 9 de octubre de 2008 la diputada presentó una iniciativa de ley para proteger los maíces nativos del estado como patrimonio alimentario. Se aceptó y se turnó a análisis y dictamen a la Comisión de Fomento Agropecuario.

Conocimos mapas de la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), con las razas y variedades de Tlaxcala, que sirvieron para sustentar la propuesta de que Tlaxcala es un centro de origen y diversidad de maíces, con 12 razas y varias decenas de variedades.

Ante el retraso de la discusión provocado por algunos diputados, en diciembre de 2009 convocamos a la Primera Asamblea Estatal por la Defensa del Maíz, a la que asistieron campesinos de 20 municipios y 71 comisariados ejidales. La asamblea acordó conformar una asociación para coordinar la defensa del maíz, una ARIC que ya cuenta con registro notarial. En agosto de 2010 todos reiniciamos la petición de la aprobación de la iniciativa.

El Congreso recibió más de 120 cartas de México y el mundo solicitándole la aprobación de la iniciativa. Acabó 2010 sin aprobación, pero no cesamos la presión.

La iniciativa fue votada el último día de la legislatura, el 13 de enero de 2011, a las cinco de la mañana. Fue una noche interminable, con desarrollo dramático y final feliz.

La Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, para el Estado de Tlaxcala ya entró en vigor, estamos atentos a que gobierno la implemente.

Sabemos de la relevancia de la ley de Tlaxcala en un contexto de más aprobaciones ilegales para liberar maíz transgénico y ante una crisis alimentaria nacional y global que creemos va para largo. Es una contribución en la defensa del maíz, ante la falta de una verdadera ley que lo proteja en todo el país.

Para más información, ver http://www. vicenteguerrero.org.mx y http://www.pidaassa.org/paises/mexico/boletines