El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó ayer la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma que establece los requisitos de ingreso y permanencia para los altos mandos y agentes miembros de la Policía Federal (PF), ya que admite únicamente a mexicanos por nacimiento y cierra la puerta a los ciudadanos naturalizados.

El proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Sergio Valls, plantea que la disposición es discriminatoria para aquellos mexicanos por naturalización que cumplieron con una serie de requisitos que no son menores, pues implican la renuncia a la nacionalidad que detentaban, y a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a diversos artículos de las leyes de la Policía Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), en las que propone invalidar el diseño actual de las llamadas operaciones encubiertas contra el crimen organizado, y que faculta a la autoridad a dar de baja a los agentes que no sean ascendidos después de participar en tres procesos de promoción.

En la sesión de ayer, los ministros iniciaron el análisis de los artículos que exigen ser mexicano por nacimiento y que no tengan otra nacionalidad a los que ocupen el cargo de comisionado general de la Policía Federal, agentes de investigación y de reacción, peritos, ministerios públicos, así como los subprocuradores, oficial mayor y visitador general de la PGR.

Valls argumentó que el hecho de que se trate de cargos relacionados con la seguridad pública o la procuración de justicia, no puede llevar al extremo de que se considere por esa circunstancia a los mexicanos por naturalización como no aptos o no idóneos para ocuparlos.

De avalar esa postura, subrayó el ministro, el acceso a cargos públicos a los mexicanos por naturalización siempre quedará sometido o sujeto a una presunción de no confiabilidad, de deslealtad, dejándole sólo abierto el acceso a cargos públicos que, a juicio del legislador ordinario, sí sean confiables para desempeñarlos.

Insistió en que la Constitución es muy clara en señalar qué cargos públicos están reservados a los mexicanos por nacimiento, como es el caso del Presidente de la República y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros.

Deplorable diferenciación, considera Arturo Zaldívar

El ministro Arturo Zaldívar calificó de deplorable en la escena internacional que nuestra Constitución prevea diferenciaciones por razón de nacimiento de ciudadanos mexicanos. En ese contexto, dijo, el Congreso de la Unión no debe aprobar leyes secundarias discriminatorias.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan N. Silva Meza, consideró que la nacionalidad es un derecho fundamental, y así se ha reconocido en el artículo 15 de la Ley Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben la discriminación a los ciudadanos naturalizados.

La discusión del asunto continuará el próximo jueves en el máximo tribunal.