¿Biotecnología para pequeños productores?,
el caso de la papaya

Michelle Chauvet y Yolanda Castañeda

La biotecnología consiste en utilizar sistemas biológicos, organismos vivos o algunos de sus derivados para la elaboración de bienes y servicios, es decir, valerse de procesos biológicos para conseguir determinados productos como el queso, el vino y el nixtamal o servicios como remediación de aguas contaminadas. La biotecnología moderna se caracteriza por el uso de técnicas de ingeniería genética o de biología molecular, las cuales pueden modificar la información genética de las plantas y darles las características deseadas. A las semillas que han sido modificadas genéticamente se les denomina transgénicas.

Esta tecnología requiere fuertes inversiones y son grandes empresas las que monopolizan estos cultivos. Compañías como Monsanto, Syngenta, Dow, Pionner, o de la industria alimentaria como Cargill, Archer Daniel Midlands, entre otras, son las que se benefician de esta tecnología.

No obstante, en México se cuenta con avances en biotecnología realizados en centros de investigación y universidades públicas, que trabajan por satisfacer las necesidades de los productores nacionales. Por ejemplo, la doctora Laura Silva Rosales del Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav), Unidad Irapuato, ha desarrollado una semilla de papaya transgénica que es resistente al virus de la mancha anular. Su investigación permitió conocer la presencia de seis variantes del virus, con el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y en un convenio de transferencia con la Universidad de Colima, se hicieron las pruebas de la semilla. México es el principal país exportador de papaya y la virosis es uno de los problemas que afectan a la producción nacional.

En el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), las investigadoras del área de Impactos Sociales de la Biotecnología realizamos una evaluación previa sobre los efectos de esta innovación para saber qué beneficios tendría para el productor. Se recorrieron las principales regiones papayeras y se levantó una encuesta a pequeños productores del municipio de Cotaxlta, Veracruz, por ser el principal estado productor.

Entre los resultados de la evaluación está que, para el gran productor de papaya, el virus puede ser controlado mediante el manejo que se le dé a la huerta, con el retiro de las plantas enfermas, lo que implica la contratación de personal especializado, además del uso de insecticidas para atacar a los insectos, que son los que propagan el virus. Estas prácticas incrementan los costos del cultivo. Las huertas del pequeño productor son más vulnerables a la enfermedad, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para su control, y pueden sufrir grandes pérdidas, de manera tal que sí se verían beneficiados con una semilla transgénica resistente al virus.

El uno de octubre de 2010 el grupo de investigadoras de la UAM-A convocamos a un seminario de reflexión para informar los resultados de la investigación a los productores, a las autoridades competentes y a los investigadores que lograron la semilla.

El informe final presentado por la UAM puntualizó que la investigación realizada por el Cinvestav-I podría dar respuesta a un problema de los productores, pero existen aspectos estructurales que deben solucionarse, entre ellos la falta de apoyos y asesoría suficiente y adecuada, en concreto para los pequeños productores, para hacer viable la introducción de la semilla de papaya resistente al virus. El biólogo Fernando Cárdenas, presidente de Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, AC (Coepapaya) dio a conocer la situación de los agricultores en Colima; destacó cómo en la actualidad el gran productor tiene la capacidad para controlar el virus a través del manejo del cultivo, pero surgen dificultades con la antracnosis (enfermedad provocada por un hongo que afecta el exterior del fruto y origina pérdidas económicas) y la necesidad de lograr mayor vida de anaquel. La doctora Laura Silva del Cinvestav-I presentó un balance del proyecto de papaya transgénica y la perspectiva de una segunda etapa, en donde se realizarían pruebas en diferentes regiones para comprobar el comportamiento de la semilla bajo condiciones diversas.

Los participantes del seminario reconocieron que uno de los problemas por resolverse para liberar una semilla transgénica de papaya se refiere al tema de la bioseguridad, porque al propagarse la simiente existiría el riesgo de afectar a variedades nativas que son escasas, pero con una importancia genética invaluable por su vigor natural y su diversidad, que debe conservarse para mejorar al fruto nativo e híbrido.

Queremos enfatizar que la biotecnología podría contribuir a resolver las demandas de los pequeños productores. Esta experiencia hace relevante involucrar a equipos multidisciplinarios de la academia con los productores, para de manera conjunta buscar soluciones a los problemas nacionales.

Profesoras-investigadoras del Departamento de Sociología de la UAM, Azcapotzalco [email protected], [email protected]

El sistema de CEPCO

Innovación tecnológica para certificación orgánica

Mario F. Melchor Vila

Si quieren ser reconocidas como orgánicas por las entidades certificadoras y contar con un certificado de garantía que permita a los consumidores asegurar que el café ha sido producido bajo leyes o estándares orgánicos, ambientales o criterios sociales y laborales justos, es necesario que las organizaciones campesinas cuenten con un sistema de control interno que permita verificar a cada productor y que haya rastreabilidad de lo producido y comercializado.

Estas exigencias representan una limitante para muchas organizaciones que buscan en los mercados de especialidad una oportunidad para mejorar la economía de sus socios y promover el desarrollo rural en sus localidades.

La industria orgánica nació a partir de un esquema de confianza y seguridad generado entre los productores y consumidores. En Europa surgió la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura (IFOAM), que fue la instancia encargada originalmente de normar, cuidar y vigilar la acreditación de las agencias certificadoras y la participación de los productores.

La demanda de productos sanos y libres de contaminantes creció tanto que en poco tiempo las organizaciones productoras de café vieron una oportunidad en el mercado de orgánicos. Esto ocurrió en los 90s, cuando la caficultura mundial sufría una crisis de precios profunda. Las organizaciones innovaron y adoptaron tecnologías más amigables con el medio ambiente. Para la mayoría de los pequeños productores indígenas o mestizos, esto fue muy fácil debido a su coincidencia con los saberes tradicionales y prácticas culturales aplicadas en sus sistemas productivos.

Todo iba por buen camino, pero luego, bajo el argumento de proteger no sólo a sus productores, sino también a sus consumidores, los países importadores establecieron sus propias leyes, haciendo a un lado el papel de entidad reguladora y representación que en un principio habían desempeñado las organizaciones de productores y consumidores por medio de la IFOAM. Muy pronto los servicios de la certificación se globalizaron y se creó una nueva forma de biocolonialismo, no sólo por el cumplimiento de los estándares, sino por lo costoso del servicio de certificación.

En 2008, la Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca, AC (CEPCO) echó mano de la tecnología y diseñó un sistema de información (SCI) digital diferente al tradicional, el cual es usado por todos los grupos de productores, no sólo de México sino de toda América Latina, para la certificación de sus productos.

El SCI es una certificación al interior del grupo de productores, que permite verificar el cumplimiento de los estándares de certificación solicitados, cuidando que no exista conflicto de interés, que sea profesional y que se apegue a los procedimientos de certificación de cada entidad certificadora.

La actividad de mayor peso en el SCI es realizar las inspecciones internas y evaluar las fichas de inspección interna al cien por ciento de los productores. Esto implica inspeccionar cada parcela para conocer la manera como se está trabajando el cafetal, hacer evaluaciones de riesgo y garantizar la integridad orgánica del producto en cada una de las fases de la etapa productiva, además de sistematizar toda la información que se colecta en campo.

Lo anterior representaba para los técnicos comunitarios de la CEPCO ir a cada parcela con un cuestionario en mano; en época de lluvias la actividad resultaba muy complicada por andar en el campo con muchos documentos en mano.

A lo largo de 11 años de esfuerzos y de búsquedas para poder darle mayor profesionalismo, eficiencia y confiabilidad al SCI, se ha logrado desarrollar una herramienta alternativa empleando la tecnología. Toda la información recabada en campo durante las inspecciones internas se hace con la ayuda de un teléfono celular, el cual tiene una aplicación digital del cuestionario. Así se evita llevar muchos documentos a campo, y además de datos, se obtiene audio, video y fotografía.

Los beneficios obtenidos hasta la fecha son: reducir los costos de inspección interna hasta en 40 por ciento respecto de la forma tradicional; eficiencia en tiempo del levantamiento de la información en campo; menos errores en captura, y menos uso de papel, haciendo el sistema más sustentable.

Este avance ha sido un esfuerzo propio de la organización. La participación de los gobiernos estatal y federal para apoyar este tipo de innovaciones es nula.

Es indudable que sin un marco de políticas públicas adecuadas y de recursos económicos para el fomento productivo, la certificación y la asistencia técnica serían casi imposibles, y que por sí mismas las organizaciones de productores resuelven los aspectos que dificultan sus condiciones en la producción primaria, beneficiado y comercialización del aromático. Haciendo un buen uso de la tecnología, se pueden generar nuevas capacidades, siempre y cuando exista la participación de todos l os actores de la organización social y productiva.

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Crónica de un fracaso anunciado

Jatropha Curcas en Chiapas

Pilar López Sierra

La jatropha curcas es un arbusto que se ha promovido en varios países como una importante fuente de aceite utilizable para producir combustible, pero no destinado a la alimentación humana; se dice que se puede cultivar en tierras marginales con poco uso de agua e insumos, ya que prácticamente no genera plagas. La jatropha entonces se promueve erróneamente como alternativa ante los cuestionamientos de la utilización de granos y oleaginosas para la producción de agrocombustibles en tierras destinadas al cultivo de alimentos o de uso forestal, así como al impacto ecológico negativo que puede generar una plantación intensiva.

El Programa Institucional de la Comisión de Energéticos de Chiapas 2007-2012 estableció originalmente que en este estado los cultivos destinados a la producción de combustibles se extenderían en tierras subutilizadas, que no compitieran con superficie destinada a básicos como el maíz y el frijol. Sin embargo, pronto el gobernador, Juan Sabines, apostó por desincentivar el cultivo de básicos para autoconsumo y promover una reconversión, o “reforestación” que comprende la introducción de perennes, entre ellos la jatropha curcas y la palma de aceite. En el discurso de Sabines, los cultivos de autoconsumo serían desplazados no sólo por ser de bajos rendimientos, sino porque las prácticas tradicionales como la roza y quema son consideradas responsables de la deforestación que presenta el estado

La jatropha entró en el campo chiapaneco a partir de 2007, con un programa de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que consistió en financiar la siembra de este arbusto con siete mil 400 pesos por hectárea en 2009. A los recursos de Conafor se sumaron la dotación de la semilla y/o la planta y un apoyo de mil pesos para pagar la asesoría técnica por parte del gobierno del estado.

Del proyecto Conafor en Chiapas podemos decir que, si bien los recursos otorgados parecen atractivos –sobre todo si consideramos que para buena parte de los productores del estado el Procampo resulta ser su único programa de subsidios para la producción–, en realidad son limitados, pues sólo se garantizan para el establecimiento de la plantación.

Según los cálculos del gobierno, hacia 2010 la jatropha generaría para el productor aproximadamente 16 mil pesos por hectárea al año, de los cuales tendría que destinar alrededor de cinco mil a su mantenimiento. Además, en principio supone la “reconversión” de hectáreas maiceras.

Hacia agosto de 2009 habían ingresado al programa tres mil productores de 23 municipios; el 95 por ciento eran ejidatarios con dos o tres hectáreas sembradas de jatropha y sólo se registraba un productor privado con 300 hectáreas establecidas. Los primeros años de la experiencia resultaron un verdadero fracaso: la decisión oficial de utilizar semilla importada de la India, cuando en la entidad se produce el piñoncillo silvestre en diferentes variedades, provocó que buena parte de la siembra original se perdiera por un ataque de diversas plagas (hormiga arriera, chapulín, babosa, ratas y chinches). Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han concluido que las variedades sembradas en México habían perdido variabilidad genética, al ser utilizadas en modelos agroindustriales adaptados en otras latitudes, y finalmente habían enfrentado con poco éxito a las plagas mexicanas. De ahí que ahora se estén investigando las variedades nacionales adaptadas a diferentes regiones del país. Además, se comenzó a sembrar planta producida en invernaderos y se está buscando lograr una producción más “sustentable”, sembrando la jatropha intercalada con maíz u otros cultivos de la región.

La fallida experiencia chiapaneca demostró que las críticas a los agrocombustibles están más que sustentadas. Si bien la jatropha no es alimento, las tierras utilizadas hasta ahora estaban originalmente destinadas a la producción de alimentos, muchas de ellas quizá a los básicos. Potencialmente está también su expansión a tierras forestales, así sea con las “limitaciones” legales establecidas para las plantaciones comerciales. A esto habría que sumar que la jatropha no se ha promovido necesariamente en regiones secas y marginales, como proclamaban sus virtudes, sino en tierras de mediana y buena fertilidad del trópico húmedo chiapaneco, lo que puede afectar negativamente la diversidad biológica, así como importantes recursos hidráulicos y áreas naturales protegidas. Asimismo, las plagas, y con ellas las cantidades intensivas de plaguicidas, han estado a la orden del día con el piñón.

Frente a las experiencias de países africanos, el único mérito que tiene el experimento chiapaneco es que no ha supuesto el despojo de tierras campesinas. La propia legislación los hace “socios”, por lo menos con 30 por ciento de las ganancias. Destaca la terquedad campesina de aferrarse a las tierras a pesar de los embates del neoliberalismo, que hasta ahora garantiza la permanencia de los piñoneros en sus tierras, aunque no sabemos si a futuro se salven de modelos de agricultura por contrato.

Las cuentas alegres de los gobiernos federal y estatal no han salido en el caso de los agrocombustibles. De un proyecto original que en Chiapas pretendía incorporar hacia el 2012 un total de 60 mil hectáreas de jatropha, en la prensa nacional se habla ahora de la existencia de diez mil hectáreas sembradas, y las cifras de la Secretaría de Agricultura registran 2009 como el primer año de producción de jatropha, con 416 hectáreas sembradas… todas en Yucatán. Cabe ahora preguntarse ¿de dónde se está abasteciendo la materia prima para la planta de Tapachula con que ampulosamente se anunció la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16)?

Investigadora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano [email protected]

Fortalecer tecnológicamente al campo cañero,
prioridad del conadesuca

Lourdes Edith Rudiño

Transcurridos seis años desde que el gobierno de Vicente Fox abrogó el Decreto Cañero, en enero de 2005, y de la aprobación, en marzo de ese mismo año, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (o Ley Cañera, como se le conoce), el nuevo mecanismo de coordinación entre gobierno, productores de caña, industriales azucareros y otros agentes está comenzando a dar resultados.

Además de que en los dos años recientes ha contribuido a que las negociaciones entre cañeros, industriales y Ejecutivo para definir los precios de la caña sean “tersas” a diferencia del pasado –gracias en parte a una tendencia alcista de las cotizaciones internacionales del azúcar–, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca), surgido de la mencionada Ley y establecido formalmente en 2008, está enfocando el grueso de sus baterías a fortalecer la capacidad productiva del campo cañero nacional, presente en 664 mil hectáreas de 15 estados de la República, las cuales abastecen a 57 ingenios.

En entrevista, Rocío Nieves Bermúdez, directora del Conadesuca, explicó que éste ha realizado foros nacionales y regionales desde el año pasado para determinar con precisión las necesidades tecnológicas de esta rama productiva, la cual enfrenta dos retos claves: la renovación de los campos y la adopción de nuevas variedades, pues hoy 80 por ciento de la producción corresponde sólo a dos variedades, a pesar de que en Tapachula, Chiapas, existe un centro de hibridación que se dedica exclusivamente a hacer cruces de semillas de caña (desarrollos que implican 12 años de trabajo de investigación, más seis de validación en los predios específicos), y su labor es muy apreciada por otros países como Colombia.

Una meta fundamental es elevar rendimientos. Explica: “No es que México esté a la zaga (en la comparación internacional), lo que ocurre es que tiene áreas súper desiguales; por ejemplo, Veracruz produce 60 o 70 toneladas por hectárea, mientras Jalisco, Puebla y el centro están en 120”. Veracruz es el principal productor de caña del país con 275 mil hectáreas. En promedio México se movió entre las 65 y 70 toneladas en la primera década del 2000, con los años recientes tendiendo a la baja. Pero de hecho desde los años 80s hay un estancamiento en la productividad por hectárea.

Comenta que el Conadesuca quiere generar resultados productivos a la brevedad, considerando que el aumento del consumo de azúcar en el mundo, de dos por ciento anual, persiste a pesar de los sustitutos de este dulce y para ello el Comité intenta dar orden de forma inteligente a los recursos de que se disponen, en especial a los alrededor de mil millones de pesos de presupuesto de 2011 que tiene la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para inversión, desarrollo de capacidades e innovación en la rama azucarera.

“Cuando llegué al Condesuca, el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac), surgido en 2008, tenía mucho presupuesto gastado pero sin estrategia. Eran como tiros al aire”, con estudios que se habían mandado a hacer, valiosos pero sin aplicación por no haber sido difundidos, o mapas de las parcelas cañeras que estaban mal hechos. Lo que decidió el Comité en un primer foro nacional en 2010 fue definir cuatro grandes líneas prioritarias para el Pronac: campo, fábrica, procesos comerciales y otro tipo de acuerdos. Posteriormente, el Conadesuca decidió “llamar al sector (cañeros e industriales) para que nos digan sus demandas; allí veremos si cazan (con lo que el Comité ha elaborado de diagnósticos en campo y fábrica, ingenio por ingenio y metas del Pronac) y no estemos gastando a lo loco”.

Así en febrero se realizaron foros regionales en Jalisco y Veracruz y los resultados, a partir de consultas con los Comités de Producción y Calidad Cañera (CCPCC) de cada ingenio, fueron que 77 por ciento de los CPCC requieren “apoyos del componente agrícola” (en maquinaria y equipo, infraestructura y/o material vegetativo); asimismo 65 por ciento necesita apoyo en sistemas de riego, y 53 por ciento demanda apoyos para innovación y transferencia, sobre todo para proyectos de investigación en plagas y de investigación en desarrollo y validación de variedades nuevas. Estas demandas deberán ser apoyadas con el recurso de mil millones de la Sagarpa.

Es importante que tales conclusiones hayan sido alcanzadas por los CPCC porque estas instancias son las que organizan la producción en los campos cañeros y su relación con los ingenios, y son los que representan los intereses de los campesinos y los dueños de los ingenios. Se entiende que las peticiones corresponden “a lo que realmente se necesita”. Porque antes ha ocurrido que el uso de los recursos públicos es irracional: se ha dejado guiar por decisiones tales como “vamos a dar tractores, porque viste mucho o porque un amigo vende tractores y entonces los das a 50 por ciento y a los mejor ellos lo venden a 70, o hay recursos para equipo de cosecha, los productores piden el dinero y el equipo no es funcional porque su campo está desnivelado”.

Rocío Nieves afirmó que el Conadesuca está impulsando la creación del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña), otra instancia determinada por la Ley Cañera, la cual, dijo, podría surgir como una asociación civil, y su objetivo será concentrar todo lo que hay de investigación enfocado a la caña (procedente de todo tipo de instancia de investigación y de las experiencias de los propios ingenios), para cruzarlo con las demandas del campo cañero y acelerar los cambios productivos que se requieren.