urante el presente sexenio la instrumentación de la política educativa neoliberal ha avanzado con particular fuerza en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), específicamente en cuanto a la desarticulación de su estructura académica nacional y al deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores.
En 1993, con el Acuerdo para la Modernización de la Educación se realiza el proceso de descentralización administrativa de las unidades de la UPN en todo el país. Proceso que se pretende concluir durante el presente sexenio con la descentralización académica, a través de la conversión jurídica de las unidades nacionales en organismos descentralizados, con lo cual la UPN pierde completamente su carácter nacional.
Sin duda el sentido de la política deseducativa neoliberal es favorecer los negocios en torno a la educación. Lejos de impulsar la sociedad del conocimiento, este enfoque llevado a ultranza nos lleva a la deshumanización y la destrucción de la cultura nacional. Presenciamos el desmantelamiento paulatino del sistema educativo nacional.
En este contexto se inscribe el desconocimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) del proceso de promoción del personal académico a escala nacional desde 2008, convocado por la Comisión Académica Dictaminadora (CAD) de la UPN, tal y como regularmente lo ha hecho desde la fundación de la universidad en cumplimiento del Reglamento interno del personal académico de la UPN.
El proceso de promoción consiste en la evaluación por parte de la CAD de los avances en la formación de los docentes en cuanto a la obtención de grados académicos, considerando la calidad en las actividades de docencia, investigación, gestión, difusión y extensión, con particular énfasis en la producción académica de artículos, libros, material didáctico, etcétera. A partir de una rigurosa revisión de las evidencias presentadas por los profesores, la CAD asigna la categoría correspondiente de acuerdo con el reglamento mencionado.
En abril de 2008 esta comisión otorgó dictámenes favorables de recategorización a más de 1000 académicos del país. Sin embargo, desde esa fecha la SHCP no ha enviado a los estados los recursos necesarios para el pago de la nueva categoría de los académicos, argumentando que no contaba con la normatividad que respaldaba el pago de esa prestación. Aclaremos que se trata de recursos que se han asignado y ejercido de manera regular por lo que resulta inaceptable que se suspenda un derecho que tiene fundamento legal en un reglamento.
El adeudo de las diferencias salariales y de prestaciones a tan amplio número de profesores de la UPN fue materia de acuerdos SEP-SNTE en 2009 y en 2010, mismos que no se han cumplido. En la minuta de acuerdos del SNTE y la SEP de fecha 21 de marzo de 2009, se establece el compromiso de las partes para gestionar dicho pago para su aplicación durante el ciclo 2009-2010. Nuevamente en 2010, en la minuta de acuerdos suscrita por la SEP y el SNTE, en el apartado cuatro, se aborda el compromiso de las partes de atender la recategorización de los académicos de la UPN. Sin embargo estos acuerdos han quedado en letra muerta.
El desconocimiento de los dictámenes emitidos por la CAD desde 2008 significa una grave pérdida de legitimidad de la UPN sin precedentes. Significa el desconocimiento de la función de actualización y formación permanentes de su planta docente, del ejercicio de reconocimiento de los méritos de sus académicos, de sus esfuerzos por mejorar la calidad de su trabajo docente y de investigación.
