Activistas y habitantes que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, acordaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación la instalación de tres mesas de diálogo a partir del próximo martes, así como el retiro, a las 16 horas de ese día, del plantón que mantienen los lugareños en la zona de obras desde el pasado 28 de marzo.

Lo anterior fue pactado en la mesa de acuerdo realizada entre ambas partes en Temacapulín, uno de los tres poblados que de concretarse el proyecto quedarían inundados, como muestra de buena voluntad y aportación al diálogo que por fin se dio. También quedó establecido que se retirararán todos los cargos y denuncias contra los manifestantes.

Guadalupe Espinoza Sauceda, del equipo de abogados representantes de los inconformes, informó que tras una larga reunión se decidió iniciar el martes la primera de tres mesas de diálogo, en la cual se tratará todo lo referente a la legalidad y legitimidad del proyecto, mesa que se realizará en Temacapulín.

El miércoles 5 de abril habrá una segunda mesa, en Guadalajara, en sede por precisar, en la cual las partes tratarán el tema de la sustentabilidad de la presa conforme a los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas.

Para el 13 de abril, también en Temacapulín, se abrirá una tercera mesa que tendrá carácter resolutivo y en la que se decidirá sobre las alternativas que existen para el proyecto.

Demandan participación de José Luis Luege

En el ínter del desarrollo de las mesas, las partes también acordaron una propuesta para reunirse con José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

En el curso del día diversas organizaciones sociales y ambientalistas demandaron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades del más alto nivel –la cual empezó a acordarse ayer mismo– para resolver el conflicto.

En conferencia de prensa, María González Valencia, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, hizo un breve recuento de la lucha que han emprendido las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para echar abajo la mencionada iniciativa.

Como se ha informado en este diario, el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato anunciaron hace cinco años la construcción de una presa en la mencionada región, con el fin de proveer de agua potable a las ciudades de Guadalajara y León, aunque también se menciona que el verdadero propósito es dotar del líquido al complejo industrial de Puerto Seco, en Silao.

Luego de denunciar las irregularidades del proyecto, los inconformes lograron que el juzgado primero de distrito ordenara la suspensión de las obras, que ya tienen un 20 por ciento de avance.

Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 35/2009, en la que considera que la presa violaría las garantías de los tres pueblos, y dañaría el medio ambiente.

A pesar de ello, el gobierno federal no ha acatado dichas resoluciones, por lo que el pasado 28 de marzo los pobladores tomaron de forma pacífica las obras, con el apoyo del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

La respuesta de las autoridades ha sido la criminalización de la lucha, ya que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco envió elementos a vigilar de forma constante el plantón, y ha advertido que sigue latente la posibilidad de levantar acusaciones contra quien corresponda por las manifestaciones contra la presa, lamentó González.

Rechazo definitivo de pobladores

Por su parte, Emma Juárez, del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, expresó que las comunidades están abiertas al diálogo y a estudiar opciones para resolver el conflicto, pero advirtió que el rechazo a El Zapotillo es definitivo.

Este viernes creció el apoyo solidario de organizaciones ciudadanas y ambientalistas locales, nacionales y extranjeras, y en diferentes desplegados se contabilizó al menos a 200 organismos que piden la cancelación del proyecto.

En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los desplazamientos forzosos que en muchos países de la región están ocurriendo como consecuencia de la construcción de megarrepresas y la explotación de recursos naturales.

En el Congreso de la Unión, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó a la Junta de Coordinación Política considerar el desplazamiento de un grupo de trabajo al estado de Jalisco luego de que los diputados jaliscienses Salvador Caro Cabrera y Enrique Ibarra Pedroza señalaran que pobladores de Temacapulín están siendo criminalizados falsamente por funcionarios estatales por posesión de armas al reclamar éstos que se haga valer la sentencia del tribunal federal que ordena la suspensión de la construcción de la presa.