Monterrey, NL, 2 de abril. La reforma laboral impulsada por PAN y PRI será un duro golpe para la clase trabajadora al facilitar el despido, malbaratar su mano de obra y para la sociedad, con la generación de más inequidad, explotación y violencia, afirmó el abogado laboralista Óscar Alzaga Sánchez.

Dijo que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) es una traición del PRI a sus propias organizaciones sindicales como CTM y CROC, porque si bien no toca el control sindical corporativo al legalizar la subcontratación (outsourcing) fragmentará más a las organizaciones porque podrán existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo, con diferentes condiciones laborales.

Aseveró que la propuesta atenta contra la estabilidad en el empleo, pues los trabajadores sin planta pierden casi todos sus derechos. Con esta reforma se sustituyen contratos de planta por eventuales para que los trabajadores no acumulen antigüedad.

Añadió que actualmente sólo se puede despedir a un empleado por excepción, si hay causa justificada, pues de no haberla procede indemnización o reinstalación a elección del trabajador. Con el proyecto se agregan causales al cese, pues bastará que el empleador diga que el trabajador le faltó al respeto.

Si el trabajador debe ser notificado por escrito por el patrón, basta que la Junta Federal lo haga, y si en promedio tarda de tres a cuatro meses para notificar, vencería el plazo de 60 días que el obrero o empleado tiene para demandar el despido injustificado, explicó. Si procede la demanda y logra ganar el caso, con la ley actual tendría derecho a salarios caídos por todo el tiempo transcurrido, mientras con la reforma sólo procedería hasta por un año, finalizó.

Asirse a instrumentos internacionales, una opción

Representantes de organizaciones sindicales alertaron sobre las afectaciones a la clase trabajadora, particularmente a las empleadas del hogar, de aprobarse las propuestas de reforma laboral que se discuten actualmente.

Durante el foro Trabajo digno para las trabajadoras del hogar, Edith Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y quien acudió en representación de Rosario Ortiz Magallón, de la Unión Nacional de Trabajadores, advirtió que instituciones de gobierno y cámaras patronales nos quieren hacer creer en los beneficios de la reforma, cuando es un riesgo que sea aprobada, toda vez que se trata de una propuesta regresiva.

Dijo que ante la falta de legislación en la materia, el recurso es asirse a instrumentos internacionales que velan por los derechos de empleadas, de ahí la urgencia de que se apruebe en la próxima conferencia de la Organización Internacional del Trabajo la firma del convenio y recomendación en favor de los empleados del hogar.

Ramírez apuntó que si existe un instrumento internacional éste tendría una obligatoriedad superior a la Ley Federal de Trabajo. De existir, nuestro gobierno estaría obligado a homologar la legislación nacional con la internacional, dijo.

Thomas Wising, director adjunto de la oficina de México y Cuba de la OIT, explicó a las representantes de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), organizadora del foro, los detalles del anteproyecto del convenio que se discutirá en junio próximo en Ginebra, Suiza, cuyo propósito es impulsar medidas efectivas a fin de que, a partir de lo establecido en estos instrumentos internacionales, se armonicen las leyes federales y estatales a más tardar 12 meses después de clausurada la conferencia internacional.

Destacó que dicho convenio establece por primera vez que se defina como trabajadores del hogar a quienes realizan tareas domésticas en una relación laboral, lo que implica que hay un patrón, el cual no está reconocido formalmente hasta ahora. Así, se abriría la puerta a la organización sindical, por ejemplo.

De acuerdo con cifras recientes de la Conlactraho, en América Latina una de cada 10 mujeres en esa ocupación cuenta con protección en salud y/o pensiones. Chile reportó la cobertura más alta, con 40.7 por ciento, y en México el índice sólo alcanza 1.5 por ciento.