Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que buscan desmantelar una red interna de altos funcionarios que incurrieron en actos de corrupción, arrojaron nuevos resultados: Mario Estuardo Bermúdez, director general de Control de Procesos Federales; Bernardo Espino, coordinador general de Delegaciones; Carlos Hernández Azuara, titular de la Unidad de Consignaciones, y Francisco Trejo Antonio, responsable de la unidad antipiratería, no pasaron los exámenes de control de confianza, por lo que en las próximas horas deberán ser destituidos de sus cargos, revelaron fuentes gubernamentales.

El pasado viernes, en una sesión privada en la que se revisaron los exámenes realizados a los cuatro funcionarios sujetos a investigación, integrantes del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR resolvieron que los servidores públicos no aprobaron las evaluaciones que les fueron practicadas en marzo pasado.

La ley orgánica de la PGR señala que aquellos funcionarios que no acrediten los exámenes de control de confianza quedarán impedidos para continuar al frente de sus cargos.

Además, los servidores públicos consultados por La Jornada añadieron que Jesús Isaías Silva, director general adjunto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Órgano Interno de Control (OIC) –organismo dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP)–, por estar vinculado en presuntos actos de corrupción.

Las fuentes gubernamentales indicaron que este escándalo de corrupción dentro del círculo cercano de funcionarios de Arturo Chávez Chávez, ex titular de la dependencia, provocó enorme molestia en la maestra Maricela Morales, quien está a la espera de ser ratificada por el Senado de la República como nueva titular de la PGR, para hacer cambios importantes en la plantilla de fiscales y subprocuradores.

Según los informantes, la ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada tiene previsto colocar en puestos clave a militares en retiro y abogados penalistas cercanos al general Rafael Macedo de la Concha, quien durante su cargo como procurador general de la República (2000-2005) impulsó la carrera como fiscal de Marisela Morales.

En ese contexto, la propuesta de la funcionaria para ocupar la PGR ha generado reacciones positivas dentro de la cúpula de generales del Ejército, que han sugerido a Morales que despida de inmediato a todos los funcionarios que no pasen los exámenes de control de confianza.

El pasado 24 de marzo, este diario publicó que la visitaduría de la PGR investiga al subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel, así como a varios jefes de unidades especiales y directivos de diversas áreas de esa dependencia, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones.

Entre los actos ilícitos por los que se investiga a los fiscales de la dependencia destaca la adquisición de propiedades con dinero del erario (peculado y enriquecimiento ilícito), recibir fuertes sumas a cambio de no ejercitar acción penal en averiguaciones previas abiertas contra servidores públicos federales (cohecho y extorsión), además de proporcionar información confidencial a despachos de abogados penalistas que litigan asuntos fiscales.

También se les investiga por haber realizado robo hormiga de toneladas de papel y de los dispositivos conocidos como no breaks, y por el uso de vehículos oficiales para el servicio de sus familiares.

Un día después de la publicación de este diario sobre las pesquisas internas de la PGR, esa dependencia confirmó, en un comunicado de prensa, que todas las áreas de la institución están bajo investigación.

Hasta el momento, como parte de las pesquisas internas, ya fueron destituidos de sus cargos Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, y Juan Carlos Rincón, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, pues tampoco pasaron los exámenes de control de confianza.