La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones han enfrentado en los últimos años alrededor de 2 mil litigios promovidos por operadores del sector en contra de sus decisiones e iniciativas.

Los casos han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en breve tendrá que pronunciarse sobre si las decisiones de la Cofetel en materia de interconexión pueden suspenderse o no, como parte de una de las disputas más recientes y polémicas del negocio.

Especialistas señalaron que la litigiosidad en la industria de las telecomunicaciones es una de las principales razones por las que no hay avances sustanciales en el sector, tanto así que el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, ha propuesto que se instauren tribunales especializados en telecomunicaciones a fin de que los casos se resuelvan con rapidez e impedir que los operadores usen estos recursos para retrasar por años la puesta en marcha de algún proyecto de regulación, la aplicación de alguna multa o sanción, y la efectividad de una licitación, y cualquier otra medida o decisión que no convenga a los intereses de los operadores. El comisionado ha afirmado que en los últimos años el regulador y la SCT han tenido que hacer frente a cerca de 2 mil litigios.

Uno de los ejemplos más notables y recientes del uso del derecho en telecomunicaciones es la licitación 21, en la que Grupo Iusacell interpuso más de 60 recursos entre amparos y solicitudes de suspensión primero en contra del diseño de las bases de licitación, luego contra la licitación en sí, después para impedir que la Cofetel emitiera fallo a favor de la asignación de 30 Mhz de cobertura nacional a Televisa-Nextel a cambio de 180 millones 300 mil pesos; en seguida en contra de que la SCT entregara el título de concesión y luego para que Nextel no pueda ejercer la concesión.

Después de casi un año de que se iniciaron los litigios la alianza Televisa-Nextel se disolvió, con lo que en apariencia Televisa desechó la oportunidad de entrar al negocio de la telefonía móvil; sin embargo, el martes pasado anunció que analiza la conveniencia de aliarse o adquirir Iusacell, su más férreo opositor a que entrara al negocio junto con Nextel.

Otro de los casos más destacados es el de Multivisión (MVS) que desde hace cuatro años ha promovido alrededor de cien litigios para poder seguir explotando la frecuencia de 2.5 gigahercios (Ghz) luego de que el gobierno federal no ha resuelto sobre los 190 megahercios que tiene en concesión, con lo que corre el riesgo de perder el canal 52 de televisión. Asimismo MVS está en la pelea por conseguir que la autoridad le permita seguir la explotación del espectro pero ahora con un proyecto de banda ancha móvil para servicios de tercera y cuarta generación.

En el sector de las telecomunicaciones todo es susceptible de llegar a tribunales, ya sea una acción del gobierno o una de los propios operadores, quienes han recurrido a amparos o a cualquier otro recurso legal por temas como el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTFII), la consolidación de Áreas de Servicio Local, las tarifas fijadas por Cofetel en materia de interconexión para dirimir desacuerdos entre particulares, entre otros.

Los operadores también dan la batalla no sólo en tribunales sino ante los propios reguladores. La Comisión Federal de Competencia tiene por resolver por lo menos cuatro investigaciones en contra de Telcel y Telmex por presuntas prácticas monopólicas en mercados relevantes.

Este mismo órgano regulador recibió hace aproximadamente un mes una denuncia del bloque opositor a Telmex y Telcel, encabezado por Televisa y Tv Azteca, por presuntas prácticas monopólicas en las que también involucraron a Telefónica Movistar. Asimismo Telmex denunció a Televisa y Tv Azteca por controlar la venta de espacios publicitarios.

Ante la Cofetel Tv Azteca ha presentado dos denuncias en contra de Telcel en la última semana. Una por discriminación, otra por negar la portabilidad numérica y hay por los menos seis denuncias más en camino. En respuesta Telcel demandó a Iusacell por tener deudas con el gobierno federal por mil 465 millones de pesos por concepto de aprovechamientos y derechos.